Las retenciones a las exportaciones son un impuesto arbitrario cualquiera sea la tasa que se aplique. No hay justificativo ético para que el gobierno les robe a los exportadores las utilidades que obtienen por sus ventas. Si la rentabilidad de una actividad cualquiera es elevada porque las condiciones del mercado en un momento dado así lo determinan, el gobierno no tiene derecho a aumentar los impuestos para ese rubro. El propio mercado, por su dinámica natural, hará que los precios se equilibren espontáneamente. Por lo tanto, el conflicto entre el gobierno y los productores rurales está planteado en términos erróneos. El problema no es que las retenciones a las exportaciones de soja sean elevadas sino, sencillamente, que no deberían existir. Todo lo demás es irrelevante.

Ocurre que en esta Argentina donde el Derecho es una institución sujeta a la discrecionalidad de los gobernantes, un planteamiento como éste suena extemporáneo. Los valores están tan distorsionados que lo absurdo se toma como natural y, entonces, la discusión ya no es la justificación ética de un impuesto sino que se acepta el atropello del gobierno y se negocia para que esa arbitrariedad no sea demasiado onerosa. Pero lo negativo de este enfoque del problema es que hace perder de vista el fondo de la cuestión.

También es importante dejar sentado que este principio es válido siempre, en las buenas y en las malas. Si los precios de un producto bajan, el gobierno no tiene por qué subsidiar a los productores de ese bien. Si el campo tiene un mal año porque las condiciones meteorológicas fueron desfavorables, “a llorar a la pulpería” (es más rural llorar en una pulpería que en una iglesia). Todo buen productor agropecuario sabe que hay épocas de “vacas gordas” y de “vacas flacas” y, por lo tanto, sabe que debe ser prudente en la administración de los beneficios de su establecimiento.

El “boom de la soja” no va a durar eternamente. Seguramente aparecerán en el mercado productos sustitutivos, la demanda disminuirá y los precios también se achicarán. Cuando eso suceda, estos mismos productores entrarán en época de “vacas flacas” y entonces, con todo derecho, dirán que “si cuando el precio de la soja era alto nos cobraron retenciones a nuestras ganancias, ahora que estamos en dificultades, dennos un subsidio para cubrir nuestras pérdidas”. Es posible que en ese momento haya algún otro sector de la economía que esté pasando por un momento de auge, al cual quizá le quieran cobrar impuestos abusivos y entonces el conflicto no será con los productores agropecuarios sino con ese otro grupo. Así es como Argentina vive de conflicto en conflicto, con una permanente inestabilidad en las reglas de juego y desaprovechando una a una las oportunidades que se le presentan de crecer, desarrollarse y elevar las condiciones de vida de la población en su conjunto.

El gobierno en su ignorancia, su mala fe, su interés político, su prejuiciosidad ideológica (probablemente haya un poco de cada ingrediente en su cóctel mental) demuestra no entender que el camino más eficaz para promover el crecimiento, el desarrollo, el bienestar, es dejar que quienes ganan mucho dinero dispongan de esos beneficios porque, al consumir, motorizan el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de todo el resto de la sociedad. Ese mecanismo, por lo demás, beneficia políticamente al gobierno porque ese bienestar derivará en la aceptación, por parte de la población, de esa política que generará que todos se sientan mejor.

Todo lo que viene sucediendo en Argentina en las últimas semanas es una absurda y tragicómica comedia de enredos. Tiene razón Mauricio Macri cuando afirma que “es necesario reflexionar, debatir y discutir reglas de juego a largo plazo". El problema no es si está bien o mal que la retenciones sean del 44 %, del 30 %, del 10 % o del 0,1 %… El problema de fondo es que las retenciones no deben existir. Deben ser desterradas porque distorsionan el mercado, alteran el cálculo empresarial y desalientan las inversiones, con el consecuente efecto negativo en el proceso general de producción de riqueza y, por lo tanto, en el bienestar de la población.

Nadie se beneficia de esta situación, ni siquiera los funcionarios del gobierno porque esto tiene un costo político muy alto aún para ellos mismos. Este conflicto marca el comienzo de la declinación política del kirchnerismo. ¿Cuál es, entonces, el sentido de esta política que el gobierno quiere aplicar?

La posición de los productores rurales es entendible. Piden la rebaja de las retenciones porque no tienen la mínima chance de conseguir que se elimine un impuesto que es, a todas luces, confiscatorio. Es posible que, de ese modo, se llegue a un acuerdo provisorio que permita salir de la crisis que tuvo lugar las últimas semanas. Pero el problema de fondo seguirá sin quedar resuelto. El problema de fondo es que no hay en Argentina un sistema económico apto para promover el crecimiento, el desarrollo y el bienestar. Para eso, el camino apropiado es eliminar impuestos, dejar que los mercados operen libremente, que cada cual pueda disponer libremente de sus recursos y que la economía se desenvuelva espontáneamente, sabiendo que es así como se obtienen los mejores resultados para el mayor número. Todos los afanes redistributivos, como el que anima al actual gobierno, concluyen siempre provocando problemas aún más graves que los que pretenden resolver. Algo de eso es lo que estamos viendo por estos días. Lamentablemente, en medio de la maraña de palabras que se han vertido en estas últimas semanas, casi no se ha escuchado cuál es la verdadera causa del problema. En tanto sigamos por este camino, no lograremos encauzar apropiadamente la situación. © www.economiaparatodos.com.ar