La última aparición del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados fue, desde todo punto de vista, una vergüenza. No sólo por la propia participación de Alberto Fernández, sino también por la reacción de la oposición.

Lanzado ya en campaña en un distrito que conduce desde el peronismo kirchnerista y peleado a muerte con Jorge Telerman, Fernández decidió dedicar su presencia en la Cámara baja a enlodar la imagen del Gobierno de la Ciudad. El jefe de Gabinete acusó al gobierno local de pagar facturas falsas en concepto de publicidad a la productora de Marcelo Tinelli, Ideas del Sur, como forma de enmascarar actos de corrupción. También intentó profundizar la idea del presidente respecto de que el caso Skanska (la firma sueca que se adjudicó la obra de ampliación del gasoducto Norte) fue un acto de corrupción entre privados.

La tesis es de por sí absurda, porque entre privados no hay corrupción sino acuerdos de consentimiento. Si una empresa privada decide pagar un determinado precio voluntariamente, allí podrá haber torpeza en los negocios, no corrupción. Lo que en todo el mundo se entiende por ese concepto es la connivencia delictuosa entre un privado y un ente público o funcionarios de la administración pública. La corrupción, por definición, implica el toqueteo de fondos que pertenecen a la sociedad. Lo demás podrán ser estafas o actos de deslealtad de empleados hacia sus empresas, pero no corrupción.

Aun así, en el caso Skanska, la licenciataria privada del gasoducto, TGN, rechazó tres veces los precios ofrecidos por la firma sueca por considerarlos completamente fuera de lo razonable. Se lo hizo saber al Enargas, la agencia gubernamental de control de las empresas gasíferas, y ésta ordenó nuevas licitaciones que, aun cuando bajaron los valores, nunca conformaron a TGN, que no encontraba justificativo para semejante desvío en las cotizaciones respecto de lo que ella consideraba los precios de mercado.

En el último intento, el Enargas presionó a TGN para que aceptara los valores de Skanska, intimándola a que hiciera la obra por sí misma si es que esos precios no la conformaban. Como TGN no estaba capacitada para ese desarrollo sin la asistencia de terceros, se vio obligada a aceptar los términos de la empresa sueca. La sospecha generalizada hoy en día es que Skanska actuaba bajo las directas instrucciones del Enargas, en cuanto a los términos de la cotización. Para justificar el sobrecosto, Skanska facturó a empresas fantasma conceptos técnicos, al estilo que utilizó IBM cuando le facturó a CCR servicios que ocultaban coimas para funcionarios del Banco Nación. Uno de los “funcionarios” de una de esas empresas de humo, Adrián López, confesó al juez Javier López Viscayart que los conceptos facturados ocultaban coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio de Vido.

Cuando Alberto Fernández eludió las explicaciones del caso (como también las referidas al conflicto de los estatales en Santa Cruz y el descabezamiento del INDEC), la oposición decidió retirarse del recinto de Diputados. Dejó, así, al jefe de Gabinete en diálogo con sus amigos.

Más allá del impacto momentáneo que esa acción produce cada vez que se ensaya, a los efectos prácticos de una democracia efectiva la movida carece de sentido y es altamente peligrosa.

Los gobiernos decididos a concentrar el poder no sienten escrúpulos porque los demás les hagan más sencillo su camino. Al contrario, reciben el regalo con beneplácito y se dedican a continuar con su plan, ahora con más alivio.

¿Acaso Hugo Chávez en Venezuela se avergüenza de que la oposición se haya retirado de la discusión de sus poderes extraordinarios y éstos hayan sido aprobados sólo con el consentimiento de sus acólitos? Absolutamente no. Sigue haciendo uso y abuso de ellos como si hubiera recibido un voto unánime directamente del pueblo. Utilizando esos poderes estatizó empresas, extorsionó a las compañías de petróleo, canceló licencias de televisión y sigue adelante con su paranoico plan de implantar el “socialismo del siglo XXI”.

En una república, el control de la mayoría por la minoría es de esencial importancia para el mantenimiento de la libertad. La tendencia de la mayoría a identificarse con “todo” el pueblo como si su voz fuera la única es un virus mortal para la democracia que, además de ser un sistema de gobierno basado en las mayorías, es también un esquema de protección a los derechos de las minorías.

La actitud de los diputados la semana pasada es una muestra más que refleja el escaso ejercicio del juego republicano que tenemos los argentinos. Para nosotros no caben los controles ni la negociación. Todo es a vida o muerte. No hay nada en el medio.

Dejando el campo libre para que el Gobierno continúe por la senda que viene profundizando desde que asumió, la oposición no contribuye a dar un ejemplo republicano y a trasmitir un principio de docencia democrática a los ciudadanos. Son los especialistas de la política los que se supone deben enseñarnos el valor de las instituciones y la utilidad de su funcionamiento. Corriendo detrás de golpes de efecto, que duran lo que un fogonazo en la noche, concitarán la atención durante unos cuantos segundos, pero mantendrán en la oscuridad el futuro de los derechos de todos.

Una acción de esa naturaleza tiene más que ver con el marketing que con la política que el país necesita. Y la Argentina no escapará del riesgo de la tiranía de la mayoría con acciones de marketing. Sólo logrará ser un país políticamente civilizado cuando los hombres que encarnan sus instituciones sepan hacerlas funcionar. © www.economiaparatodos.com.ar