| La semana pasada estaba paseando por el centro comercial de Cariló y entré en un negocio a comprar un CD. Cuando ingresé al local inmediatamente vi a un inspector de Rentas de la Provincia de Buenos Aires controlando no sé qué papeles. El inspector estaba vestido con una remera negra con una gran inscripción que lo identificaba como empleado de Rentas de la provincia.
Mientras la persona del negocio me estaba atendiendo, el inspector le pidió que firmara una planilla y le decía que estaba todo en orden y que si volvía algún otro inspector tenía que mostrarle un determinado papel en el cual se dejaba constancia que ese negocio había sido inspeccionado y todo estaba correcto. Tengo que confesar que cuando el inspector, que tenía muy buenos modales, le dijo a la persona al frente del local que todo estaba en orden, tuve que controlarme para no decirle al pobre inspector lo siguiente: “bueno, ahora que ya inspeccionó a este local, vaya al Congreso de la Provincia de Buenos Aires y verifique si también está todo en orden”.
La verdad es que el inspector no tiene la culpa, pero francamente indigna ver como un pequeño negocio es controlado tan celosamente mientras en la provincia de Buenos Aires los diputados y senadores se aumentan el presupuesto en medio de acusaciones entre el gobernador y los duhaldistas. En otras palabras, mientras ese pequeño comercio está creando riqueza, los legisladores bonaerenses se apropian de parte de esa riqueza para tener su caja política. El descaro con que se están disputando los fondos y el poder en la provincia de Buenos Aires se contrapone con las exigencias que el estado provincial le impone al contribuyente.
Si el contribuyente no paga los impuestos, es un evasor que tiene que ser sancionado. Si los burócratas se aumentan los sueldos y se reparten la caja, están haciendo política. El contribuyente puede ser sometido a todo tipo de vejámenes por parte del ente recaudador y ser sancionado con toda la dureza si incumple con alguna norma tributaria. El político puede hacer cualquier desastre con los fondos públicos porque sus actos son políticos. Detrás de la máscara de la legalidad, los gobernantes pueden robarle a la gente sus ingresos para financiar sus actividades políticas y no pasa nada.
Claro, alguno podrá argumentar que si los políticos asignan mal los recursos de los contribuyentes, en las próximas elecciones no hay que votarlos. El problema es que la sanción de no votarlos en las próximas elecciones es una sanción mínima, porque en el medio los tipos se hicieron millonarios y se van a sus casas como si nada hubiera pasado. Lo que en definitiva estoy sosteniendo es que la sanción que se le puede aplicar a los funcionarios que roban en forma “legal”, escudándose en decisiones de carácter político, es tan leve, que el costo-beneficio de robar está totalmente desbalanceado. Por eso se mueven con total impunidad. Porque saben que el costo que pueden tener que asumir por malgastar los recursos de los contribuyentes es mínimo en comparación al beneficio que pueden obtener.
Si un delincuente sabe que si comete un delito y lo pescan le van a aplicar una pena leve o que si la pena es alta no se la aplican, el tipo sigue cometiendo delitos porque el costo-beneficio de delinquir induce a hacerlo. Lo mismo sucede con buena parte de nuestra dirigencia política. Saben que la posibilidad de no ser reelectos en algún cargo público es muy lejana gracias a la lista sábana. Pero aún no siendo reelectos tienen la posibilidad de ocupar cargos públicos para los cuales no tengan que ser sometidos al voto de la gente. ¿Hace falta que dé ejemplos al respecto de ex funcionarios que hicieron desastres y hoy están en puestos muy bien remunerados en el exterior? La impunidad en la órbita estatal es la gran desgracia argentina.
Voy a dar otro ejemplo que extraigo de los días que pasé en Pinamar. La calle Libertador entre Bunge y De las Artes es la zona más céntrica de Pinamar. Es como decir Florida y Corrientes en la Capital Federal. En esos 100 metros hay unos tipos con el típico trapito “cuidando coches”. Pero en Pinamar el trapito es sólo uno de los instrumentos que utilizan. Aunque no me crea, los tipos tienen silbatos con los que dirigen el tránsito para que salga un auto y estacione el otro. Los tipos se paran en el medio de la calle y haciendo sonar el silbato paran los autos para que sus “clientes” puedan maniobrar cómodamente.
Pero la cosa no termina en este punto. Un día, a las 12 del mediodía me quedé mirando como uno de estos cuidacoches dirigía el tránsito con su silbato y a escasos 50 metros dos policías conversaban animadamente como si nada ocurriera. Apuesto hasta lo que no tengo a que si yo me hubiera parado en el medio de Libertador entre De las Artes y Bunge con un silbato a dirigir el tránsito esos mismos policías me hubieran llevado preso.
Alguien podrá argumentar que es preferible que esos cuidacoches actúen al estilo mafias para ganarse unas moneditas antes de que salgan a robar. Este argumento es el típico argumento que explica la decadencia argentina. Como el Estado no hace otra cosa que macanas y no permite que se creen puestos de trabajo eficientes, entonces, en vez de que los tipos vayan a robar, que el robo sea disfrazado de legal autorizándolos a “cuidar” coches y a dirigir el tránsito a su antojo. Sino no se explica que habiendo policía en esa cuadra tenga que haber cuidacoches. ¿Para qué está la policía?
Pregunta: si año tras año veo lo mismo en Pinamar, ¿el intendente no ve lo que ocurre en pleno centro de la ciudad?
¿Mi conclusión? Creo que ni Al Capone podría haber inventando un sistema mafioso tan extendido como el que estamos padeciendo en la Argentina. © www.economiaparatodos.com.ar |
