El 30 de junio pasado, desde estas mismas columnas, mi amigo Sócrates informó (clickear para ir a la nota) que Tabaré Vázquez, al asumir la presidencia de la Banda Oriental y cuando todavía resonaba el candombe celebratorio, suscribió y sancionó un decreto que prohibía en el Uruguay el empleo de la fuerza pública para desalojar propiedades “tomadas” por “gremialistas” o por quienes así “protestan” con connotaciones laborales.

Dijo entonces Sócrates que esa norma lastimaba al derecho de propiedad, que quedaba “severamente restringido”.

Tenía razón. Desde hace unos días, un agresivo grupo de siete personas se ha “estacionado” en el jardín de un chalet, en Punta del Este. La dueña de casa (que nada tiene que ver con ellos) no puede desalojarlos. Frente a las cámaras de la televisión, los “ocupantes” dicen que si ella les paga dos mil dólares a cada uno “arreglarán”, mientras le sugieren a la preocupada y sorprendida señora que “dé la cara”. La policía no puede actuar. Como si, por decreto, se hubieran modificado el Código Penal y la Constitución uruguayos, para legitimar la extorsión. Increíble.

Esto es absurdo y pronto advertiremos que castiga (duro) al valor de las propiedades inmuebles en el privilegiado balneario oriental. No podía ser de otra manera. © www.economiaparatodos.com.ar