El mundo conoce con el nombre de “Constitucionalismo” la escuela iniciada por la Revolución Americana de 1776, que consiste en establecer límites estrictísimos a los detentadores del poder público para asegurar un amplio círculo de libertades a los individuos.

Mediante la recepción de una serie de derechos y garantías individuales en un cuerpo legal supremo, superior incluso a las autoridades constituidas, la sociedad se aseguraba un control estrecho sobre el poder y la posibilidad del avasallamiento a la vida, la fortuna o el honor de las personas.

La inclusión de ese catálogo de derechos no implicaba, sin embargo, una concesión graciosa del poder: las personas nacían investidas por dichas garantías, mientras que el Estado, creado por la sociedad para su beneficio, simplemente se limitaba a admitirlas y reconocerlas.

El instrumento jurídico del Constitucionalismo que da su nombre a este movimiento amordazador de dictaduras es, obviamente, la Constitución. En ella, el poder se parte para evitar que su concentración atente contra la vida libre y la iniciativa individual.

La Constitución argentina de 1853 pertenece a esta escuela y el nacimiento del país cuyo 190° aniversario se conmemoró el pasado domingo se inscribió en esa filosofía: la Argentina no existiría de no ser por el Constitucionalismo.

Las recientes iniciativas del presidente Néstor Kirchner responden a un serio programa de descontitucionalización. En realidad, desde que llegó al poder, todos los mecanismos de su gobierno se movieron en el mismo sentido con la precisión y la perseverancia de una maquinaria programada para arrasar con cuanto obstáculo se interpusiera en su camino de conseguir el poder total.

Descabezó sin sentido aparente la cúpula de las Fuerzas Armadas, removió a los jueces de la Corte y emitió un pomposo decreto –el 222/03– de “autolimitación de facultades para elegir jueces” (pero cuando la sociedad inundó a sus candidatos con millares de impugnaciones, los designó de todos modos). Cambió la composición del Consejo de la Magistratura, disminuyendo la representación del foro y de la académica y fortaleciendo la mayoría política con capacidad para designar y, sobre todo, remover jueces. Emitió, en poco más de tres años, más Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en promedio por día que todos sus antecesores combinados y ahora pretende darles vigencia permanente sobre la base de un proyecto que su esposa defiende en el Congreso para que los DNU confirmen su vigencia si el Parlamento no se expide en contrario en un tiempo determinado. La propia senadora, cuando era diputada de la oposición en 1999/2000, había presentado un proyecto con el sentido inverso que, por otro lado, es el que disponen todos los pocos países que tienen este discutible esquema: los decretos caen si el Congreso no se expide en un determinado plazo, no se confirman tácitamente. Ahora, la Primera Dama defiende a capa y espada su contradicción.

También se pretende otorgarle al Jefe de Gabinete (¿?) poderes especiales para redireccionar partidas completas del presupuesto nacional que reúne recursos por más de $ 50.000 millones. El país ya no está en emergencia: ahora quieren esos poderes de modo definitivo.

El Congreso ha desaparecido de la escena. Si fuera una persona debería ir al diván para tratar su bajísima autoestima. Todos viven obnubilados por una lógica populista del hecho electoral. Nadie concibe la institucionalidad como un estadio permanente de la sociedad, independiente de los vaivenes y humores que dominan las elecciones. Para ellos, el que gana se lleva todo, debe arrasar con cualquier color que no sea el propio. Pretender explicarles que, justamente, el marco institucional de juridicidad es el que protege a las minorías de los excesos de los que ganaron es inútil: ¡cómo no van a poder cometer excesos si ganaron!

La Justicia, por su lado, al mismo tiempo que infecta a la sociedad con los gérmenes de los delincuentes que luego matan a inocentes en los mismos tiempos en que deberían estar presos, se somete a los lineamientos del Ejecutivo y otorga razón a pretensiones alarmantes.

No hace mucho, la Sala V de la Cámara de Apelaciones hizo lugar a la pretensión de Kirchner de mantener ciertas leyes en secreto. La Sala dijo: “Las leyes deben ser conocidas, salvo necesidad”. ¡¿Cómo?! ¡¿Que las leyes deben ser conocidas salvo necesidad?! ¿Cuál necesidad? ¿acaso la Argentina está peleando una guerra contra un enemigo peligroso?

Las leyes son obligatorias para la sociedad. En el terreno judicial, el alegar su desconocimiento no es causal de eximición de responsabilidad. ¿Ni siquiera vamos a tener derecho a conocer lo que luego se nos impondrá como una obligación? Y el Poder Judicial, nuestro último reducto de defensa de nuestros derechos y garantías, acaba de respaldar al poder y no a los individuos. ¿Qué nos queda, entonces?

Estamos frente a una situación institucional inédita desde Rosas. Pasaron 154 años desde Caseros y hemos vuelto a caer en el mayor peligro para las libertades individuales desde que la nación se organizó. ¿Estaremos presos de una casualidad astral que nos ha colocado a un desbocado del poder en nuestro camino o seremos nosotros los que, con nuestras inclinaciones, generamos a nuestros propios déspotas? © www.economiaparatodos.com.ar