El viernes pasado, la presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció la intención del Gobierno de modificar la ley de quiebras 19.551 para estimular la operación de compañías en cesación de pagos por los trabajadores.

Se trata de una iniciativa temeraria, más allá de lo demagógica y especulativa en términos políticos que resulta.

El país ha sido recientemente testigo del caso Aerolíneas Argentinas. Allí, durante años, la acción sistemática y pertinaz del conjunto de gremios que operan en la empresa la estranguló de todas las formas posibles –con la obvia complicidad del Estado- hasta hacer inviable su operación. El paso siguiente fue quedarse con la compañía aérea.

Otros muchos casos, en donde la cómplice fue la Justicia, se conocen en el país. El de Cerámicas Zanón, en Neuquén, es claramente, otro de ellos,. Hoy la empresa está operada por la agrupación Hijos y Madres de Plaza de Mayo que se han enriquecido con el esfuerzo de una familia que había trabajado por generaciones en el país.

La iniciativa de presidente tiende a legalizar este proceder. Se trata de una ocurrencia más que estira la cuerda de la paciencia y que pone al derecho de propiedad al borde de su desaparición o que lo hace depender de un hilo muy delgado.

El formidable progreso mundial que comenzó a registrarse con la Revolución Industrial hace más o menos cuatrocientos años tuvo poco que ver con el avance de la técnica. Las teorías mecanicistas que explican ese salto productivo y de calidad de vida como producto de la innovación tecnológica se equivocan groseramente. O, al menos, no cuentan la parte principal de la explicación.

Ese salto que el mundo dio en todos los sentidos importantes de la vida (la caída del índice de mortalidad por la desaparición de enfermedades, la cobertura de necesidades básicas, el acceso a una vida confortable, el abrigo del frío, la disminución de la escasez, el acortamiento de las distancias, etcétera) solo estuvo emparentado con la tecnología en un sentido secundario o, más bien, en el sentido de haberse valido de ella para materializar lo que una serie de instituciones jurídicas estaba permitiendo.

Es más, la existencia misma de esa tecnología también fue producto de la vigencia de ese conjunto de principios que hizo posible que las personas se lanzaran a la aventura de la innovación y la inversión.

La garantía sobre el derecho de propiedad ha sido, obviamente, una de esas instituciones. Una vez que un sistema jurídico confiable aseguró a las personas el derecho sobre la posesión de sus cosas y, más importante aún, sobre la propiedad del producido una enorme masa de población invirtió, innovó, acumuló capital y, como consecuencia de todo ello, lanzó al mundo al desarrollo económico.

La idea que lanzó la presidente el viernes pasado va en el sentido completamente opuesto a ese. Ella sigue creyendo que jorobar y jorobar con el derecho de propiedad (por supuesto, el de los demás, no el suyo) es gratis, que se puede hacer demagogia con eso y que de ese acto solo se obtendrán ventajas políticas o electorales.

Claramente no es así. El constante hostigamiento a la propiedad lanza señales indirectas de múltiples direcciones. Así como la señal de que la propiedad sería protegida (y que la propiedad sobre el producido también lo sería) lanzó al mundo a un formidable despegue de la miseria, las señales contrarias lo preparan para volver a ese estado de pobreza del que dice querer salir.

La iniciativa no hace otra cosa que confirmar que la pobreza para los gobiernos populistas y autoritarios es un negocio espectacular: a más pobres, más clientes en estado de sumisión. Por eso los multiplican por millones.

Con este tipo de medidas más y más capital se irá de la Argentina y sin capital ningún país avanza; al contrario, profundiza su camino a la postración. Sin el derecho de propiedad debidamente protegido nadie invertirá, los que tienen capacidad de inversión sacarán su dinero de aquí, nadie innovará y los pobres serán dueños del 100% de nada.

¿Qué es lo que explica que miles de millones de dólares (entre los que se encuentran los fondos de la provincia de Santa Cruz que Kirchner hizo emigrar como si fueran de él) se hallen fuera del país? Muy sencillo: la gente busca la seguridad de sus posesiones que su país no le da. Esa sangría infame son fondos de los cuales el progreso y el bienestar se privan. ¿Quién los expulsó? La ley.

Sigamos jorobando con el derecho de propiedad, sigamos mojándole la oreja como un adolescente que cree que sus gracias no tienen consecuencias y nos seguiremos fritando en nuestra propia miseria. © www.economiaparatodos.com.ar