El  debate en torno de la educación parece interminable y, desde hace décadas, gira  generalmente en torno a la misma cuestión, que consiste en responder a la  pregunta ¿educación pública o privada?

Tal  como dijimos en nuestra obra titulada, precisamente, La educación, la interrogación  anterior –a nuestro juicio- está mal formulada o planteada y, en su  lugar, la verdadera cuestión tendría que ser: ¿quién educa mejor el  «estado» o el privado?

Lo  primero a tener en claro por quien pretenda tratar de responder a esta última  pregunta, es que el gasto en educación es una inversión, tal y como lo explica  Ludwig von Mises:

«El hombre, como decíamos, dentro  siempre de los rigurosos límites señalados por la naturaleza, puede cultivar  sus innatas habilidades especializándose en determinados trabajos. El  interesado o sus padres soportan los gastos que la aludida educación exige con  miras a adquirir destrezas o conocimientos que le permitirán desempeñar  específicos cometidos, Tal instrucción o aprendizaje especializa al sujeto;  restringiendo el campo de sus posibles actividades, el actor incrementa su  habilidad para practicar predeterminadas obras. Las molestias y sin­sabores, la  desutilidad del esfuerzo exigido por la consecución de tales habilidades, los  gastos dinerarios, todo ello se soporta confiando en que las incrementadas  ganancias futuras compensarán ampliamente esos aludidos inconvenientes. Tales  costos constituyen típica inversión; estamos, consecuentemente, ante una  manifiesta especulación. Depende de la futura disposición del mercado el que la  inversión resulte o no rentable. Al especializarse, el trabajador adopta la  condición de especulador y empresario. La disposición del mercado dirá maña­na  si su previsión fue o no acertada, proporcionando al interesado las  correspondientes ganancias o infiriéndole las oportunas pérdidas. «[1]

Lo  que nos dice aquí L. v. Mises, es que la educación jamás es gratuita, y esto se  cumple así, ya sea cuando «El interesado o sus padres soportan los gastos  que la aludida educación exige» para ese propio interesado, o cuando ese  «interesado o su padres» financian la educación de otras personas. En  este último supuesto es cuando se habla de educación «pública», la  que nosotros preferimos denominar simplemente «estatal» o la sufragada  a través de los impuestos.

¿Por  qué optamos por llamar estatal a la usualmente designada educación  «pública». Sencillamente porque la educación rotulada  «privada» también es pública, porque está dirigida al público en  cuanto a la oferta educativa en si misma por un lado, y por el otro si por  «pública» quisiera significarse «gratuita», ya hemos visto  que ninguno de los tipos de educación lo son, ya que ambos sistemas requieren  de financiamiento para su creación, sostenimiento y funcionamiento, con lo que  la diferencia radica no en que una es «gratis» y la otra no, sino que  los recursos necesarios para costear uno y otro sistema son aportados  directamente por el educando o sus padres (en el caso de la llamada educación «privada»)  en tanto que en el otro son ingresados por la totalidad de los contribuyentes,  incluyendo dentro de ellos a quienes no quieren o no pueden concurrir a ninguna  clase de establecimiento educativo, ni estatal ni privado, situación en la que  se encuentran las capas más pobres de la sociedad.

Algunos  autores hacen hincapié en la necesidad de competencia en el ámbito educativo,  como el Dr. A. Benegas Lynch (h) al citar a Gary Becker cuando este dijo:

«[…]  el análisis moderno de la competencia ha sido excesivamente estrecho. Se  circunscribe y se limita a los mercados donde aparecen precios monetarios en la  venta de bienes y servicios y donde las corporaciones buscan utilidades. Como,  por ejemplo, el mercado de las bananas, los automóviles, las peluquerías y  similares. Pero las ventajas de la competencia no sólo se ponen de manifiesto  en aquellos mercados. La competencia también beneficia a las personas en áreas  tales como la educación, la caridad, la religión, la oferta monetaria, la  cultura y los gobiernos. En realidad la competencia resulta esencial en todos  los aspectos de la vida, independientemente de las motivaciones y la  organización de los productores, ya se trate de transacciones donde está  involucrada la moneda o en aquellos donde no aparecen cotizaciones en términos  monetarios […] «[2]

Por  su lado, el Dr. Krause resalta el valor de la libertad para educarse, cuando dice:

«Algunos países pueden haber  alcanzado una buena esperanza de vida al nacer o un determinado acceso a  conocimientos, pero una vida dirigida por otros, restringida por controles y  mandatos y una educación sesgada son más bien “restricciones” que  logros de una vida completa. El individuo tiene que tener más opciones para vivir  su vida como crea que merece ser vivida, para obtener el conocimiento que  estime importante y, seguramente, esta capacidad de decidir le permitirá  finalmente contar con los recursos necesarios.» [3]

Entendemos que la  referencia a una educación sesgada, alude no sólo a los conocimientos  que se imparten en las sociedades dirigistas, sino también al financiamiento de  aquella, lo que tiene especial vinculación con lo que comentamos anteriormente  en relación a la observación de L. v. Mises.

El financiamiento  de la educación estatal a través de impuestos sesga, necesariamente, el acceso  a la educación de aquellos que son alcanzados por el tributo, porque reduce sus  oportunidades de educarse o -en forma directa- las suprime cuando la sumatoria  de ingresos es igual o inferior al total de impuestos que se pagan. Esto  implica que resulta falso el insistente cacareo demagógico por el cual se  quiere convencer a la gente de que la educación estatal es «para  todos». Nada de esto es cierto. La educación estatal necesariamente será  el privilegio de unos pocos que, no obstante, a través del sistema fiscal han costeado  su propia educación y la de otros.