Ann Arbor, Michigan. La Suprema Corte de Indonesia redujo sustancialmente la sentencia que condenaba a prisión a Abu Bakar Baasyir, un clérigo extremista de 65 años, acusado de ser el ideólogo de un conocido grupo terrorista, de tres años a apenas 18 meses.

Pese a la enorme peligrosidad que algunos países, como los Estados Unidos, atribuyen insistentemente a Baasyir, quien sería la cabeza principal de “Jemaah Islamiyah”, una activa organización terrorista asiática, con lazos no solo ideológicos, sino operativos, con Al Qaeda.

La misma que fuera responsable, entre otros atentados, del cobardemente consumado en una discoteca de Bali, en el que murieran cientos de inocentes turistas, muchos de ellos australianos.

Baasyir siempre ha negado categóricamente toda vinculación con el terrorismo. Pocos le creen. Pero la posterior detención de un conocido y buscado terrorista asiático: Riduan Isamuddin, más conocido como “Hambali”, parece haber generado información reveladora de la participación directa de Baasyir en el terrorismo. Ella ha sido ya suministrada a las fuerzas de seguridad y a los fiscales de Indonesia, quienes no la pudieron, hasta ahora, utilizar judicialmente, por no tener ellos acceso directo y confirmatorio al mentado “Hambali”, quien estaría detenido -en condiciones de máxima seguridad- en la aislada isla de Diego García, en medio del mar. Seguro, entonces.

Por esto, los norteamericanos están estudiando aceleradamente la posibilidad de generar un repentino “encuentro” de los funcionarios de Indonesia con “Hambali”, quien habría asegurado, más allá de toda duda, que Baasyir personalmente tuvo a su cargo la supervisión y dio su expresa conformidad con relación al atentado de Bali. Lo que lo implicaría directamente y evitaría de otro modo que su liberación le permitiera escapar.

Estas dificultades están complicando mucho la lucha contra el terrorismo.

A ellas cabe atribuir, por ejemplo, la reciente decisión judicial alemana de liberar a Mounir el-Motasodeq, el único partícipe de los atentados del 11 de septiembre del 2001 que había sido condenado. En este caso porque no se pudo lograr que los letrados actuantes pudieran tener acceso a la información suministrada por Ramzi Binalshibh, otro importante terrorista, también detenido.

Razones de seguridad en el manejo de la información disponible pareciera no permitir facilitar a terceros el acceso a ella. Pero las consecuencias alimentan la secuela de frustraciones que estamos observando en el plano judicial.

Algo parecido sucedió, asimismo, en el juicio de Abdelghani Mzoudi, quien fuera dejado en libertad por no poder disponerse del referido testimonio de Binalshibh, que también -aparentemente- lo involucraría.

Preocupante. Para peor, se extiende la sospecha que, además de las dificultades apuntadas, existe algún deseo del gobierno de Indonesia de tratar de “dejar en paz” a los apresados, sin hacer demasiado ruido. Para así tranquilizar a una nación fuertemente musulmana que tiene, por lo demás, un profundo y generalizado resentimiento anti-americano.

El resultado pudo bien ser la liberación de un hombre de quien los más importantes servicios de inteligencia sospechan abiertamente que podría estar ubicado en el corazón mismo del terrorismo fundamentalista. Peligroso, por lo demás.

Pero fue así. Tan pronto quedó en libertad, la policía de Indonesia lo volvió a detener. Ahora, con más posibilidades de probar su culpabilidad. Parece lógico, por el carácter del detenido y su máxima peligrosidad.
© www.economiaparatodos.com.ar



Emilio J. Cárdenas es Profesor Visitante en la Universidad de Michigan, Estados Unidos.