Desde hace más de una semana, el feudo de los Rodríguez Saá se ha constituido en noticia, debido a los “escraches” al actor Dady Brieva y el incendio de las oficinas del productor Jorge Rodríguez. Ambos se encuentran filmando en suelo puntano gracias a la ley de cine local, que destina 25 millones de pesos anuales a financiar y auspiciar producciones cinematográficas.

La noticia comenzó en los espacios de espectáculos y luego se traslado a las páginas de interés general. Es que “el Adolfo” y “el Alberto” se han propuesto hacer de San Luis el Hollywood de la Argentina a costa de los contribuyentes. Ningún mal pensado sospechará que los Rodríguez Saá están invirtiendo y arriesgando de sus propios bolsillos, más allá de cómo los hayan engrosado.

El actor Dady Brieva dijo que quienes lo atacaron son “fascistas trasnochados” y radicó una denuncia en los tribunales locales por coacción a la libertad de trabajo. Jorge Rodríguez, por su parte, está convencido que la industria creará empleos genuinos. Lo cierto es que esa entelequia llamada provincia se ha convertido en coproductor y dice no apuntar al cholulismo sino a generar fuentes de trabajo.

Del otro lado, la oposición expresa que el dinero que se malgasta para satisfacer un capricho del gobernador es el que dispone la provincia para atender a los pobres, los problemas de salud y a los discapacitados.

Pero ninguna de las partes en disputa comprende cuál es el problema de fondo. Ambas están discutiendo sobre el reparto del botín, porque el “robo legalizado” se produjo en el momento en que se cobraron los impuestos. Los pobres, las cuestiones de salud y los discapacitados son varias de las tantas excusas que tienen los gobernantes para sacarle por la fuerza el fruto de su trabajo a los que verdaderamente producen.

Seguramente hay causas en apariencia más nobles que otras, pero de ningún modo el origen de los fondos que se utilizan para ellas los exime de ser considerados como un robo.

Brieva comentó en varios programas de televisión que es la primera película que dirige y no tiene un fin comercial, de modo que no tenía otro mecanismo para poder filmar según sus propias palabras. Su película se llama “Decile a San Antonio”, pero él fue a decirle al Alberto que tenía el sueño del pibe y quería contar una historia. Como la película es la número 16 que se filma en San Luis, el actor pensó que “todo ya estaba masticado por la gente”. Con frescura y desparpajo, al cuestionársele que si le va mal no deberá devolver un peso, respondió que la ley es así. Tal vez –dijo– con alguna le vaya bien y así podrán recuperar el dinero que pierden en otras. Sonriente, agregó que quisieron poner a San Luis en el mapa y eso cuesta unos pesitos.

A oficialistas y opositores habría que explicarles que los impuestos no surgen del libre consentimiento del individuo, sino que es una confiscación de sus bienes que realiza el estado (con minúscula porque me niego a continuar con las exigencias escolares que equiparaban la palabra casi con Dios).

Los actores y productores “perjudicados” se quejan por la violencia de la población hacia ellos, cuando en realidad se consideran meros fusibles. Tendrían que saber que la violencia no está representada sólo por un ataque físico. También es violencia toda agresión contra la libertad y la propiedad privada éticamente legítima como el robo, el fraude y la coacción. Por eso hay violencia en pequeña escala en el caso de criminales individuales o pequeños grupos, y a gran escala cuando la cometen grupos organizados dominantes. Lo vemos en el socialismo, comunismo, colectivismo, nazismo, totalitarismo, fascismo y autoritarismo.

A través del estado se institucionaliza la violencia, normalmente ejercida en forma sutil e indirecta mediante la actividad política: confiscación impositiva, intervencionismo social y económico, perversión de la ley y la justicia en nombre de la democracia mayoritaria y el falso bien común.

Por eso es común, precisamente, escuchar que el gran problema es la educación. Pero la educación pública es principalmente adoctrinamiento estatal obligatorio y produce súbditos pasivos, individuos incapaces de pensar por sí mismos y propensos a aceptar las ideologías políticas dominantes. Asimismo, los medios de comunicación estatales y los privados subvencionados con propaganda oficial colaboran con la difusión de falacias comúnmente admitidas.

Toda esta situación contribuye para que la opinión pública no entienda la auténtica libertad y se oponga a ella. Es por eso que muchas personas bien intencionadas dedican grandes esfuerzos a proponer soluciones equivocadas que agravan los problemas sociales.

Desde hace décadas, casi no pasa un día sin que tomemos conocimiento de algún hecho de corrupción. Mientras tanto, oficialismo y oposición discuten desde entonces y prometen ser más honestos, eso sí, con el reparto del botín. Nadie promete que dejará de “robar legalmente”. © www.economiaparatodos.com.ar



La licenciada Ana Caprav es periodista y realizó un master en Comunicación Institucional.