| La imposibilidad de que se reúna la asamblea que debe elegir al rector de la Universidad de Buenos Aires, debido a la actuación de un escaso número de personas, pone nuevamente en evidencia que en nuestra querida Argentina la democracia es reemplazada con cierta frecuencia por otro tipo de formas de gobierno. En este caso en particular, podemos hablar de la “megafonocracia”, ya que quien se atribuye los derechos de representación es un supuesto alumno de la UBA que arenga a sus supuestos compañeros de aulas mediante un megáfono, organizando la “toma” del lugar donde debe desarrollarse la asamblea e impidiendo que se realice.
Me gustaría analizar algunos de los argumentos que se esgrimen y la metodología. Lo primero que argumentan estos supuestos estudiantes demócratas es que uno de los candidatos (concretamente, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Dr. Alterini) fue funcionario de la dictadura militar. En este aspecto hay que tener presente que si entendemos por funcionario a una persona que cobra un sueldo del Estado, sea éste nacional, provincial o municipal, y habida cuenta de que en la época del Proceso además de las instituciones que normalmente tiene un gobierno (me refiero a ministerios, secretarías, etcétera) existía un montón de empresas controladas por el Estado (sólo a modo de ejemplo: Entel, OSN, YPF, YCF, Hidronor, Aerolíneas Argentinas, Banco Provincia de Buenos Aires, Imprenta de la Nación, Segba) podemos decir, siendo muy cautelosos, que entre 3,5 y 5 millones de personas fueron funcionarios del Proceso. Un cajero del Banco Nación, un cocinero de un buque de ELMA o una maestra rural de Entre Ríos tuvieron tal condición. Es más, hay una enorme cantidad de posibilidades estadísticas de que alguno de los padres de los jóvenes que hoy impiden la elección en la UBA haya sido “funcionario del Proceso”, y dudo de que por ese motivo el joven en cuestión haya hecho abandono del hogar y no les hable más a sus progenitores. Puesto en otros términos, una de cada tres personas que trabajaba entre 1976 y 1983 cobraba del Estado, y por lo tanto de los militares. En este orden, si vamos a descalificar a cualquier persona que “no renunció” cuando el Estado era su empleador por tratarse de una dictadura, empecemos por buscar trabajadores en el exterior, porque con los que quedarían no satisfaríamos nuestras necesidades de empleo.
Lo segundo que llama la atención, al menos en lo que puede verse por televisión, son las edades de los supuestos “estudiantes”. O realmente la profesión que han abrazado es la de ser estudiantes para toda su vida, o da la sensación de que hace unos años que deberían haber egresado. Desde mi óptica, la condición de “estudiante” es provisional y se detenta durante los años que dura una carrera, o alguno más. Pero si uno lleva 15 años estudiando debe ser porque estudia bastante poco. Es decir, no es un estudiante.
Por último, lo que me pregunto es: ¿dónde está la autoridad del gobierno para asegurar algo tan elemental como que pueda elegirse al rector de la UBA? ¿No pueden contener a un minúsculo grupo de pseudo-estudiantes o no quieren hacerlo? ¿Por qué es un delito “tomar” un subterráneo y no lo es “tomar” el Colegio Nacional de Buenos Aires para impedir la realización de la asamblea?
El 7 de mayo culmina el mandato del Dr. Guillermo Jaim Etcheverry y para esa fecha debería estar elegido el rector. El gobierno nacional tiene la obligación de generar las condiciones para que la asamblea pueda reunirse sin presiones. Y precisamente en esa asamblea es donde los estudiantes tienen su verdadera representación y participación democrática. Si eligen o no al decano de Derecho por haber sido funcionario debe depender de los legítimos representantes, y no de un grupo de gente con fondo antidemocrático que grita con un megáfono. © www.economiaparatodos.com.ar
Federico Johansen es Licenciado en Ciencias de la Educación (UBA). |
