Pareciera como si lo hiciesen a propósito, pero no hay iniciativa que el Gobierno adopte bajo la dialéctica progresista que no termine mal.

Para descubrirlo tan sólo es necesario mantener la actitud de un observador imparcial y de inmediato se advierte que los operativos en que se embarcan terminan destruyendo lo poco y bueno que existía, complicando las cosas sencillas y dejándolas en condiciones de precariedad.

El “operativo carnes” culminó con el fracaso del control de precios en las carnicerías de barrio, el desaliento de los productores, la liquidación de vientres, la pérdida de mercados externos a favor de países vecinos y la completa desarticulación del mercado de Liniers, que dejó de funcionar como escenario testigo de los precios reales de la ganadería.

El “operativo INDEC” contribuyó al descrédito de una institución respetada por todos los gobiernos que se sucedieron desde su creación en 1968, la desvirtuación de la metodología utilizada para elaborar índices confiables, la total desconfianza en los datos que se publican y el menoscabo del personal técnico sometido a ridículas presiones para que los índices señalen lo que el Gobierno desea mostrar.

El “operativo Cámara de Casación” incluyó la tergiversación de la libertad de opinión inadmisible en un presidente si no mide las consecuencias de sus propias palabras y el feroz ataque al juez Alfredo Bisordi, en el que se invocó que “no se lo quiere separar por su falta de contracción al trabajo, sino porque defiende el criterio de respetar la justicia y el orden” (lo cual resulta incompatible para un gobierno que busca subordinar la Justicia a sus necesidades políticas y, eventualmente, proteger a sus miembros de una pública acusación por sobornos, corrupción y desfalcos con fondos públicos).

El “operativo homogeneización del Poder Legislativo” logró un Congreso que no sesiona nunca, que no se presta a debates racionales y que actúa bajo el criterio de la obediencia debida aprobando a carpeta cerrada los proyectos que interesan al Ejecutivo.

El “operativo Consejo de la Magistratura” convirtió a este cuerpo en un instrumento disciplinario para escarmentar a jueces díscolos, reemplazarlos por jueces adictos y despedirlos cuando no responden a las directivas proclamadas por los voceros presidenciales.

Ahora, pareciera que esta dialéctica destructiva se está orientando hacia una de las instituciones básicas del mundo económico: el Banco Central.

El Central bajo la mira

Una joven legisladora kirchnerista, dotada de agraciada figura pero totalmente inexperta y carente del sentido de las proporciones en cuanto al equilibrio y la mesura de sus ideas, ha presentado un proyecto oficial destinado a manipular el Banco Central. El argumento con que disfraza sus ideas es un verdadero galimatías, ejemplo de incoherencia, de confusión lógica y de ignorancia sobre las consecuencias previsibles.

Se lo presenta como la necesidad política de añadir nuevos objetivos a la finalidad básica del Banco Central, que es “preservar y custodiar el valor de la moneda nacional”. Y se añade una sibilina cláusula que también obligaría a la entidad a “coordinar su política monetaria, financiera y cambiaria con la política económica del Poder Ejecutivo”.

Cuando los políticos tienen a su alcance una conjunción de finalidades múltiples, inevitablemente las urgencias electorales les harán cambiar la jerarquía de las finalidades y establecerán como de mayor importancia la “coordinación de políticas” que la “defensa del valor de la moneda”. De esta manera, las autoridades del Banco Central quedarán exentas de responsabilidades concretas y podrán argumentar que actuaron de ese modo en aras del evanescente concepto de la “coordinación”, que significa concertar medios, esfuerzos, ideas y cursos de acción para cumplir un objetivo que se desconoce, que no está definido en ninguna parte, que no tiene límites precisos, que puede ser presentado de mil y una maneras, que no es mensurable numérica ni conceptualmente y que da lugar a no hacerse cargo de nada ni asumir la responsabilidad por los fracasos.

Una historia monetaria desquiciante

La moneda originaria, aquella que dio lugar a nuestro sistema monetaria, fue el peso moneda nacional (m$n), el de los billetes marrones con la impecable figura de la República en color azul, impresos en Inglaterra y creados por el presidente Julio A Roca el 4 de noviembre de 1889 por ley 3.871.

Esa genuina moneda duró 81 años y consiguió sortear las dificultades en un marco de estabilidad hasta que apareció el primer gobierno justicialista. La pérdida de estabilidad se produjo por la insólita reforma bancaria de 1946 (decreto 11554/46), que introdujo la política en las cuestiones monetarias, cortó el cordón umbilical que relacionaba los depósitos con los préstamos –que se mantenía desde que los lombardos crearon los bancos comerciales en las banquinas del puerto– y dispuso que los depósitos de los clientes no sean tomados a su nombre, sino registrados a nombre del Banco Central.

Así, de un plumazo se estatizaron los depósitos bancarios y las entidades comenzaron a actuar como oficinas de estancos, o sea de sitios donde se ofrecían créditos y se vendían servicios monopolizados por el Estado y concedidos en arrendamiento a los bancos privados. Desde ese momento, dejó de existir el nexo entre depósitos y préstamos y los primeros se transformaron en una obligación del Banco Central como si fueran billetes emitidos por él.

El desquicio del sistema bancario se coronó con la creación de un poderoso Ministerio de Finanzas. El ministro pasó a ser presidente del Banco Central y la carta orgánica reformada por la ley 13.571 del 30 de septiembre de 1949 dispuso que el banco debía coordinar automáticamente su política con el gobierno, bajo la subordinación del Ministerio de Finanzas ,a efectos de financiar el crecimiento económico, distribuir la riqueza y obtener la plena ocupación de los trabajadores.

Las etapas subsiguientes a estas trascendentales modificaciones, ya son historia reciente.

1º. A partir del 1º de enero de 1970, el presidente Juan Carlos Onganía dispuso crear el peso ley 18.188 y eliminar dos ceros de la moneda anterior ($ley 1 = m$n 100).

2º. Desde el 1 de junio de 1983, la ley 22707 promulgada por Reynaldo Bignone eliminó el peso ley y lo reemplazó por el peso argentino. Además, se borraron cuatro ceros ($arg. 1 = $ley 10.000).

3º. El 15 de junio de 1985, el decreto 1096/85 firmado por el presidente Raúl Alfonsín creó una extraña moneda patagónica denominada austral, apta para encabezar el tercer movimiento histórico nacional. El austral surgió quitándole tres ceros a la moneda precedente y sirvió para precipitarnos en la más horrenda hiperinflación de nuestra historia (A 1 = $arg. 1.000).

4º. A instancias de Domingo Cavallo, el 1º de abril de 1991 se creó el austral convertible, que igualó ambas monedas bajo una ley de convertibilidad que establecía un tipo de cambio fijo (A 10.000 = u$s 1).

5º. El 1º de enero de 1992, se dispuso el canje del austral convertible y se lo reemplazó por el peso convertible. Para eso, se le quitó nuevamente cuatro ceros para equipararlo con la cotización del dólar libre ($convertible 1 = A 10.000).

6º. La pertinacia en despojar de todo valor a nuestra moneda alcanzó un punto culminante con el despojo que produjeron las aberrantes medidas adoptadas por el presidente provisional Eduardo Duhalde, que dispuso el abandono de la convertibilidad, la brutal devaluación del peso y la inequitativa pesificación asimétrica por la cual algunos vivos consiguieron adueñarse del patrimonio de una multitud de ciudadanos expoliados de su fortuna. Después de 10 años de convertibilidad, la moneda argentina dejó de ser legalmente convertible.

Esta escalofriante historia de la demolición de la moneda parecía haber alcanzado su clímax porque permitió que, en menos de 37 años, la moneda de los argentinos perdiera trece ceros borrados brutalmente a partir del originario peso moneda nacional.

Trece ceros menos significa que: $ 1 de 2007 = m$n 10 billones de 1970.

Para tener una idea más concreta de este despojo habría que pensar que si alguien pudiera aferrarse metafísicamente a una moneda de $ 1 actual y tuviese la gracia de penetrar en el túnel del tiempo, retrotrayéndose a comienzos de la década del 70, con ese mismo peso podría comprar la totalidad de los activos del Banco Central, sería dueño absoluto de todos los bancos oficiales nacionales y provinciales y, además, podría financiar completamente el presupuesto nacional sin necesidad de cobrar impuestos porque el gasto de la administración nacional –incluyendo sueldos, compras de bienes y servicios, intereses de la deuda pública y otros gastos corrientes– se hubiese podido cancelar en el año 1970 con 0,1332 centavos de hoy en día.

Todo eso por $ 1 de 2007.

Tal es la magnitud de la mega estafa a que hemos sido sometidos por los bancos centrales manipulados por gobiernos de derecha o de izquierda, por militares o civiles, por presidentes electos o provisionales, por tiranos o demócratas.

Pareciera que los progresistas del actual gobierno quieren adscribirse a esta lamentable historia y producir un nuevo e incierto zarpazo monetario bajo el pretexto de “complementar la finalidad del Banco Central obligándole a coordinar su función primaria de mantener el valor de la moneda con las necesidad políticas del gobernante de turno, sea pingüino o pingüina”. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.