La famosa canción de los Rolling Stones debe sonar indefinidamente en el repertorio de Eduardo Luis Duhalde, el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

La semana pasada, ni bien se conoció el horrendo asesinato de Lucas, el chico de Moreno, torturado, mutilado y finalmente muerto y carbonizado por los hermanos Romero, Duhalde salió a dar una conferencia de prensa en donde anticipó la intervención del gobierno en el caso dadas “las características del crimen, la edad de la víctima y la condición de la familia”. En ese momento, los detalles que se conocían eran unos pocos. Muchos no se explicaban a qué intervención se refería el secretario, dado que la Constitución veda todo ejercicio judicial al Poder Ejecutivo, pero el mayor peso de la información se volcaba hacia los detalles macabros de la ejecución.

Las horas transcurrieron y los detalles se abrieron. En ese lugar indómito de la provincia de Buenos Aires, los vecinos viven muy cerca de la ley de la selva y del sálvese quién pueda. La inacción del único facultado para ejercer el monopolio de la fuerza, es decir, el Estado, ha hecho que la gente practique la defensa personal de la manera más salvaje.

Los testimonios de los vecinos empezaron a acumularse. Lucas, en compañía de sus hermanos y de otros amigos, venía aterrorizándolos desde hacía tiempo. El último episodio los había llevado a robar el televisor de los padres de los Romero. Al padre lo habían golpeado hasta dejarlo inconsciente. Todavía está en terapia intensiva tratando de salvarse de la muerte. Producido el asesinato de Lucas, sus hermanos incendiaron la casa de los Romero, reduciéndola a un cúmulo de cenizas. Todos los vecinos los sindican como un conjunto de delincuentes que disturban la vida de la gente honrada del barrio.

Los tres hermanos asesinos son suboficiales de la Armada. Sin saberse muy bien aún cómo una institución oficial emplea a gente como esta, lo cierto es que Duhalde no ahorró palabras para defender su compromiso con la familia de Lucas. Habló de “terrorismo” y olvidó referirse a la ausencia completa del imperio de la ley en ese barrio dejado de la mano de Dios.

No recuerdo un compromiso tal del secretario de Derechos Humanos con la familia del joven Fonseca, asesinado en el umbral de la casa de sus padres hace 20 días; ni del chofer de la línea 85, Alberto Westz, al que le mutilaron cuatro dedos de una mano después de robarle 30 pesos; ni con la chica de 21 años violada en la estación Callao del subte B a las tres de la tarde de un viernes; ni con los cientos de víctimas asaltadas, secuestradas, violadas y asesinadas que conocemos por semana en el país. Parece que la regla es clara: cuando sobre la víctima no pesa la más mínima sospecha de ser un delincuente, cuando a todas luces se trata de ciudadanos honrados cuya única aspiración es ganarse el pan, el secretario Duhalde calla. Ahora, cuando existen sobrados testimonios que caracterizan a la víctima como un delincuente, entonces sí su palabra se hace oír.

Nadie puede nunca justificar lo que ocurrió en Moreno. Los hermanos Romero, que asesinaron de la manera más cobarde a Lucas, deben pagar por lo que hicieron con el precio más alto que la ley contemple.

Pero lo que queremos hacer notar es que la preocupación oficial del secretario Duhalde, que pomposamente se hace llamar de “Derechos Humanos”, no es pareja para con la gente de bien. La velocidad para citar a los medios a conferencia de prensa para anticiparles la “intervención del gobierno” (¿?) es sustancialmente diferente a la que muestra cuando las víctimas son gente indubitablemente honrada.

Esta predilección es una huella indeleble en las manos del secretario. Abogado de Mario Santucho, el asesino del ERP, parece que ha dedicado su existencia a la defensa del que coquetea con el delito y pone en jaque la vida pacífica.

Es tan grotesca la diferencia, tan abismal lo desparejo del trato, que la sociedad decente duda sobre quién es su verdadero representante, sobre quién es aquel que la debe defender. Cuando las personas observan estos comportamientos, cuando, absortas, ven como la predilección oficial es por aquellos que inicialmente la agreden, la roban y la matan, tiende a empuñar la venganza como método preferido de Justicia.

La irresponsabilidad de funcionarios como Duhalde que, lejos de contribuir a la concordia nacional no hacen otra cosa que azuzar los pliegues más íntimos del odio, es la verdadera responsable de muertes como la de Lucas. Solo resta esperar que el sentido común retorne pronto a mentes que, de creerse iluminadas, han encandilado su entendimiento y arruinado el futuro de cientos de familias. © www.economiaparatodos.com.ar