Luego de conocido el texto de la reforma constitucional que impulsa el MAS, el partido de Evo Morales, quedan muy pocas dudas de que sus propuestas están lejos, muy lejos, de los ideales republicanos.

En particular, cuando se advierte que en el centro mismo de las pretensiones del MAS está –lamentablemente– la intención de obtener la posibilidad de reelección indefinida del propio Morales y de su vicepresidente, Álvaro García Linera, lo que no está permitido por la actual Constitución del país andino.

No obstante, la demostración más clara de la falta de apego del presidente boliviano por los principios republicanos tiene que ver con sus constantes y nada disimulados esfuerzos por tratar de someter al Poder Judicial de su país y, sobre todo, a su Tribunal Constitucional, de modo de coartar su independencia e imparcialidad y transformarlo en un mero instrumento sumiso que pueda manipular a voluntad, lo que es gravísimo.

El drama del Tribunal Constitucional

El 22 de agosto, la Cámara de Diputados de Bolivia, obviamente motorizada por el propio Morales, suspendió a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional para iniciarles el procedimiento de remoción por haber cometido –presuntamente– el delito de prevaricato e “impedimento de la función pública”, esto es por mal desempeño en el ejercicio de sus importantes cargos.

Lo cierto es que Morales se había disgustado profundamente con ellos cuando dejaron –correctamente– sin efecto una artera maniobra que el primer mandatario y los suyos habían urdido, aprovechando el receso legislativo, para designar a dedo a todos los nuevos integrantes de la Sala Penal del Tribunal, que es nada menos que la encargada de juzgar a los ex presidentes, a quienes Morales quisiera ver crucificados. Particularmente, a Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los jueces del Tribunal Constitucional que fueron suspendidos por la Cámara de Diputados decidieron (con el enorme coraje del caso) que esas designaciones eran sólo provisorias y que, por ende, habían fenecido automáticamente seis meses después de realizadas. Esto impedía que Morales pudiera consumar su oscuro designio de someter, bien o mal, a sus predecesores a toda suerte de escarnios en el ámbito de los estrados judiciales.

Menos de un mes después, el Senado de Bolivia, en una sesión plagada de incidentes y agresiones verbales, decidió –por simple mayoría– archivar definitivamente los procedimientos de suspensión de los cuatro magistrados, quienes deberán ser repuestos en sus cargos.

De esta manera –antes de que se instalara el Tribunal de Sentencia que pretendía la Cámara Baja– se repuso formalmente en sus cargos a Elizabeth Iñíguez de Salinas, Martha Rojas Álvarez, Artemio Arias Romano y Walter Raña Arana, quienes están autorizados a reasumir sus funciones en el alto Tribunal Constitucional. Como ellos tenían humillantemente prohibido el ingreso a sus propias oficinas, se ordenó al comandante de la Policía que garantice su trabajo como magistrados.

La resolución del Senado –adoptada por la mayoría conformada por las fuerzas opositoras– pone fin a un proceso que pisoteaba abiertamente el estado de derecho y afectaba en forma adversa a la institucionalidad democrática.

El Tribunal Constitucional –cabe recordar– debe pronunciarse sobre medidas claves dispuestas por la administración de Morales, a saber: (i) la legalidad de la nacionalización del yacimiento de Huanuni; (ii) la declaración de la reserva minera fiscal de toda Bolivia, que implica para Comibol la potestad de explotar los recursos mineros del país y es impugnada por los mineros cooperativistas a quienes despoja de sus derechos; (iii) la validez del decreto que amplió por seis meses la obligación de las petroleras de tributar 32 millones de dólares mensuales a YPFB, respecto de los megacampos de San Alberto, San Antonio y Margarita, cuestionado por las empresas petroleras; y (iv) la ley convenio entre Bolivia y Venezuela en materia de defensa, recurrida de inconstitucionalidad por la oposición, porque su aprobación se hizo incluyendo a dos senadores suplentes cuando también estaban presentes los respectivos senadores titulares.

Como respuesta, el intolerante MAS pide ahora el cierre del Senado. Nada que no le responda incondicionalmente le satisface. Y acusa a los magistrados del Tribunal Constitucional de “estar con las multinacionales”, para demonizarlos insidiosamente. Además, anuncia que propondrá que, en más, los jueces se elijan mediante el voto popular.

Una reforma constitucional en veremos

Mientras tanto, el caos parece haberse apoderado de todo. La siembra constante de resentimientos desde el poder ha hecho crecer odios y generado más tensiones. Especialmente en torno a la Asamblea Constituyente que, aterrada por los acontecimientos que ocurren diariamente en su ciudad-sede, Sucre, ha decidido suspender sus actividades hasta el próximo 8 de octubre. Por “falta de garantías”, diríamos nosotros. Los convencionales ni siquiera pueden ingresar en el teatro Gran Mariscal, donde funciona (desde hace meses) la convención.

Ocurre que Sucre reclama que la reforma constitucional incluya lo necesario para que le sea devuelva la “capitalidad”, esto es la posibilidad de ser sede del los tres poderes del Estado que perdió después de enfrentamientos internos que fueron realmente cruentos frente a La Paz, que hoy aloja al Poder Ejecutivo y al Congreso de Bolivia, y no quiere dejar de hacerlo.

El diálogo que puede conducir a una solución negociada está por el momento sólo en veremos, pese a la mediación de la Iglesia Católica, que está empeñada en evitar enfrentamientos.

Los estudiantes universitarios de Sucre salieron a las calles, enfrentaron con cartuchos de dinamita a los policías, generaron un centenar de heridos e impidieron –en los hechos– el funcionamiento físico de la Constituyente, ya que intentaron asaltar el teatro donde sesionaba.

Morales está respondiendo “movilizando” intimidatoriamente hacia Sucre a fuerzas y movimientos de campesinos e indígenas, a los que trasladó peligrosamente desde otros rincones del país, lo que es ciertamente muy poco democrático, fascista más bien, y además implica tirar leña al fuego. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).