Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor; ignorante, sabio, chorro;  generoso o estafador: todo es igual, nada es mejor…

En estos días, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, confirmó públicamente que tenía gran parte de sus ahorros depositados en cuentas bancarias fuera del país, Holanda y EE.UU.

 

Su franqueza vasca llegó a un  punto tal que confesó la cifra: 88 millones de pesos que fueron producto de una bonificación recibida de mi anterior empleador ( Shell )  en acciones que estaban en el exterior  y que al asumir como ministro  fueron vendidas para no incurrir en un conflicto de intereses.

 

Luego, como buen eúskaro -totalmente carente de malicia- siguió manifestando  que lo tengo en una cuenta a la vista, porque soy muy malo como inversor, con un interés del 0,1 % anual.

 

Hasta aquí nada sería objetable sino,  por el contrario, elogiable. Porque en el turbio espacio donde se mueven políticos y autoridades públicas, sólo abundan fingimientos y tapujos. No existen testimonios de tamaña claridad conceptual ni de tanta sinceridad como el de Aranguren, sin falsedades ni hipocresías.

 

Sin embargo, en la picaresca criolla, la anterior anécdota quedó obnubilada porque el ministro reafirmó su posición diciendo que esta decisión tiene que ver con la confianza que hemos perdido en la Argentina. Todavía lo sigo teniendo y veré el momento en que volveré a traer el dinero  a medida que recuperemos la confianza, porque en una Argentina donde había un cepo cambiario no tenía sentido dejarlo. El que se quemó con leche ve una vaca y llora.

 

Aquí fue el desastre y  la hecatombe. Era imposible que ciertos fariseos, sedicientes comunicadores sociales, pudiesen tolerar tamaña sinceridad y  nada menos que de un ministro de Mauricio Macri.   Aranguren tendría que haber fingido fervor progresista y un espíritu de austeridad aún cuando careciere de ambos  atributos o  hubiese abjurado de ellos, porque entonces sí que sería venerado como un funcionario políticamente correcto.

 

En la modernidad argentina  parece ser infinitamente más piola el político que promueve el saqueo de miles de millones de dólares de las arcas públicas para llenarse los bolsillos, que quien confiesa claramente ser un empresario valiente y honrado,  que se plantó frente a las iniquidades de un gobierno arbitrario y resistió las presiones de rendición o la exigencia de abonar coimas para seguir haciendo negocios lícitos y honestos.

 

Cierta  prestigiosa figura  en el ámbito de las finanzas  internacionales,  ha podido señalar en twitter y facebook que,  tratándose de un ministro no es un tema de derechos, sino  de ética política. Pésima señal ha dado [Aranguren], porque si él,  que está en el gobierno, no tiene confianza en lo que está haciendo se tiene que ir.

 

Otro eminente analista económico le replicó: Aranguren  se equivocó en lo que dijo (sobre la confianza), NO en tener la plata afuera. El ministro o quien fuese puede tener los fondos donde quiera. Y si el tema es de ética política, habrá que ver quién tira la primera piedra. Rescato el absoluto derecho del ministro Aranguren a tener su plata donde se le cante. Perseguirlo con ese tema es un ataque personal. Disputo la idea básica de que tener los fondos fuera del país no es ético, como si él  tuviera que atenderse obligatoriamente en un hospital público, en mandar sus  hijos a una escuela del Estado o  preferir acciones de YPF antes que comprar las de Axion Energy.  Eso no es ética.

 

Sin embargo nos parece que toda esta controversia es totalmente confusa y errónea. Muestra la desorientada visión que seguimos teniendo sobre las causas de nuestra decadencia de hace 70 años. Pero también incurre en esta deformante perspectiva la defensa que el presidente Mauricio Macri hiciera del ministro Aranguren.

El ministro Aranguren sólo es criticable pero otra razón mucho más sustancial, importante y decisiva que la del derecho a dejar sus ahorros fuera del país o su deber de repatriarlos para que sean  arrebatados por esa máquina trituradora que es el Sistema Impositivo Argentino.

Se trata de que él y sus colegas del gabinete de ministros de Cambiemos están ahora en el Gobierno. Ellos son los que tienen el poder. Ellos ocupan los cargos de mayor relevancia en el Estado.

El Estado es un ente de razón jurídica que consigue existir actuando en sí mismo porque se atribuye el derecho absoluto de arrebatar nuestros ingresos mediante impuestos o la facultad omnímoda de  regular la acción privada con leyes que limitan la libertad de elección en los contratos particulares, reemplazándolos por regulaciones que privilegian a grupos corporativos cuasi mafiosos.

El ministro Aranguren y el gabinete nacional, todos ellos sufrieron en carne propia las razones por las que es imposible ahorrar e invertir en el país. También reconocen que, en el pasado, tuvieron que convertir en dólares los ingresos de su trabajo personal, para transferirlos sigilosamente a cuentas bancarias fuera del país con el fin de ponerlos a salvo de la codicia y el  arrebato en manos de políticos impresentables.

Entonces de lo único que se le podría inquirir, cuestionar o recusar a Juan José Aranguren es de no haber contribuido a remover con valentía e imaginación las trabas que paralizan el crecimiento y la expansión económica de Argentina.

Específicamente sólo podríamos acusarlo de que él no haya insistido tercamente, como buen vasco, para que el gabinete del presidente Macri hubiese llevado adelante y sin demoras, las iniciativas tendientes a terminar con estas causas de la secular decadencia argentina:

La insensata emisión de moneda espuria  que, desde la nacionalización del Banco Central a la fecha,  ha sufrido inconvertibilidades, hiperinflaciones, cepos, controles de cambio, corralitos y corralones, impedimentos para usar monedas convertibles y la salvaje eliminación de 13 dígitos al signo monetario en los últimos 48 años.

El perverso sistema de impuestos múltiples, compuesto ahora por 98 impuestos que arrebatan el 75% del valor económico creado por las personas físicas que trabajan honestamente en el sector privado.

El mafioso régimen de juicios laborales que permite saquear a las empresas pequeñas y medianas constituyendo circunstanciales asociaciones ilícitas para aprovechar los litigios entre obreros y empleadores.

El predominio del monopolio sindical que trata a los sectores de actividad como algo uniforme en todo el país, consagra la ultra-actividad, abusa de los derechos adquiridos e impide la libre negociación de convenios colectivos por empresa.

La persistencia de un Estado torpe e inepto que pretende regular la vida privada de los ciudadanos con registros innecesarios, trámites absurdos, obstáculos legales y trabas administrativas que ahora, para colmo, no serán suprimidas sino informatizadas.

El creciente clima de inseguridad jurídica como consecuencia de sospechas de corrupción en la justicia, la desmesura en la duración de los juicios, la legitimación de chicanas para prescribir, la protección garantísta a los delincuentes, la fácil excarcelación de criminales, los honorarios legales no condicionados al tiempo dedicado ni al nivel intelectual de la tarea y la aparición de sentencias erráticas que alteran o perturban la continuidad de jurisprudencias razonables y sensatas.