En 2000 el gasto público consolidado representaba el 27.4% del PBI, según una reciente medición del Iaraf, un instituto que se dedica al seguimiento del gasto y los recursos fiscales correspondientes a los tres niveles de gobierno. Puesto que en aquel año la economía argentina experimentaba recesión con deflación, vale la pena aclarar que el gasto público en 1999, cuando Menem entregó el poder a De la Rúa, era incluso menor que dicho nivel.

(La medición de Iaraf surge de dividir el gasto en moneda corriente por el PBI en igual moneda. Como el PBI, que es el denominador del cociente, caía por la recesión con deflación, aumentaba el gasto así expresado.)

La gran devaluación de 2002 redujo un poco el gasto consolidado, sobre todo por la caída del gasto provincial. En 2003 se inició una etapa de sostenido aumento, con parecido ritmo en la Nación, las Provincias y los Municipios, hasta más o menos igualar en 2006 los niveles de principios de la década. Pero entre 2007 y el año en curso el gasto ha aumentado más rápidamente en los tres niveles de gobierno. Las erogaciones municipales han aumentado casi un punto del PBI (de 2.8 puntos a 3.6, un 29%), las provinciales, casi 2 puntos del PBI (un 25%) y los nacionales, casi 11 puntos (un 92%). En síntesis, el gasto ha aumentado peligrosamente a nivel sub-nacional y escandalosamente a nivel nacional.

El 67% del aumento del gasto está explicado por los subsidios a la energía eléctrica, al gas y al transporte ferroviario, en primer lugar, y los mayores pagos a jubilados (aumentó masivamente la cantidad de jubilados, sin aportes previos al sistema) y un fuerte aumento del empleo público, en segundo lugar.

El gasto público registra un récord histórico. Puede ser incluso más alto que en la década de 1980, cuando todos los servicios públicos, incluida la telefonía, el gas y la electricidad, eran provistos por empresas estatales. Para financiarlo, el gobierno kirchnerista ha revivido el impuesto inflacionario, abusa del impuesto a las ganancias, prolonga el impuesto al cheque (creado en la emergencia de 2001) y las retenciones parecen haberse vuelto un gravamen permanente.

La presión tributaria sobre quienes pagan impuestos es asfixiante, la ineficiencia del gasto es alarmante y la corrupción en el manejo de los fondos públicos parece evidente. Si a lo dicho se agrega que el gobierno nacional tiene serias dificultades para colocar deuda en el mercado de bonos y que la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal es la causa de una inflación de 30% anual, se apreciará que el tamaño del gasto público es la clave del problema económico argentino de corto plazo. Quiero decir que es la causa del cepo cambiario, el bloqueo de importaciones, exportaciones y giro de dividendos al exterior, además de la ya mencionada inflación y sus consecuencias en materia de discusiones de salariales, huelgas y piquetes.

Hasta el aumento de los precios de las materias primas de exportación, se afirmaba que un gasto público consolidado superior a 26% del PBI no era consistente con la estabilidad, es decir, con un estado de paz financiera y social. Yo no sé en cuántos puntos del PBI se habría elevado el límite a raíz de la suba de los precios de las materias primas. Si el aumento de los precios fuera permanente, podría arriesgarse que el nuevo límite ronda 30 y tantos puntos del producto. Pero jamás los casi 45 actuales (42.5 por gasto primario + el servicio de la deuda).

(Este post es una actualización de otro que publiqué en abril de 2011, sobre una serie más larga de FIEL.)

Fuente: www.jorgeavilaopina.com