El Gobierno apuntó a moderar salarios, acelerar devaluación, aumentar la presión impositiva y esto fue interpretado por analistas como un intento de ajuste. Llegó el momento de tocar gasto público. Pero el caos brasileño y las elecciones locales hacen que el Ejecutivo deje su tijera de lado

 

Dilma Rousseff no es la única que se espanta ante los disturbios en las ciudades brasileñas.

Su colega Cristina Kirchner ha prestado tanta atención al tema como si se tratara de un asunto doméstico. De hecho, su convencimiento es que, de no dar los pasos correctos, la pantalla de la televisión brasileña podría llegar a convertirse, para el Gobierno argentino, en un «espejo que adelanta».

Desde ya, no es que las protestas de ese país sean extrapolables a la Argentina, porque hay cuestiones particulares de política que le son privativas. Pero el hecho de que una suba de 20 centavos de dólar en el boleto del transporte colectivo haya disparado una crisis es un dato del que el Gobierno argentino tomó nota.

Y confirma que, a pesar de haber adoptado algunas medidas con «olor a ajuste tradicional», los funcionarios K tienen un limitante político para llegar al núcleo duro de los problemas económicos.

Es que cuando ya no alcanza con subir las tasas de interés, cerrar las importaciones, aumentar la presión impositiva e inducir a una fuerte moderación salarial, aparece la necesidad de tener una tijera dispuesta a recortar obras públicas y subsidios a las tarifas de los servicios.

Y ahí es donde el «síndrome de Dilma» emerge con toda su capacidad disuasiva.

«Las recientes manifestaciones en Brasil volverán aun más cautelosas las decisiones del Gobierno argentino a la hora de racionalizar el gasto público», vaticina Marcelo Capello, economista de la Fundación Mediterránea.

El analista da a entender que un recorte drástico de los subsidios a empresas, para mantener bajas las tarifas de energía y transporte, carecería de «timing político» y atizaría los temores en la Rosada de un posible «Brasil Recargado», ya que a eso se le sumarían los malestares por los desmanes económicos y las denuncias de corrupción.

También Eduardo Levy Yeyati, director de la consultora Elypsis, se muestra preocupado al respecto: «Las protestas en Brasil nos dicen algo de lo que nos espera cuando querramos resolver las enormes distorsiones a las que nos acostumbró la década».

 

Lo difícil de volver a pagar

Es así que hasta los analistas opositores más críticos reconocen que hay un límite de hecho para quien esté pensando en un ajuste tradicional.

Es el caso de Ricardo López Murphy, uno de los más connotados defensores de las políticas de equilibrio fiscal, quien reconoce que el gasto público ya pasó a ser un problema difícil de superar.

Especialmente en lo que respecta a los subsidios al sector privado, un rubro que representa casi 20% del presupuesto estatal.

«Siempre me preguntan cómo se va a corregir el problema de las tarifas, y la verdad es que no encontré una respuesta satisfactoria. Es muy difícil persuadir en la Argentina de que los costos de los servicios tienen que ser pagados por los usuarios», reconoce el ex ministro.

Y advierte que «volver a cobrar lo que las cosas cuestan va a ser traumático».

Los números parecen darle la razón. Un informe de la consultora Abeceb señala que, hasta el año pasado, el «peso» de la electricidad, el gas y el agua en el presupuesto de una familia de clase media equivalía a un 2,7%. Es decir, menos de la mitad de lo que implicaba en 2001, cuando el pago de esos servicios representaba el 7,3% de la economía hogareña.

Dicho de otra forma, una familia de clase media disminuyó en dos tercios su «esfuerzo tarifario», en un mundo donde el costo de los servicios no sólo no ha disminuido sino que se ha incrementado.

 

Gobierno acostumbrado a las contramarchas

Desde ya, este problema había sido diagnosticado hacía tiempo en los debates internos del kirchnerismo.

Varios economistas y analistas políticos cercanos al Gobierno alertaban contra la tentación de adoptar medidas de ajuste de tipo tradicional, que podrían ser fáciles de diseñar desde los escritorios de los ministerios pero de consecuencias impredecibles en las calles.

El riesgo de un malhumor social se hizo más agudo desde los accidentes ferroviarios y ahora se agrega el «caso Dilma» como un recordatorio del riesgo oculto.

La Presidenta parece saber del tema, porque dos veces debió dar marcha atrás con un recorte de subsidios a las tarifas de electricidad y gas.

La primera fue en 2008, cuando se produjo un fuerte descontento en sectores de la clase media por el impacto de más de 200% de aumento en esas tarifas.

En aquel momento, el ministro Julio De Vido explicó que la medida sólo iba a afectar a una minoría de altos ingresos y que el recorte sería gradual y progresivo. Pero el malestar social y las acciones legales de los consumidores obligaron a dar marcha atrás.

Tres años después, a fines de 2011 -con el enorme respaldo político del recién logrado triunfo electoral de Cristina Kirchner- se anunció un recorte de subsidios para todos aquellos que no pudieran demostrar una necesidad real de contar con ayuda estatal para pagar los servicios públicos.

De hecho, se había previsto apenas una suba de 15% en el presupuesto destinado a subsidios, lo cual -descontada la inflación- implicaba una reducción en términos reales.

En cuanto al transporte, los funcionarios admitían que se necesitaba un sistema quediscriminara por capacidad de pago de los usuarios, ya que en servicios como el subte -por ese entonces todavía bajo la órbita del Gobierno nacional- un amplio 89% de los pasajerosestaba en condiciones de absorber un incremento.

En ese momento, el monto total de los subsidios alcanzaba los u$s16.000 millones, una cifra que se había multiplicado por 32 en 10 años.

Pero, una vez más, la Presidenta temió por las consecuencias políticas. Lo que en un comienzo iba a ser una aplicación «casi universal» terminó siendo un plan delimitado a los habitantes de los countries.

El accidente ferroviario de Once había cambiado súbitamente el clima social.

 

El condicionamiento electoral
Hoy, el contexto se ha deteriorado aceleradamente. El agotamiento del modelo -que usaba las exportaciones de soja como principal motor- está obligando a pensar correctivos, lo cual pone al Gobierno en su principal disyuntiva.

Es que, al tiempo que las finanzas estatales dan señales preocupantes, se ingresa en un período electoral. Y la historia muestra que, en momentos así, los ajustes van al freezer.

Durante las legislativas de 2005, por ejemplo, el gasto en obra pública alcanzaba una variación de casi 100% interanual, lo cual fue uno de los pilares del triunfo oficialista.

No obstante, esto no alcanzó en 2009, en medio de un contexto recesivo y donde estaban presentes los vestigios de la crisis internacional y el conflicto del campo.

Esta coyuntura se plasmó -a pesar de los fuertes desembolsos a las provincias y del expendio en Capital -en una dura derrota, perdiendo bancas en 11 provincias y la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Y para 2013, en el primer trimestre los números vienen mostrando una suerte de ajuste, aunque los analistas consideran que este hecho, según la lógica eleccionaria, debería corregirse al alza.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en marzo el ritmo de crecimiento del gasto bajó del 36,6% al 22,8%, equivalente a 14 puntos menos de crecimiento.

Y como es común en tiempos de «vacas flacas», como fue el caso de 2012, los ajustes tienden a venir por el lado de los fondos discrecionales a las provincias, los cuales subieron apenas 17% en el primer cuatrimestre del año respecto al mismo período de 2012.

Jorge Todesca, ex viceministro de Economía, señala que hay «contratistas y funcionarios que ven un proceso de cancelación de contratos del Gobierno, hecho que está parando la obra pública estatal».

En ese sentido, Gastón Rossi, economista de LCG Consultores, explica que «la estructura delgasto tiene componentes rígidos, como son los salarios y las jubilaciones, por lo las variables de ajuste vienen a ser la obra pública y las transferencias discrecionales a lasprovincias».

Sin embargo, explica que «en años eleccionarios dichas transferencias y obras se aceleran».

Y en esa línea también aparecen quienes auguran que un escenario de recorte en la obra públicairía contra el «ABC» de un año electoral.

«Si se sigue la lógica eleccionaria, que busca mostrar a la sociedad que ‘se está haciendo algo’, esta tendencia declinante en la obra pública debería corregirse al alza», explica Ariel Barraud, economista del IARAF.

En definitiva, la expectativa generalizada es que lo que en la primera mitad del año fue visto como un tibio intento de ajuste por parte del Gobierno, tendrá una reversión en los próximos meses.

Las elecciones obligan a mostrar «gestión». Y las imágenes televisadas desde las agitadas calles brasileñas son un elocuente recordatorio de lo difícil que puede ser desarmar un esquema de gasto público al que la población se ha acostumbrado.

La pregunta de fondo, claro, es cuánto tiempo puede sostenerse esta situación. El politólogo Sergio Berensztein, de la consultora Poliarquía, afirma que no es totalmente descartable que,luego de las elecciones, pueda haber un intento de corrección en esta área tan sensible.

Pero ese es un tema para el debate post-electoral.

 

Fuente: www.iprofesional.com