El gobierno anunció que está evaluando decretar un aumento de 50 pesos en los salarios del sector privado e incorporar una cifra similar a la parte de los sueldos sobre la que las empresas pagan impuestos. Dejemos de lado esta última eventual decisión y analicemos el incremento de 50 pesos. La pregunta es: si es tan fácil aumentar los salarios por decreto, ¿por qué ser tan mezquinos a la hora de escribir algo en el papel? ¿Por qué si el salario depende de la voluntad del gobernante de turno, no agregar un cero a la propuesta y decretar un incremento de 500 pesos o, para ser más bondadosos todavía, por qué no 5.000 pesos de aumento? Total todo depende de una firma del presidente.

En un momento en el que la desocupación es alta, las inversiones son escasas y la voluntad de invertir es más reducida aún, la medida que analiza el gobierno tendría los siguientes efectos:
a) mejorar la situación de los que hoy tienen trabajo,
b) reducir la rentabilidad de las empresas que son las que deberán afrontar los mayores costos laborales,
c) aumentar la marginalidad de los que hoy están sin trabajo,
d) hacer crecer el trabajo en negro, y
e) desestimular la inversión en los sectores mano de obra intensiva.

Claro, en el corto plazo, es mucho más redituable políticamente anunciar medidas de este tipo que avanzar por el largo pero sólido camino de crear un ambiente de negocios que genere una avalancha de inversiones para que, primero, las empresas demanden más trabajo y así baje la desocupación y, luego, una vez derrotada la desocupación, la demanda de las empresas incremente el salario nominal y real. No tengo ninguna duda de que éste es un camino más largo, pero tampoco tengo ninguna duda de que es la única forma de no mentirle a la gente.

Si el gobierno llegara a poner en práctica el aumento de 50 pesos, estaría confirmando que el corazón de su política económica no se centra en la generación de riqueza, sino en repartir lo poco que se produce. Ya lo hicieron al mantener el impuesto a las exportaciones de soja y al aumentárselo a las ventas de petróleo al exterior. Sectores que para el gobierno ganan “mucho” deben tributar más para repartir. La política de obras públicas es otro ejemplo. Se le cobra impuestos a una parte de la sociedad y se los transfiere a los sectores que producen insumos para la construcción pública, otro ejemplo de redistribuir lo que hay en vez de aplicar una política para aumentar lo que se produce incentivando, insisto, la inversión.

El resultado final de esta estrategia de redistribución populista no puede tener otro destino que el de igualar hacia abajo. Dicho en otras palabras, el gobierno tiene dos caminos para encarar la política económica:
a) hacer lo que está haciendo, es decir, redistribuir compulsivamente lo poco que se genera, recortando utilidades en las empresas para transferírselas a los que tienen trabajo, o
b) crear las condiciones institucionales para que las empresas inviertan, tengan utilidades y, no por voluntad de un decreto sino por inevitable efecto macroeconómico, tengan que pagar más salarios y dar mejores condiciones laborales para conseguir mano de obra.

El primer camino lleva a una igualación hacia abajo. Todos tenderán a ser más pobres, salvo un reducido grupo de personas, entre las cuales, obviamente, se encontrará parte de la dirigencia política.

El segundo camino conduce a una generalización de la prosperidad. Una política de bienestar para todos, al decir de Ludwig Erhard, el impulsor del milagro alemán de posguerra.

Como dice un amigo mío: el papel aguanta cualquier cosa, así que los políticos no se privan de nada a la hora de escribir las estupideces más grandes. Lo que no aguanta cualquier cosa es la realidad.

Una vez más vale la pena recordar que en economía se puede hacer cualquier cosa menos dejar de pagar los costos de los desatinos. © www.economiaparatodos.com.ar