Las últimas maniobras políticas del Gobierno, en afanosa búsqueda de la suma del poder público, han tenido la virtud de poner sobre el candelero algunas cuestiones fundamentales para la vida de los argentinos.

A todas luces es evidente que el presidente de la Nación pretende acumular tantas facultades como pueda hasta lograr el poder total. Pero no es tan claro saber para qué las quiere, es decir cuál es el propósito que persigue al hacer tales cosas.

Sin embargo, y planteado de otra manera, el peculiar y compulsivo estilo de Néstor Kirchner y su esposa ha abierto un debate que resulta inesperado para ellos mismos.

¿Qué es esto que llamamos el Estado argentino? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Dónde están sus límites? ¿Cómo podemos impedir que el Gobierno ponga en peligro nuestra vida, nuestro honor o nuestra fortuna? ¿Hasta dónde estamos obligados a obedecerle? ¿Admiten que están cambiando nuestra forma democrática de gobierno –que es republicana y federal– por un régimen de monarquía absolutista?

Para el caso en que se siga llevando a cabo esta transformación institucional, sin nuestro consentimiento y violando la Constitución, ¿debemos seguir pagando impuestos y más impuestos para permitirla? ¿No estaremos legalmente habilitados a usar del derecho de resistencia civil que nos acuerda el artículo 36 de la Constitución, contra “los gobernantes que ejecutaren actos contrarios al orden institucional y el sistema democrático”?

Hasta ahora la campana que tañe el Presidente parece decirnos: ¡Quiero que mi voluntad sea omnímoda y que mis deseos sean ley porque yo soy el Estado y la opinión de la prensa o de los opositores me importa un rábano!

También tenemos que oír la otra campana. ¿Acaso el pueblo piensa en estas cosas? ¿Se da cuenta cabal de que estamos ingresando en un sendero tenebroso? ¿O está satisfecho con una reactivación económica que le ha permitido sacar la cabeza del agua y gastar más de lo habitual? ¿Sólo le conforma disponer de dinero en el bolsillo para construir una residencia en un country cerrado, comprarse una 4×4 y poder escaparse a los lugares turísticos los fines de semana largos?

Exceso de poder

Cuando el poder y la competencia del Estado exceden las facultades necesarias para conseguir el bien común de toda la sociedad, se plantea el tema candente e imprescindible de poner límites a un poder desaforado y fuera de control.

Las facultades necesarias no tienen el sentido de enajenar las libertades y garantías individuales, sino permitir el ejercicio de las tres funciones básicas de todo gobierno:
a) brindar al pueblo la protección del orden jurídico, para que ningún presidente o Parlamento se coloque por encima del derecho y pueda oprimirlo,
b) asegurar el bienestar para todos y no sólo para una minoría adicta,
c) proteger los derechos individuales y de las pequeñas comunidades respetando el principio de subsidiariedad que permite practicar la auto-responsabilidad para cumplir con las tareas esenciales de la vida de cada uno.

Las cosas son así, no sólo para el actual presidente sino para todos los que vengan detrás de él. Porque el actual primer mandatario podrá tener las mejores intenciones del mundo, pero la concentración de poder que está buscando es malsana y sobrevivirá peligrosamente a su mandato. El también deberá contar con la brevedad de la vida humana.

Dentro de unos años alguien –hoy desconocido y agazapado– tendrá la oportunidad de utilizar estos mismos poderes pero con designios que ignoramos. Por eso debemos curarnos en salud, porque así nacieron y fueron acunadas todas las tiranías del mundo.

Temas ineludibles

Para resolver las cuestiones que la propia ofuscación presidencial nos está creando es absolutamente preciso resolver dos temas ineludibles.

El primero consiste en crear un Poder Legislativo que esté por encima del presidente y de los diputados para que ellos no se dediquen a coaccionar a los demás ciudadanos sino que también estén sometidos a las leyes. Ese Poder Legislativo superior debiera adjudicarse a un nuevo Senado de la Nación, integrado de manera diferente a la actual, por representantes de la opinión general y no por delegados de partidos políticos. Tal Senado debiera formarse con los mejores hombres de las generaciones mayores a 50 años de edad. El cargo tendría que extenderse durante un período de entre 10 y 15 años, sin posibilidad alguna de reelección. Hasta podría pensarse que fueran votados sólo por aquella parte experimentada de la población que ya ha cumplido los 50 años.

La función única y dominante del nuevo Senado consistiría en sancionar leyes básicas o leyes de orden público superior, que obliguen al presidente, a los ministros, a los legisladores y a los jueces con normas generales de recta conducta, aplicables a todos ellos por igual para asegurar un buen gobierno. Es decir, leyes que creen condiciones para limitar su poder sobre nosotros y leyes que favorezcan la cooperación voluntaria de todos los ciudadanos asegurando el imperio de la justicia, la seguridad pública, la libertad de elegir y la armonía entre las clases sociales.

El otro gran tema se refiere al mandato del artículo 24 de la Constitución, escrito por Juan Bautista Alberdi, que dispone la obligación del Congreso de promover la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y establecer el juicio por jurados.

Esta ordenación incumplida del sistema legal argentino, que hoy se compone de un conjunto confuso e inconexo de casi 29 mil leyes, debiera hacerse en forma racional de forma tal de adecuar la legislación a las condiciones que nos plantea el mundo moderno, tal como lo han hecho todos los países que ingresaron a la Unión Económica Europea.

En primer lugar, habría que clasificar las leyes en tres conjuntos: a) las leyes básicas o de orden público superior cuya reforma estaría a cargo del nuevo Senado,
b) los decretos legislativos o leyes administrativas que sustituirían a los decretos de necesidad y urgencia dictados por los últimos gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner,
c) las leyes meramente declarativas o ceremoniales que sólo sirven para hacer manifestaciones retóricas, honrar algunos hechos o personas y justificar la productividad de los parlamentarios.

El tema de los decretos de necesidad y urgencia es también una cuestión de fondo, porque si un decreto no es necesario no debiera sancionarse ya que formaría parte de una inflación legislativa, vacua e inútil. Del mismo modo, si el decreto no fuera urgente, no habría razón alguna para apresurar su sanción y sería sensato demorar su dictado.

Estas son las cuestiones de pública discusión, que tanto los gestos hoscos del presidente como la ínclita intervención parlamentaria de su esposa-senadora nos han abierto recientemente.

La incontinencia verbal escuchada en estos días y los gestos contrarios a los buenos modales no aportan nada pero echan leña al fuego. Se asemejan a la demostración de una dosis de inseguridad personal, una especie de timidez infantil, como la que sentíamos de niños cuando entrábamos en una habitación oscura y para darnos ánimo y coraje pisábamos fuerte gritando a viva voz: “no le tengo miedo al cuco”.

Ya es hora de que maduremos, que impongamos límites al Estado y que los gobernantes comiencen a respetar a la gente decente, porque ningún país se construye con alborotadores. © www.economiaparatodos.com.ar



Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.