La Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Banco Central detectó que la venta de la estancia «El Entrevero» en José Ignacio arroja indicios de irregularidades porque ni el escribano ni la inmobiliaria actuante cumplieron con la ley

La información sobre la operación con la estancia fue proporcionada por el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, durante su comparecencia ante la comisión de la Cámara de Representantes que estudia situaciones de lavado de dinero.

Esto sucede a tres días de que la jueza de crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez tomen las primeras declaraciones al escribano y al agente inmobiliario que participó en esa operación en la causa que indaga los vínculos en Uruguay de la presunta red de lavado de activos que operaría en Argentina y en la que estarían implicados varios empresarios vinculados al kirchnerismo.

La denuncia que dará lugar a esas citaciones fue presentada el pasado 26 de abril por los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido, quienes aportaron toda la información sobre el tema que divulgó el periodista Jorge Lanata en su programa televisivo Periodismo Para Todos, que se emite por Canal 13 de Buenos Aires.

Lanata habló de la existencia de una organización supuestamente encabezada por el empresario Lázaro Báez (que era amigo y socio del extinto expresidente Néstor Kirchner) dedicada a lavar dinero producto de irregularidades en la realización de obras públicas del gobierno argentino.

Días después, El Observador dio detalles sobre la compra del campo «El Entrevero», en José Ignacio, por el que se pagaron US$ 14 millones. En torno a ese negocio habría un entramado de sociedades anónimas y empresarios argentinos. La propiedad está a nombre del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín.

 

Lavado

Lorenzo fue convocado ayer a la comisión junto con autoridades del Banco Central por el diputado nacionalista José Carlos Cardoso, quien le planteó varias interrogantes, una de las cuales derivó en la ruta del dinero K.

«Cuando se hacen consultas (a la administración) respecto a de qué forma actuaron profesionales se recaba información y se ve si se cumplió o no con la ley. La información que hemos recibido de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central respecto a las consultas sobre las actuaciones en el caso de la estancia El Entrevero en José Ignacio, dice que habría indicios de que ni el escribano ni el agente inmobiliario cumplieron con sus obligaciones», dijo el ministro.

Frente a esto, afirmó que la información fue enviada a la Auditoría Interna de la Nación (AIN), que es quien tiene a su cargo supervisar la acción de esos actores inmobiliarios, y que si se constatara se actuará «con todo el rigor sancionatorio», porque el incumplimiento de esas normas «las sanciones deben ser bien claras y contundentes para que se vea cómo se actúa en Uruguay una vez que ocurrió algo que no debió haber ocurrido».

Vuelos privados

En el caso de la llegada al país de vuelos privados como se ha mencionado en las denuncias de Lanata, Lorenzo informó que una norma establece la obligación de declarar cada ingreso de dinero en efectivo por la frontera cuando sea superior a US$ 10.000.

«En los últimos años se han constatado 31 casos de violación de esa norma, siendo sancionadas 39 personas por esos casos, aplicándoseles multas que van desde el 30% del total del dinero que excede lo declarado hasta el 50%. Se ha actuado con rigor para enviar señales claras», indicó.

Esos casos mencionados fueron de particulares que pasaron por la frontera con sumas superiores a US$ 10.000 sin declarar. «Si se declaran las cosas no hay problemas; habrá que explicar después de dónde vino el dinero», subrayó.

El ministro informó en la comisión que hay «vehículos o instrumentos jurídicos» a través de los cuales se pueden hacer distintos tipos de operaciones.

«Los uruguayos pueden ser propietarios de activos en el exterior y empresas extranjeras pueden ser propietarias de empresas en el Uruguay. Eso no está prohibido en nuestra legislación. El uso de estos `vehículos con fines de planificación fiscal` -como se le llama eufemísticamente- son prácticas habituales a nivel internacional. No son problemas nacionales sino problemas globales», sostuvo Lorenzo.

Rechazó acusación de paraíso fiscal

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que la definición de «paraíso fiscal» que la fiscal española Raquel Amado usó para referirse a Uruguay cuando pidió iniciar una querella contra Lionel Messi y su padre, a quienes acusa de evadir el pago de 4 millones de euros, «es un calificativo inadecuado y que describe muy mal la situación del país».

Según la fiscal española, el futbolista y su padre utilizaron tres sociedades anónimas radicadas en Uruguay y así evitaron el pago de IRPF por concepto del uso publicitario de la imagen del deportista en los años 2007, 2008 y 2009.

Lorenzo dijo que en ese momento en Uruguay «todavía estaban vigentes las SAFI y buena parte de los marcos normativos que ofrecían opacidad para que ese tipo de cosas ocurrieran». Pero el ministro remarcó que luego se mejoró la legislación para evitar este tipo de situaciones, motivo por el que sentenció: «Esas cosas si ocurrieron, hoy ya no ocurren».

Fuente: http://www.elpais.com.uy/