La persecución abierta de la que está siendo objeto uno de los profesores de derecho constitucional más eminentes de Venezuela, Tulio Alberto Álvarez, es realmente paradigmático. Muestra a las claras cómo el régimen de Hugo Chávez Frías acosa a la oposición manejando todos los recursos del poder que ha sometido a su control efectivo.

Álvarez fue, en el inicio del gobierno de Chávez Frías, convocado por su reconocida capacidad técnica para trabajar en el proceso que designaría la Convención Constituyente que luego elaboraría la actual constitución chavista. Tras cinco meses de trabajo, Álvarez renunció a seguir participando en la labor que se le había encomendado cuando el gobierno decidió apartarse del sistema electoral de representación proporcional -tradicional en Venezuela- y reemplazarlo por el de la mayoría simple absoluta. De esta manera, cabe recordar, Chávez Frías logró, con el 53% de los votos, obtener el 97% de las bancas.

Desde entonces, Álvarez ha militado -abierta y activamente- en la oposición al régimen “bolivariano” de Chávez Frías.

Molesto por sus constantes críticas y acciones, el gobierno de Chávez Frías aprovechó el hecho de controlar ahora la Justicia para prohibirle la salida del país por haber presuntamente difamado a uno de los diputados más cercanos al poder, William Lara. La medida, tomada por primera vez en la historia de Venezuela, fue curiosamente dictada en la audiencia de conciliación convocada por el magistrado actuante.

El caso judicial, en el que Álvarez representaba a un sindicato, se refería a un presunto desvío ilegal de fondos por parte de William Lara de la Caja de Ahorro que ampara a los jubilados de la Asamblea Nacional de Venezuela.

La insólita prohibición de salir del país fue dispuesta pese a que, conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la que Venezuela es ciertamente parte, “no se admitirá condena por difamación contra ningún ciudadano que cuestione la gestión de un funcionario público de su país”.

Esa norma procura, obviamente, proteger el derecho fundamental de los ciudadanos de denunciar los ilícitos que pudieran cometerse desde el poder público. De allí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos la haya ya invocado -dos veces- para revocar sentencias de tribunales de Costa Rica y Paraguay que habían condenado a dos escritores de los respectivos países por supuestas difamaciones contra funcionarios públicos (los casos “Herrera Ulloa” y “Canase”, respectivamente).

Las señales de que el autoritarismo está creciendo preocupantemente en Venezuela siguen llegando. Lo sucedido con el catedrático antes aludido es sólo una más. © www.economiaparatodos.com.ar



Emilio Cárdenas es ex Representante Permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas.