Existe una operación de guerra consistente en apostar un grupo de partisanos en cierto lugar para atacar por sorpresa a la tropa enemiga que debe acudir a ese sitio. Se la llama emboscada porque es una acción artera y de asechanza.

Pues bien, el fisco argentino ha dispuesto poner en marcha exactamente la misma táctica fiscal mediante el inspector encubierto que se presenta candorosamente frente a un pequeño o mediano comerciante para tenderle una celada y aplicarle las máximas sanciones a su alcance.

Aparentemente, la acción estaría inspirada en el vehemente deseo de atacar la evasión fiscal, como si ella fuera una especie de terrorismo civil que el gobierno tiene el derecho de “aniquilar” por cualquier medio a su alcance.

Muy lejanas en el tiempo y la memoria han quedado las promesas de “rebajar los impuestos cuando mejore la recaudación”. Ahora, por el contrario, pareciera prevalecer otra figura retórica que podría expresarse así: “vamos a pensar en reducir impuestos sólo cuando ustedes paguen todo lo que nosotros queremos”.

Esta actitud, decididamente inamistosa y profundamente agresiva, se inicia precisamente cuando el gobierno está obteniendo un abrumador récord en las recaudaciones impositivas. Por primera vez en 60 años, se ha conseguido un superávit primario de más del 4% del PBI; la recaudación tributaria sube un 23% más que la del año anterior, que ya era una marca histórica; en sólo diez meses de 2005 se ha igualado el importe del año pasado; para 2005 piensan cobrar impuestos por $ 118.000 millones y miles de millones de dólares -fruto de la recaudación- se depositan en cuentas oficiales del Banco Nación, aparte de las reservas que acumula el Banco Central.

¿Dónde está entonces el problema de la evasión? ¿No significan estos datos que la enorme masa de contribuyentes cumple con sus obligaciones tributarias? ¿Por qué el Estado responde agresivamente contra ciudadanos que se comportan de buena fe? ¿El fisco pretende expoliarlos?

Cuando se analiza profundamente este estilo de ataque fiscal, sin tregua y por todos los medios, comenzamos a develar una cuestión que generalmente se soslaya, porque son pocos quienes se interesan por las cuestiones públicas fundamentales. O, lo que es peor, porque algunos piensan que pueden salvarse individualmente obrando “por izquierda” y sin enfrentar la realidad.

La verdadera cuestión fiscal de hoy en la Argentina no es la evasión sino la rapiña fiscal, que es su reverso o contracara. Sin embargo, se trata de un delito que no ha sido incorporado al Código Penal y es muy probable que nunca llegue a serlo. Pero no por eso es menos dañino y una de las causas fundacionales de la decadencia nacional.

El Estado puede convertirse en “un vasto latrocinio” cuando cobra formidables impuestos, sin atenerse a límites y sin ofrecer la contraprestación de buenos servicios. Cuando no garantiza el orden público, cuando no protege a los habitantes de la delincuencia, cuando no hace funcionar una justicia decente y rápida, cuando no cuida de la salud pública y cuando no establece una instrucción escolar que permita que los niños y adolescentes desarrollen al máximo su inteligencia y formen su carácter, entonces el Estado se convierte en una losa de peso inaguantable.

En nuestro país, el delito de la rapiña fiscal se produce cuando se convalidan leyes secretas de un gobierno de facto que permiten ocultar el pago de sobresueldos a los funcionarios. También hay rapiña fiscal cuando se gastan impúdicamente cifras desconocidas en la campaña electoral, cuando se disponen dineros públicos para comprar y repartir artefactos domésticos en un alarde de clientelismo electoral, cuando se otorgan dispendiosos subsidios manejados a dedo, cuando el descontrol de las obras públicas provoca que terminen costando el doble del precio de mercado, cuando existe un inmoderado deseo de crear empresas estatales para participar en cuanto negocio permita el manejo de cajas políticas.

En este marco financiero de jarana, disponer medidas draconianas para sancionar la presunta evasión residual sin arbitrar normas que limiten el despilfarro significa una violenta agresión contra la sociedad civil, perpetuada por un Estado que se considera todopoderoso para disponer del patrimonio, la fama y el honor de los ciudadanos.

La Argentina está cayendo en un esquema macroeconómico de “crecimiento empobrecedor”, porque aun cuando el PBI aumenta notoriamente, ello se hace en detrimento de la población que no participa del reparto del Estado. Y ello es consecuencia de un sistema fiscal predatorio que quita a los habitantes gran parte de la riqueza creada con el trabajo, el ingenio o el capital de personas laboriosas.

Nadie ha dicho ni protestado contra la cuádruple imposición amparada en leyes impositivas que gravan cuatro veces el mismo dinero según su origen y destino.

Así, cuando los argentinos ganan dinero, deben pagar 11 impuestos y cargas sociales que les sacan el 22% de lo que acaban de producir.

Luego, cuando gastan ese mismo dinero -comprando bienes de consumo instantáneo o duradero- continúan pagando el 28,5% con otra tanda de 27 tributos.

Seguidamente, cuando usan parte de esos bienes comprados siguen pagando 24 impuestos que llegan al 14% de los mismos ingresos ya gravados.

Por último, si conservan esos bienes dentro de su patrimonio familiar tendrán que volver a pagar 5 impuestos que representan el 1% de los ingresos originarios.

En este contexto, el fisco acumula 67 impuestos, tasas y contribuciones sobre las espaldas de un mismo contribuyente medio. ¿No es un atropello y una violación de los derechos humanos fundamentales imponer una fiscalidad nominal del 65% sobre ingresos genuinamente honestos?

¿Por qué abusar de la sumisión de esta sociedad argentina, paciente y abnegada, introduciendo la táctica fiscal del “inspector emboscado” que pareciera actuar con una capucha para ocultar su rostro y simula compras para tender emboscadas a los comerciantes a fin de caerles encima con saña innecesaria?

Reconocer y rectificar las faltas y los errores cometidos es una muestra de grandeza que esperamos sea la actitud definitiva que adopte el fisco cuando haga el examen de conciencia acerca de esta innecesaria táctica fiscal basada en la emboscada. © www.economiaparatodos.com.ar



Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.