El artículo 29 de la Constitución Nacional dice: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de infames traidores a la patria”.

Cuando en enero de 2002 el Congreso aprobó la derogación de la Ley de Convertibilidad, por la cual el Estado se había comprometido a entregar un dólar por cada peso en circulación, automáticamente autorizó al Ejecutivo a emitir moneda, devaluar el peso y generar una fenomenal transferencia de ingresos y patrimonios. La fortuna de los argentinos quedó a merced del Poder Ejecutivo nacional. Los activos perdieron su valor, los ingresos de la gente se evaporaron detrás de la devaluación y la inflación y los ahorros de los ciudadanos se perdieron por una decisión administrativa.

Ahora bien, a principios de 2002, ¿era inevitable la devaluación, por lo que el Estado no pudo impedir semejante destrucción de riqueza? ¿Fue el gobierno de Eduardo Duhalde víctima de una crisis heredada o él la creó o bien la agigantó?

La existencia del disparatado corralito establecido por Domingo Cavallo no era, desde el punto estrictamente técnico, condición que obligara a devaluar. El gobierno de Duhalde podría haber levantado el corralito, no haber devaluado y haberle transferido a los bancos la responsabilidad de conseguir los dólares para hacer los pagos en ventanilla. Sin necesidad de devaluar, los bancos podrían haber recibido un aporte de capital de sus accionistas para pagar los depósitos hasta que recuperaran sus créditos, renegociar con sus depositantes el plazo de pago de los depósitos o bien decidir bajar la persiana, liquidar los activos y pagar los pasivos como ocurre en cualquier quiebra de una empresa privada. Pero, insisto, Duhalde y el Congreso Nacional no pueden escudarse en la existencia del corralito para justificar haber devaluado.

La devaluación tuvo otros motivos. Según el gobierno de Duhalde era porque el modelo estaba agotado, frase que no dice nada para relacionar modelo económico y devaluación. Yo no sé si Duhalde devaluó por venganza ideológica, por capricho, por acción del lobby de unos pocos sectores empresariales, por ignorancia de lo que vendría atrás o por una mezcla de todos estos ingredientes. Lo cierto es que en el mismo momento en que el Congreso derogó la Ley de Convertibilidad dejó que la fortuna de los argentinos quedara en manos del Ejecutivo nacional.

A partir de ese momento el Ejecutivo pudo, y de hecho lo hizo, destrozar los ingresos de la gente haciendo que las personas endeudas en dólares no pudieran hacer frente a sus obligaciones, transformó en incobrables las carteras crediticias de los bancos, hizo que fueran impagables los depósitos, generó una fenomenal transferencia de ingresos de los sectores de ingresos fijos hacia determinados sectores empresariales y destruyó el crédito en la Argentina, comprometiendo seriamente el futuro económico de los argentinos.

Lo que todos debemos tener en claro es que el mercado no devaluó, ni era necesario devaluar por efecto de la corrida financiera. Es más, para evitar todo lo que ocurrió hasta podría haberse dolarizado la economía. Por eso, quien devaluó el peso fue Duhalde con la autorización del Congreso de ese momento. Y quienes votaron alegremente la derogación de la Ley de Convertibilidad pusieron en manos de Duhalde el arma necesaria para poder decidir sobre la fortuna de los argentinos.

Todos sabemos que buscar hoy una solución justa a la crisis que impulsaron en enero de 2002, y que quede claro que no incluyo en el caso de la devaluación los horrores cometidos por el binomio De la Rúa-Cavallo, es imposible.

Lo que quiero resaltar en esta nota es que cada uno de nosotros tendremos que asumir nuestras pérdidas frente a semejante destrozo. Pero, al mismo tiempo, creo que la mejor forma de recuperar la confianza en la Argentina tal vez no pase por la redolarización de los depósitos. La mejor forma de reconstruir la confianza es que por una vez en la vida apliquemos la Constitución Nacional y que quienes le otorgaron facultades extraordinarias al Ejecutivo, quien a su turno no vetó la ley sino que las utilizó, sean juzgados como Infames Traidores a la Patria.

Si alguna vez quienes llegan a la función pública son sancionados por su incapacidad y por los destrozos que hacen, más de uno va a pensar mucho las medidas a tomar antes de actuar arbitrariamente y otro será el futuro del país.

Lamentablemente, por ahora, no sólo no se juzga a quienes violaron la Constitución, sino que, encima, los responsables son premiados con nuevos cargos públicos y, algunos de ellos, con remuneraciones en dólares o euros, sin pesificación alguna. © www.economiaparatodos.com.ar