Para el Gobierno y sus defensores, la tasa de inflación no tiene nada que ver con un problema monetario. Dicho en palabras de los kirchneristas, el análisis de la ortodoxia monetarista (vaya uno a saber qué significa esta frase cohete) no se ajusta a la realidad. El problema, dicen quienes defienden el actual modelo económico, tiene que ver con un problema de oferta. Es que la demanda aumentó tanto que la oferta no pudo seguirle el ritmo, sostienen desde el Gobierno.

Por otro lado, la versión económica más primitiva que tienen los defensores del Gobierno proclama que la inflación tiene que ver con la actitud avara de los empresarios que quieren ganar mucho dinero y, en vez de invertir para aumentar la producción sin subir los precios, prefieren incrementarlos y obtener rentas “injustas” e “irrazonables”.

En cambio, la versión más “sofisticada” para explicar el problema inflacionario apela a la falta de inversión.

Claro, cuando uno observa el discurso y las medidas económicas del Gobierno y sus defensores, encuentra dos problemas. En primer lugar, existe una especie de carga de resentimiento que les nubla el razonamiento más elemental. Segundo, es tan intelectualmente precario el razonamiento económico que tienen, que ellos mismos quedan enredados en una telaraña de contradicciones. Veamos algunos ejemplos.

El Gobierno es un ferviente defensor del modelo de sustitución de importaciones, que es lo mismo que decir que es un ferviente defensor de transferencias compulsivas de ingresos de los consumidores a los sectores protegidos. La contradicción reside en que el Gobierno primero crea las condiciones para restringir la competencia en el mercado y luego se queja de la falta de inversión que impide aumentar la oferta de bienes y servicios. Ilusamente, piensa que si le otorga un mercado cautivo a un sector productivo, éste va a invertir en vez de ser avaro y tratar de ganar más de lo que ellos definen como justo y arbitrario.

Asimismo, los funcionarios del Gobierno suelen hablar sistemáticamente de utilidades justas y razonables, equidad social y demás generalidades. Pero estas generalidades se traducen en limitar, vía regulaciones y controles de precios e impuestos, las utilidades extraordinarias que les otorgan a determinados sectores.

Si a esto le agregamos la tolerancia con que Kirchner observa las violaciones a la ley que cometen funcionarios de su Gobierno como D’Elía, que se ufana de haber violado la propiedad privada, o un secretario de Comercio que se enorgullece de tener zumbando a los empresarios y al mismo presidente que, desde el atril, levanta el dedo acusador contra diferentes sectores empresariales, no se entiende cómo pretenden resolver el problema inflacionario aumentando la oferta vía inversiones. En otros términos, si para el Gobierno, en su versión más sofisticada de razonamiento económico, el problema inflacionario tiene que ver con la falta de inversiones y, al mismo tiempo, crea todas las condiciones para que nadie ponga un peso en la Argentina, va a resultarle muy complicado reducir la tasa de inflación de acuerdo a su teoría económica.

Tiene el Gobierno, entonces, una visión voluntarista y contradictoria del proceso inversor. Esto lo lleva a “arbitrar” la distribución del ingreso. Si para el “iluminado” funcionario público un sector gana mucho, tiene que reducir sus utilidades y repartirlas con los asalariados. En otros términos, los “iluminados” se consideran seres supremos que pueden establecer con precisión cuánto tiene que ganar cada sector productivo y cuánto tiene que ser el salario justo.

El resultado de esta política no puede ser otro que una falta de estímulo al esfuerzo personal para mejorar económicamente y su reemplazo por una actitud de espera a que el burócrata iluminado le otorgue un “justo” incremento de sus ingresos a costa de otro sector.

Es indudable que, con semejantes reglas de juego, estar del lado del Gobierno es la clave para mejorar los ingresos. Tenemos así a sectores empresariales y dirigentes sindicales que terminan transformándose en cortesanos del poder, al punto de humillarse frente al burócrata con tal de tener un negocio cautivo, una autorización para incrementar sus precios o un aumento de salarios por decreto.

Ser felpudos del funcionario público, perder la dignidad, dejarse atropellar y mantener la boca cerrada a cualquier crítica denigra a las personas y crea las condiciones para destruir la república y darle rienda suelta al populismo, la demagogia y el autoritarismo.

La Argentina no sólo es víctima de un primitivismo económico insospechado, tal vez movilizado en parte por la ignorancia y en parte por el resentimiento, sino que, además, ese primitivismo conduce a la denigración del hombre mediante la destrucción de la república.

En rigor, da para el debate establecer si la república está siendo destruida por la ignorancia económica o si, como el objetivo es la destrucción de los valores republicanos, el Gobierno recurre a la arbitrariedad económica. Lo concreto es que más de uno dejó de sentirse ciudadano para pasar a la categoría de felpudo. Y más de uno acepta ser pisoteado por aquellos a los que les paga el sueldo para que administren el país, porque prefiere ser felpudo a luchar por la dignidad de ser un ciudadano con mayúsculas. © www.economiaparatodos.com.ar