Pareciera extraño, pero una de las cosas que más le cuesta aprender al presidente Kirchner es que la seguridad jurídica, exigida por los inversores extranjeros, no depende de sus palabras –siempre cambiantes y nunca definitivas– ni tampoco de las posibilidades de obtener jugosas ganancias.

Habría que convencerlo de que lo que buscan esos inversores, a quienes ha pretendido seducir en su último viaje a EE.UU., es la permanencia de las reglas y que son sus propias actitudes las que los ahuyentan cuando pretende utilizar en la economía las artimañas maniqueas que emplea en la política.

Al regresar de este reciente viaje, Kirchner volvió a reiterar esa confusión de ideas cuando lanzó un contradictorio globo de ensayo: se mostró partidario de modificar la Constitución Nacional para extender su mandato sin reelección y, al mismo tiempo, apoyó la reelección indefinida del gobernador de Misiones. Esto es maniqueísmo en estado puro.

El maniqueísmo

El maniqueísmo no sólo es la creencia de que en el mundo existen dos principios supremos, pero opuestos: el bien representado por el reino de la luz y el mal personificado por las tinieblas. Para el pensamiento maniqueo, el bien y el mal son seres distintos, con idénticas posibilidades de triunfar, razón por la cual niegan el libre albedrío que es la facultad que posee el ser humano para elegir el bien y rechazar el mal.

Los maniqueos predican una visión relativista de la vida, sosteniendo que no hay verdades absolutas y que todo vale para conseguir los fines. Da lo mismo obrar el bien que hacer el mal y lo único importante es el éxito, cualquiera sean los medios que se utilicen para lograrlo.

De ese relativismo deriva lo que hoy ha dado en llamarse la “doble moral” o el “doble discurso” a que son adictos nuestros políticos cuando dicen una cosa, pero piensan en hacer exactamente lo contrario.

Aquí está el germen del poder destructivo de la visión maniquea que se ha enseñoreado de nuestros usos y costumbres. Actualmente, los políticos descreen de la verdad y utilizan como armas de la acción política dos de los peores instrumentos maniqueos: el engaño y la perfidia. El engaño significa hacer creer a los demás algo que no es verdad ocultando las propias intenciones. La perfidia es la maniobra que incita las traiciones y deslealtades para desquiciar las instituciones que se oponen a sus designios.

Ahora bien, para engañar y desorganizar al adversario, quienes practican el maniqueísmo desde el Estado modifican constantemente las reglas cuando conviene a sus intereses.

Los padres de la cibernética y de la informática Norbert Wiener y Johann von Neumann fueron los geniales investigadores que permitieron crear la computadora y los sistemas que interrelacionan a los seres vivos con máquinas inteligentes a través de las redes de comunicación conocidas como Internet.

Ambos hombres de ciencia dejaron documentada una advertencia sumamente inquietante: “En la historia de la humanidad se ha podido comprobar que no existe poder más devastador que las ideas maniqueas cuya extrema peligrosidad sólo puede ser percibida por un minúsculo núcleo de pensadores en millones de hombres prácticos, y ese poder de destrucción se apoya en el engaño y la desorganización mediante el cambio constante de las reglas de juego” (Norbert Wiener, “Cybernetics and society. The human use of human beings”, 1958).

Condicionamiento de precios y salarios

La preocupación presidencial por conseguir inversores extranjeros choca con una realidad incontrastable: la disminución de la propensión a invertir y la falta de inversiones aun cuando existan buenas oportunidades para hacerlo. Incluso contrasta con su propia negativa a repatriar los fondos líquidos que la provincia de Santa Cruz tiene depositados en un banco suizo.

Para hallar una respuesta de por qué sucede esta falta de inversiones debemos fijarnos en aquellos aspectos donde se origina la actividad económica, que son los planes de negocios de las empresas grandes o pequeñas.

Desde este punto de vista, vemos que hay dos razones para explicar la resistencia a la inversión:
1. El control de precios y un nivel de salarios que cuestiona la rentabilidad empresaria.
2. La inestabilidad de las reglas que afectan la actividad económica.

En la actualidad, los precios de los artículos y el costo de la mano de obra se van disociando de las tendencias del mercado porque están condicionados por las intervenciones políticas. En otras palabras, las distorsiones en los precios existentes como consecuencia del entrometimiento del Estado impiden las inversiones. Cuando el Estado interviene alterando las reglas económicas, imponiendo retenciones que luego modifica, prohibiendo exportaciones justamente cuando los productos tienen una perspectiva internacionalmente favorable o sacando y poniendo resoluciones que alteran el plan de negocios de las empresas, éstas ven modificados completamente los datos de ese plan y con ello se desvanecen las expectativas creadas.

Si los directivos de una empresa tienen expectativas de aumento en la demanda internacional y, en consecuencia, esperan colocar sus productos a mejores precios que en el mercado interno, esa perspectiva se destruye cuando el Gobierno les aborta el plan prohibiéndoles exportar. Entonces, la planificación de la producción sufre un colapso y obliga a abandonar las hipótesis que formaban parte del mismo.

El proceso económico racional sólo puede ser dirigido satisfactoriamente cuando los precios de los insumos y de los productos terminados son absolutamente libres de todas distorsiones políticas y reflejan las relaciones de escasez. Al entorpecerse esta interdependencia tan sutil, el Gobierno provoca la paralización del proceso productivo.

Inestabilidad de las reglas

Si al mismo tiempo que se implanta el control de precios y salarios se cambian las reglas del juego económico, esa inestabilidad obliga a los empresarios a elegir aquellas inversiones que, por su rentabilidad, prometan devolver en poco tiempo el capital invertido.

Cuando las medidas de política económica, aduanera, fiscal, monetaria y bancaria carecen de permanencia porque el Gobierno atiende solamente el día a día, el sistema económico deja de funcionar plenamente.

La permanencia de las reglas es una exigencia fundamental de la política económica para recuperar la confianza, porque esa política necesita crear el marco jurídico institucional utilizado por el proceso económico, que se destruye al cambiarse arbitrariamente las reglas vigentes.

La experiencia demuestra que esta inestabilidad de las reglas no es casual ni ingenua, porque fomenta la formación de poderosos monopolios ya que cuando el riesgo es mayor, más fuerte será la propensión a constituir fuertes conjuntos económicos apoyados en contactos políticos para conseguir las condiciones de previsibilidad que las reglas generales están negando.

Las inseguridades crecientes en materia laboral, previsional, impositiva, de accidentes del trabajo y de política exterior impulsan a ciertas empresas a buscar la protección oficial para eludir este cerco de incertidumbre, con lo cual se produce una inexorable concentración económica en manos de aquellos que tienen acceso a los recovecos del poder político.

Cuanto mayor permanencia tengan las reglas económicas, tanto más aumenta la seguridad jurídica y tan más decrecerá este proceso de concentración de riqueza en pocas manos.

Por lo tanto, si el presidente necesita imperiosamente inversiones para sostener este crecimiento económico inducido, entonces debiera pensar en un enfoque distinto al que utiliza, recurriendo al Poder Legislativo para que sancione una ley a la cual debieran someterse todos sus decretos de necesidad y urgencia y también las resoluciones de los órganos de la administración pública, como AFIP, aduanas, direcciones de rentas y entes de recaudación.

Esa ley de orden público tendría que asegurar la previsibilidad estableciendo muy claramente que la retroactividad en materia tributaria, financiera y económica queda borrada para siempre de la legislación argentina. Ninguna reforma económica podría alegar del criterio de necesidad y urgencia para imponer cambios arbitrarios en las reglas vigentes. Para garantizar una razonable adecuación de las actividades comerciales y civiles, todas las normas económicas, financieras, laborales, fiscales y previsionales, sin excepciones, deberán disponer inexcusablemente de un período de adaptación no inferior a los 180 días durante el cual ninguno de esos cambios de reglas tendría efecto alguno sobre los habitantes del país.

Sería un gran paso para terminar con el maniqueísmo aplicado al funcionamiento de la economía. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.