Y finalmente le tocó el turno a lechuga como responsable del proceso inflacionario. El secretario Moreno ha decidido establecer una serie de precios indicativos para las frutas y verduras. Un tiempo atrás fue la carne, luego la indumentaria, después los alquileres, el trigo, el gasoil, los lácteos y, seguramente, en los próximos días le llegará el momento al maíz. Rcuerdo que un productor ganadero amigo me dijo, cuando el tema de la carne estaba en plena efervescencia, que no había que contestarle al Gobierno, sino que había que esperar a que se la agarraran con otro sector.

A esta altura del partido, el Gobierno debería preguntarse seriamente si su política económica es la correcta, porque si todas las semanas tiene un problema distinto con el precio de un producto diferente, la solución tienen que empezar a buscarla por otro lado.

Lo concreto es que el precio de la lechuga ha pasado a ser una cuestión de Estado y los funcionarios públicos están abocados a tratar de evitar lo inevitable: que los precios sigan reflejando la cruda realidad inflacionaria. Este modelo económico, por definición, necesita de dosis crecientes de inflación. Mientras las autoridades no reconozcan este problema de base, el secretario Moreno continuará cobrando un sueldo para hacer algo que es absolutamente inútil: tratar de evitar la desvalorización del peso poniendo precios máximos. Moreno trabaja sobre los efectos y no sobre las causas.

Justamente, esta política de permanente intervención en los precios se contradice con los dichos de Felisa Miceli de unos días atrás. Afirmó la ministra: “Como suele decir el presidente Néstor Kirchner, los funcionarios somos transitorios, es el sector privado el que tiene permanencia. Por eso tienen que ser ustedes los que defiendan este modelo productivo de dólar alto, competitividad, creación de empleo e inclusión social”. Uno no puede dejar de estar de acuerdo con la afirmación de Miceli de que los funcionarios son transitorios. Tan transitorios que basta con repasar la historia política reciente de la Argentina para darse cuenta de cuán efímeros pueden llegar a ser los funcionarios públicos, transitoriedad que debería constituir un serio llamado de advertencia a los abusos de poder, prepotencia y aires de venganza.

También es toda una definición la de Miceli cuando sostiene que los empresarios tienen que defender este modelo productivo de dólar alto y competitividad. En rigor, esta afirmación es una contradicción de términos. Justamente, el Gobierno pone el dólar alto para, entre otras cosas, disimular, detrás de un muro cambiario, la falta de competitividad de amplios sectores de la economía argentina. No se es más competitivo porque los salarios en dólares son deliberadamente bajos. Se es más competitivo porque: a) el Estado no entorpece el funcionamiento de la economía con regulaciones absurdas, gastos innecesarios y sistemas impositivos confiscatorios y b) en un contexto de libre competencia, el empresario asigna los recursos productivos de tal manera de ofrecer en el mercado la mejor combinación posible de precio y calidad. Pero, insisto, tener un dólar alto para no competir no significa que la economía sea competitiva. Sólo se disimulan por un tiempo las ineficiencias.

Por otro lado, es obvio que el empresariado va a defender un modelo de estas características, si en realidad casi todos pensamos en el corto plazo y en el largo se verá qué se hace. La mayoría de los dirigentes políticos se lanzan a ganar las elecciones sin tener la menor idea de qué es lo que van a hacer una vez que lleguen al poder. Para muchos de los políticos, las políticas públicas de largo plazo no son un tema, sólo es relevante lo inmediato. Ahora bien, si la dirigencia política establece estas reglas de juego de corto plazo, la pregunta es: ¿por qué los empresarios no van a adaptarse a esas reglas y tratar de maximizar sus utilidades en el corto plazo? Los empresarios, los dirigentes sindicales, cada uno de nosotros vive el día a día y no formula grandes proyecciones de largo porque sabe de los violentos cambios en las reglas de juego que imperan en el país. De manera que todos actuamos en base a las reglas imperantes tratando de sobrevivir en esta jungla de saqueos.

Lo que en definitiva está pidiendo la ministra es que se apoye este modelo de conflicto social por el cual los ingresos de cada uno dependen de la capacidad de presión o lobby para obtener una porción mayor de la renta nacional. Aquí no existe ningún modelo productivo, lo que tenemos es un modelo de extorsión para apropiarse del ingreso de los otros. La misma caja que maneja el Gobierno y que se desvive por mantener confirma mi visión de saqueo generalizado. ¿Para qué sirve esa famosa caja? Para comprar voluntades y tratar de tranquilizar a los sectores más exaltados (como Hugo Moyano o Luis D’Elía, por ejemplo).

Ahora bien, ¿de dónde salen los recursos para financiar esa caja? De la existencia de una política impositiva salvaje. Por lo tanto, es el mismo Gobierno el que está enviando claramente las señales de cuáles son las reglas de juego. Invertir y ser eficiente no es negocio bajo este modelo. ¿Para qué hacerlo si tengo un dólar alto que me cubre de la competencia internacional? Aquí hay que trabajar para estar cerca de los funcionarios públicos y lograr su apoyo. Finalmente, son ellos los que deciden si usted puede exportar o no sus productos. Si puede subir el precio. Si los costos que tiene son los “correctos” según el criterio del funcionario de turno. ¿Por qué invertir y ser competitivo si después viene un funcionario y me dice que tengo que bajar los precios porque estoy ganando “mucho” o me hace responsable de un proceso inflacionario que el mismo Estado está fogoneando?

En definitiva, Felisa Miceli le propone al sector privado que defienda un modelo de saqueo. De lucha por la distribución del ingreso. De todos contra todos. Y la gente tal vez no lo defienda, sino que se adapte a él, sabiendo que, bajo estas reglas de juego, hay que tener pocos escrúpulos para poder sobrevivir. © www.economiaparatodos.com.ar