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EPT | September 25, 2020

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Jueves 13 de septiembre de 2007

La política del pacto corporativo

El “pacto social” que propone Cristina Fernández de Kirchner es, en realidad, un acuerdo corporativista entre sindicatos, funcionarios del Estado y algunos empresarios. Bajo esos términos, el resultado no será positivo.

El intervencionismo desplegado por el gobierno de Néstor Kirchner ha fracasado estruendosamente y, por eso, la pareja gobernante va a intentar un nuevo experimento de política económica.

En la reunión celebrada en IDEA el 4 de septiembre, la candidata oficialista advirtió al auditorio que impondrá la idea del “pacto social”, reiteradamente ensayado entre nosotros y concluido siempre con estridentes desastres.

Cristina Fernández de Kirchner señaló que esta vez “el pacto social será un acuerdo entre sindicatos y corporaciones patronales, con metas físicas cuantificables y objetivos concretos sobre el PBI, la inversión, el superávit fiscal y la recaudación”. Se abstuvo cuidadosamente de decir algo sobre la apertura al mundo, no mencionó para nada la seguridad jurídica en los contratos privados y mucho menos se explayó sobre el gasto público. Con referencia a este último tema, lo único que prometió fue “sostener un superávit presupuestario del 3,15 % del PBI”, como si este coeficiente fuera la dosis milimétrica de una droga.

El inusual énfasis que la candidata puso sobre el pacto social señala una cuestión muy importante.

Fracaso del intervencionismo parcial

Esa cuestión es que el gobierno se ha dado cuenta de que, al fracasar la política de dirección centralizada en aspectos parciales del proceso económico, deben intentar otra estrategia distinta si las urnas les son favorables.

El intervencionismo parcial puesto en práctica durante cuatro años y medio no ha funcionado en ninguna de las cuestiones encomendadas a distintos funcionarios, a pesar de cada uno de ellos actuó como auténtico comisario político. Tales funcionarios no hicieron más que acumular fracasos y desaciertos.

Guillermo Moreno, en la degradación del INDEC, la adulteración de las estadísticas de precios, la escasez del gas oil y la destrucción del mercado de hacienda; Romina Piccolotti, en el desprestigiado plan de saneamiento que la misma Corte de Justicia calificó de chapucero y la arbitraria clausura de la destilería de Dock Sur; Ricardo Jaime, en el escandaloso reparto de subsidios para los sistemas de transportes; Fulvio Madaro, en el bochornoso caso de sobreprecios para la instalación de plantas de gas; y Felisa Micelli, en el grotesco caso de la bolsa en el cuarto de baño o el frustrado intento de pagar una deuda cuestionada sin compensar créditos.

Dentro de la dialéctica progresista en que se mueve el equipo gobernante, podría suponerse que intentarían un salto cualitativo hacia el control total de la economía mediante la estatización de empresas o la imposición de un plan quinquenal que determine qué va a producirse, de dónde se obtendrán los insumos, cuánto se producirá, a quiénes se venderán y a qué precio.

Pero no se han animado a dar este salto de profunda raigambre hegeliana.

Y no lo han hecho porque se percatan que no es fácil dirigir multitudes de trabajadores que trabajan en millones de empresas de todo tipo, sobre todo porque si asumen la responsabilidad de la dirección centralizada del proceso económico tendrían que hacer algo que les aterra sobremanera: sacar la cara y asumir las consecuencias del propio fracaso.

Entonces, la gestión kirchnerista se ha planteado nuevamente la cuestión de la dirección del proceso económico, de un modo completamente nuevo. Es lo que llaman la continuidad en el cambio.

Temor al intervencionismo total

Dirigir una economía doméstica como la de la provincia de Santa Cruz era tarea sencilla, pero dirigir un país entero, cuyo proceso económico está unido con otros países, es una labor que adquiere dimensiones colosales.

En una economía con la complejidad estructural de Argentina, hay que resolver en cada instante miles de problemas de coordinación para que el proceso económico no se paralice.

Cuando en un país de 40 millones de habitantes es necesario distribuir diariamente millones de toneladas de insumos a diversas industrias, millones de productos a una multitud de comercios y hay que satisfacer las necesidades cotidianas de millones de hogares, se plantean interrogantes que no son fáciles de resolver y menos aún si no se está habilitado para hacerlo.

¿Qué cantidades debe recibir la industria siderúrgica, la automotriz, las laminadoras, la industria textil, la industria del caucho, los molinos harineros, los fabricantes de electrodomésticos, los supermercados y los pequeños comercios de barrio? ¿En qué empresas repartirlo? ¿Para qué fines de producción? ¿Qué tipo de hogares existen? ¿Cuándo hay que suministrar los bienes que necesitan? ¿A qué precio? ¿Alcanzará este precio para comprar insumos y mantener la producción?

En un sistema de control estatal absoluto, estas decisiones deben adoptarse todos los días y en miles de lugares distintos, porque afectan a una muchedumbre de personas que se mueven y actúan constantemente. Y además, ¿cómo se coordinarán estas decisiones para que no se contradigan? porque simultáneamente deben ser adoptadas por distintos jerarcas que no se ponen de acuerdo y recelan entre sí.

La trampa del pacto social

Por eso la pareja gobernante ha huido del salto cualitativo hacia el control total de la economía y ha optado por un desvío que denominan: política del Pacto Social.

El Pacto Social es un acuerdo entre bambalinas, concebido, dirigido y aprovechado por un puñado de dirigentes gremiales, representantes de las corporaciones patronales y funcionarios del Estado.

El notable economista alemán Ernst Wagemann, nacido en Chile en 1884 y fallecido en Bonn, Alemania 1956, director del ultra famoso “Institut für Konjunkturforschung” de Berlín, analizó minuciosamente el fenómeno de la política económica del orden corporativo. Así dejó escritas sus observaciones: “el régimen que termina implantándose como consecuencia del Pacto Social no tiene retorno porque trata de organizar la economía lucrativa con intervención del gobierno para erigir un Estado de empresarios-aliados a fin de que la economía nacional quede en manos de una oligarquía compuesta por grandes Confederaciones sindicales y enormes Corporaciones patronales”.

Cuando la construcción de este sistema avance en el tiempo, nos encontraremos nada más y nada menos con el estado corporativo del régimen fascista que proclamaba: “Todo en el Estado, nadie en contra del Estado y nada afuera del Estado”.

Razones del fracaso del orden corporativo

Las experiencias históricas de la política del Pacto Corporativo en Alemania, con la hegemonía del partido nacionalsocialista; en Italia, bajo el régimen fascista; en Portugal, con el dominio del Estado novo y en España, a través del modelo nacionalsindicalista, demostraron que bajo el paragüas del Pacto Social se desarrollaban órganos paraestatales, con formas monopólicas en los cuales los dirigentes sindicales terminaban formando una asociación lucrativa ilícita con los dirigentes empresariales para repartirse ventajas y privilegios a costa de quienes pagan impuestos.

Dentro de estos órganos paraestatales, surgían grupos de poder que imponían su interés privado a los demás participantes porque conseguían el respaldo del gobierno traducido en una legislación que convertía los actos económicos privados en actos sometidos al derecho público administrativo.

En todas las experiencias donde se ensayó este sistema del Pacto Social o Corporativo pudo apreciarse claramente que las confederaciones sindicales y patronales no actuaban como potencias ordenadoras de la economía. Ninguna de ellas tenía interés en establecer un orden económico opuesto a los intereses directos e inmediatos de las empresas o de los sindicatos que representaban.

Para este conglomerado de integrantes del Pacto Social o Corporativo, los enemigos execrables que deben combatirse hasta su exterminio son dos: la libre competencia y la apertura económica que pone en peligro la intangibilidad del statu quo.

En definitiva, salvo la poderosa presencia de un Führer, un Duce, un Caudillo, o un Lider, el sistema del Pacto Social o Corporativo no puede conseguir estabilidad ni equilibrio social, porque el centro de gravedad de todas las decisiones ya no es más el bienestar general sino cruda y claramente la ventaja de cada grupo.

El encuadramiento, una horrible palabreja que comienza a utilizarse después de establecido el Pacto Social o Corporativo, significa que la sociedad se agrupa bajo bandos distintos, todos los cuales luchan entre sí para lograr mayores ventajas, porque eso prestigia a los dirigentes. El encuadramiento es una estructuración corporativa de individuos que se convierten en una masa indiferenciada, firmemente sometida al Estado y al poder de las cúpulas corporativas.

Lo peor de esta lucha de grupos contra grupos, es que los entes colectivos del Pacto Social carecen de conciencia. La experiencia histórica ha demostrado que los mayores desengaños aparecen precisamente donde se ponían las mayores esperanzas. Se pensaba ayudar al individuo, pero se lo ha transformado en un insecto. Todos terminan encuadrados en una facción, desarraigados de su puesto natural. Las personas pertenecen originariamente a una familia, a un vecindario, a un núcleo de amigos, a una empresa, a una congregación religiosa, a una institución cultural, en las cuales se manifiestan de manera libre y espontánea, sin coacciones.

En cambio, en el orden corporativo del Pacto Social, las personas se transforman en sujetos sometidos a órdenes que vienen de arriba sin posibilidad de autonomía alguna.

Al cabo de un tiempo, el Pacto Social o Corporativo, delinea una sociedad en crisis, que tiene un carácter diferente del que suponían sus defensores. En lugar del orden social, se termina creando el caos entre bandas enfrentadas para llevarse cada una la mejor presa.

Se instaura un orden social inestable, que a la menor dificultad que se presenta, estalla en mil pedazos.

Sugerencias a la candidata conyugal

Por lo tanto, si la candidata conyugal pretende seguir adelante con la idea de forzar un Pacto Social que sirva para la unidad de todos los argentinos, no tiene que inventar nada.

Nuestro Pacto Social -histórico y actual- es el Preámbulo de la Constitución redactado por el máximo pensador público que hemos tenido los argentinos: Juan Bautista Alberdi. Ese Pacto Social sirvió para organizar la Confederación y luego la Nación Argentina cuando se incorporó la provincia de Buenos Aires.

Ese pacto sagrado nos propone “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, nuestra posteridad y todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.


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