En los procesos sociales hay dos planos diferentes pero que se complementan de modo tal que no resulta posible escindirlos. Por un lado, el continente y, por otro, el contenido. Lo primero alude a lo que habitualmente se denomina “libertad política” que consiste en todo el tejido institucional que garantiza las libertades individuales. Éstas últimas consisten en las acciones cotidianas de las personas en libertad, siempre y cuando no lesionen iguales derechos de terceros.

 

Tengo buenos amigos que se dicen “liberales de izquierda”, término decimonónico que comenzó a emplearse por el genial Frédéric Bastiat con un sentido que fue ubicado con anterioridad a la Francia contrarevolucionaria lo cual integraba en aquél binomio una misma significación. En cambio, contemporáneamente, son personas que provienen a secas de la izquierda moderna pero que finalmente han reconocido algunas de las enormes ventajas que propone el liberalismo. Es un primer paso en dirección a aceptar todas las ventajas que proporciona la libertad, pero como no han estudiado campos tales como al economía ni se interesan en esa rama del conocimiento, rechazan buena parte de los procesos de mercado.

 

Esta postura, en última instancia, se traduce en que adhieren al continente pero curiosamente rechazan el contenido. Es decir, alaban la libertad política pero cuando cada uno procede a disponer de lo que lícitamente adquirió les niegan esa posibilidad. En otros términos, queda el continente vacío de contenido, lo cual se convierte en un sinsentido.

 

Y tengamos en cuenta que cuando se hace referencia a las izquierdas, debe distinguirse claramente el origen tan fértil de aquellos que en los prolegómenos de la Revolución Francesa se sentaron en la Asamblea a la izquierda del rey para desde allí objetar el antiguo régimen de privilegios y para sugerir enfáticamente la libertad y el respeto a todos, lo cual se degradó en grado superlativo con el advenimiento de la contra-revolución: el terror, la guillotina, los jacobinos y la oposición a los preceptos originales. En todo caso, con el paso del tiempo, las izquierdas perdieron su sentido primero y a cada paso recurren a las botas de los aparatos estatales para intervenir y negar los derechos de las personas hasta cuestionar el derecho de propiedad y transformar la proclamada igualdad ante la ley en igualdad mediante la ley (tengamos en cuenta que la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 aludía en su primer artículo a la igualdad de derechos y en el segundo que esos derechos son a la libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión).

 

Del mismo modo que ocurre con todas las etiquetas, no puede ponerse a todos en la misma bolsa. Eso no solo va para los izquierdistas sino también para los liberales y todas las corrientes intelectuales, a menos que se trate de totalitarios que se arrogan la facultad de imponer el pensamiento único, lo cual contradice toda idea de pensamiento.

 

Demos un ejemplo a vuelapluma, subrayando que, como queda dicho, hay excepciones en los diversos enfoques. Los “liberales de izquierda”, en general, insisten en la necesidad de “redistribuir ingresos”, situación en la que ocurre lo siguiente: la gente distribuye sus recursos en los supermercados y equivalentes con lo que se premia a algunos con ganancias y se castiga a otros con pérdidas. Pero henos aquí que a la salida de los supermercados, las estructuras y reparticiones gubernamentales vuelven a distribuir por la fuerza lo que distribuyó pacífica y voluntariamente la gente.

 

Lo dicho significa que se despilfarran factores de producción con lo que naturalmente se consume capital que es lo único que explica el incremente en salarios e ingresos en términos reales. Esta es la diferencia entre un país pobre y uno rico. No se trata de la metereología, de aspectos étnicos (por lo que eso pueda significar) o de recursos naturales (África es el continente que dispone mayor dosis de recursos naturales, mientras Japón es un cascote en el que solo es habitable en veinte por ciento).

 

Entonces, las diferencias o deltas de ingresos y patrimonios de las personas son del todo irrelevantes, el asunto consiste en que se administren del mejor modo posible a criterio del plebiscito diario del mercado (y tengamos en cuenta que el mercado significa millones de arreglos contractuales que cotidianamente celebran las personas que usan y disponen de los suyo). En todo caso es relevante el promedio ponderado de ingresos al efecto de verificar en que climas de libertad mejoran todos (incluso los mendigos ya que las limosnas son más abundantes en Canadá que en Sri Lanka)

 

En todo este contexto la propiedad privada resulta medular. Como los bienes y servicios no crecen en los árboles y no hay de todo para todos todo el tiempo, la asignación de ese derecho hace que las posiciones patrimoniales cambien de manos según su respectiva atención a los requerimientos de los demás.

 

Desde luego que esto no ocurre si los gobernantes les otorgan a los comerciantes privilegios. En este caso, sus ingresos y patrimonios no obedecen a la eficiencia para atender las demandas del prójimo sino como consecuencia de su miserable explotación.

 

Es pertinente recordar que Marx y Engels en el Manifiesto Comunista declaran que “pueden sin duda los comunistas resumir toda su teoría en esta sola expresión: abolición de la propiedad privada”. Dejando de lado las masacres stalinistas y equivalentes, en todas las variantes socialistas, en la medida en que se afecta la propiedad privada, dejan de tener sentido los precios (que precisamente expresan las estructuras valorativas cruzadas de las partes que intercambian propiedades) y, por tanto, desaparece la posibilidad de evaluación de proyectos y contabilidad ya que,

como queda dicho, los precios no son simples números que las autoridades gubernamentales dictan. Por su parte, los fascismos son estratégicamente más eficaces en imponer el totalitarismo puesto que permiten que se registre la propiedad a nombre de privados pero usan y disponen desde el aparato estatal, lo cual deriva en el mismo significado que de los socialistas pero con un disfraz distinto.

 

En la tradición republicana, los gobiernos han sido concebidos para la protección de los derechos de los gobernados no como una gracia o un favor sino para garantizarlos y, sin embargo, resulta que se embarcan en todo tipo de aventuras incompatibles con sus funciones menos lo que deben hacer, a saber: instaurar seguridad y justicia para que cualquiera que sufra una invasión en sus derechos deba ser castigado con toda la fuerza de la ley.

 

Las mal llamadas “conquistas sociales” son figuras demagógicas que perjudican a los más necesitados. La típica son los salarios mínimos impuestos por decreto. Esto revela que no se ha entendido el tema. Los salarios dependen exclusivamente de las tasas de inversión y no de la voluntad de políticos (si fuera así habría que decretar que todos fuéramos millonarios y no andarse con porcentajes tímidos).

 

El salario mínimo -por definición superior al de mercado- logra el efecto contrario al propuesto: expulsa del mercado laboral a los que más necesitan trabajar. Es por eso que aparece el mercado negro tan criticado por mucha gente sin percatarse que es la defensa que tiene la gente para no morirse de hambre puesto que los niveles políticos del “blanco” y los consiguientes impuestos al trabajo los afecta gravemente y quedan desempleados.

 

En este cuadro de situación, muchos liberales de izquierda machacan con que está bien aceptar los resultados de los esfuerzos personales pero constituye una “injusticia social” el que algunos partan en la carrera de la vida con ventaja debido a herencias recibidas. Este razonamiento es autodestructivo. Si se sigue con esa metáfora deportiva de la carrera, al partir todos sin ventajas patrimoniales, el que hizo el mayor esfuerzo exitoso y llegó primero deberá ser nivelado nuevamente ni bien se largue la segunda carrera ya que su prole no podría recibir el resultado de los esfuerzos de su padre con lo que lo realizado en la primera disputa deportiva resultó inútil.

 

Es debido a la nefasta idea de la redistribución coactiva que se adopta el impuesto progresivo, lo cual, a diferencia del proporcional, implica que las alícuotas son crecientes a medida que aumenta el objeto imponible. Esto tiene cuatro efectos principales. En primer término, es un privilegio para los ricos que se ubicaron en el vértice de la pirámide patrimonial antes de introducir el mencionado gravamen.

 

En segundo lugar, altera las posiciones patrimoniales relativas, con lo que se contradicen las previas indicaciones operadas en base a las preferencias de la gente que, a su vez, significan derroches de capital que, como hemos señalado, hacen mermar los salarios. Asimismo, el impuesto progresivo es regresivo ya que las tasas más altas a los de mayores patrimonios hacen que los salarios de los menos pudientes se contraigan, por las razones antes apuntadas. Por último, resulta por lo menos extraño que se diga que debe producirse lo más que se pueda y, al mismo tiempo, se castiga fiscalmente en grados progresivos (y no proporcionales) a los que mejor lo hacen.

 

Finalmente destaco una vez más que el término “justicia social” puede tener solo dos acepciones. Una grosera redundancia ya que la justicia no puede ser mineral, vegetal o animal o, de lo contrario, la acepción más difundida, es decir, el sacarles a unos lo que les pertenece para entregarlo a quienes no les pertenece, lo cual contradice abiertamente la clásica definición de Justicia en cuanto a “dar a cada uno lo suyo”.