Suecia viene de vuelta del gran Estado. Hace una veintena de años su famoso sistema de bienestar se desplomó. Una impresionante crisis a comienzos de los años ‘90 fue el precio que se pagó por la soberbia de un Estado que se creyó todopoderoso. Así, hubo que reinventar el Estado del bienestar para salvarlo de sus propios excesos y monopolios. Hoy, después de dos décadas de profundas reformas Suecia ha vuelto a ser un referente internacional. Tanto es así que hace no mucho The Economist (2 de febrero de 2013) la llamó “el supermodelo del futuro”.

El Estado del bienestar puede ser construido de diversas maneras. La forma tradicional ha sido la de un Estado benefactor o Estado-patrón, que a través de monopolios de gestión pública les ofrece a los ciudadanos ciertas soluciones predeterminadas a sus necesidades básicas. En este caso, el Estado es el sujeto activo y los ciudadanos los objetos pasivos de sus intervenciones. Ese fue el camino seguido por Suecia hasta la crisis de los años ‘90. De allí en adelante probó un camino totalmente diferente, reduciendo el tamaño del Estado, rompiendo sus monopolios de gestión y, sobre todo, cambiando la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Este nuevo Estado del bienestar puede ser llamado Estado solidario, dado que su objetivo es empoderar a los individuos y no ponerse sobre ellos. Para lograrlo se le ha dado directamente al ciudadano el poder de usar el financiamiento público que le garantiza el acceso a una serie de servicios básicos. Con ese fin se han diseñado distintos sistemas de subsidio a la demanda, como los bonos o vouchers del bienestar. Junto a ello, se han abierto los servicios públicos a la competencia y a una amplia colaboración público-privada que no excluye a los actores con fines de lucro.

En la actualidad este sistema rige para casi todos los servicios de responsabilidad pública: educación, salud, cuidado de niños, atención a la vejez, apoyo a los discapacitados, etcétera. Ello ha llevado al desarrollo de un amplio sector privado, mayoritariamente con fines de lucro, que colabora con el Estado a fin de brindarles esos servicios a los ciudadanos. Así, para dar solo algunos ejemplos, casi la mitad de los centros de salud públicos del país son gestionados privadamente, igual cosa pasa con la mayoría de las casas de reposo de la capital de Suecia, Estocolmo, y más de la mitad de los jóvenes de esa ciudad asiste a escuelas secundarias públicas con sostenedores privados. Hoy existen unas 15.000 empresas que les dan empleo a más de 200.000 personas en lo que es una extensa red de colaboración público-privada. Estas empresas forman la base de un pujante capitalismo del bienestar, que es un componente esencial del nuevo Estado del bienestar sueco (y de otros países nórdicos).

Ahora bien, la premisa fundamental de todos estos cambios ha sido la accesibilidad universal e igualitaria a los servicios públicamente financiados, con independencia de quien los gestione. Por ello, en caso de existir el copago los ciudadanos pagan lo mismo por los servicios recibidos, sean estos producidos por el sector privado o el público. Al respecto, no se permite ningún cobro extra ni tampoco excluir a ningún tipo de usuario, solventando el Estado los costos no cubiertos por el copago de acuerdo a normas iguales para todos los proveedores. En el caso de la escuela, la gratuidad es absoluta, no existiendo copago de ningún tipo. Todo el costo de la educación debe ser cubierto por el voucher o bono escolar, que es igual para sostenedores públicos y privados. De esta manera, todas las escuelas se han abierto a todos los jóvenes evitando el incremento de la segregación socioeconómica.

Un tema muy relevante para la discusión chilena es el del lucro, que en Suecia se acepta sin restricciones. Al respecto, es de interés preguntarse sobre el origen del lucro, ya que, como se ha visto, las empresas no pueden realizar ningún cobro que supere el copago que reciben los gestores públicos o, en el caso de la escuela, solo deben financiarse con el bono recibido. Pues bien, el margen de ganancia está simplemente dado por la ineficiencia comparativa del sector público. Todo el lucro proviene de la capacidad de producir servicios más atractivos a costos inferiores que los ofrecidos por el sector de gestión pública que es el que, a través de sus costos, determina el nivel de los bonos o vouchers del bienestar.

Por ello, eliminar el lucro y al empresariado del sector del bienestar no le reportaría ahorro alguno al fisco ni a los contribuyentes. Lo único que se lograría sería cerrarles las puertas a miles de emprendedores que han sido de gran provecho para quienes han elegido sus servicios y también para el sector público que, bajo la presión de la competencia, ha debido hacerse más atractivo para ciudadanos que ya no son sus súbditos o “clientes cautivos” sino consumidores libres o, dicho de otra manera, ciudadanos empoderados. Sobre todo esto se requiere un debate abierto e inteligente en Chile. Sería muy lamentable emprender un camino, el del gran Estado-patrón, que otros han tenido que desandar. Se puede construir un Estado del bienestar distinto, que una la fuerza creativa de la competencia, la diversidad y el capitalismo con un profundo compromiso solidario, pero para ello no hay que dejarse llevar por las consignas de quienes creen tener la razón por el simple hecho de gritar más alto.

Mauricio Rojas es profesor adjunto en la Universidad de Lund en Suecia y miembro de la Junta Académica de la Fundación para el Progreso (Chile).

Este artículo fue publicado originalmente en Pulso (Chile) el 13 de mayo de 2014.