Cuando se observa la evolución de la carga tributaria y se relaciona la recaudación con el PBI se puede ver que, actualmente, estamos en uno de los puntos más altos de los últimos 11 años. Mientras en la década del 90 la recaudación impositiva se mantenía entre el 16 y el 17% del PBI, a partir de 2003 la relación comienza a subir en forma pronunciada, llegando al 23% el año pasado. Por lo menos, 6 puntos porcentuales más que en los 90.

Claro que en la década pasada no existía ni el impuesto al cheque ni los derechos de exportación, un dato que no es menor considerando que ambos tributos aportan el 18% de la recaudación impositiva. Sin estos dos impuestos distorsivos, el superávit fiscal desaparecería por completo.

El regreso de la inflación le ha permitido al Gobierno obtener nuevos ingresos fiscales. En primer lugar, no permitiendo los ajustes de balance por inflación, con lo cual el Impuesto a las Ganancias, aplicado de esta manera, se cobra sobre ganancias inexistentes y, por lo tanto, se está confiscando parte del capital de las empresas. También la recaudación del IVA se monta sobre niveles de precios crecientes. El IVA que se cobró en 2006 se aplicó sobre un nivel de precios 9,8% más alto que en 2005 (y sólo considerando el truchado Índice de Precios al Consumidor –IPC-). Sin embargo, como la economía está operando con niveles inflacionarios sensiblemente mayores a los que refleja el IPC, el 21% le rinde más al Gobierno.

El otro dato a tener en cuenta es que los derechos de exportación se aplican sobre un tipo de cambio sostenido artificialmente alto. No es lo mismo cobrar el impuesto a las exportaciones sobre un tipo de cambio de $ 2,5 por dólar que sobre otro de $ 3,10. La ganancia para el fisco, obviamente, es mayor en el segundo caso.

De manera que, por el lado de los impuestos, hoy tenemos una de las cargas tributarias más altas de la historia económica reciente. No conformes con esto, además están aplicando el impuesto inflacionario sobre los ingresos fijos, un impuesto que, mal que le pese al actual Gobierno, no existía en los 90. La inflación es un impuesto que cobra la Nación y que, al igual que los derechos de exportación y el impuesto al cheque, no coparticipa con las provincias.

Más impuestos distorsivos aplicados sobre niveles de precios más altos, un tipo de cambio artificialmente elevado y el impuesto inflacionario conforman la fórmula que aplica el Gobierno para mejorar sus ingresos. El resultado es que, hoy, el Gobierno tiene un récord de ingresos en relación al PBI.

Dejando de lado la sustentabilidad de esta fórmula para tener más caja, lo que queda en claro es que todo el modelo impositivo parece formularse las siguientes dos preguntas:
a) ¿A qué sector se puede castigar impositivamente sin que eso provoque una complicación política?
b) ¿Cuál es el máximo de expoliación impositiva que se puede aplicar sin tener una rebelión fiscal?

Hay una tercera pregunta muy similar a la segunda: ¿cuál es el máximo de impuesto inflacionario que el Gobierno puede aplicar sin perder apoyo político? En principio, y teniendo en cuenta los artilugios que se aplican para que el IPC dé variaciones artificialmente bajas más la desesperada intervención del INDEC, todo parece estar indicando que el Gobierno percibe que, en lo que hace al impuesto inflacionario, ya ha llegado al tope tolerable por la población o está muy cerca de llegar al máximo posible.

Toda esta fenomenal carga impositiva, junto a la violación de los más elementales derechos individuales que aplican los entes recaudadores para expoliar al contribuyente, son justificados políticamente bajo el argumento de que el Gobierno utiliza esos recursos para mejorar el bienestar de la población. También sirven para que el presidente se la pase inaugurando obras de dudosa utilidad que, sin embargo, le permiten hacer de Papá Noel con los recursos ajenos (hacer solidaridad con la plata ajena es muy fácil), al tiempo que aprovecha las circunstancias para usar el atril y denostar a todo aquél que no piensa como él.

Ahora bien, sabemos que los ingresos son un récord. La pregunta que hay que hacerse, entonces, es: ¿cómo estamos por el lado de la calidad del gasto?

En el tema seguridad, basta con leer los diarios para darse cuenta de que, a pesar de la feroz carga tributaria que soporta la población, ésta se encuentra indefensa frente al crimen. A la gente la matan, la secuestran, la golpean, le roban y sufre mil vejaciones por parte de la delincuencia, mientras el presidente se pavonea hablando de superávit fiscal. Debería hablar, también, del déficit de seguridad.

Por otra parte, un Gobierno que se define a sí mismo como progresista tiene un fenomenal conflicto con los docentes. Hay un gran superávit fiscal, pero los maestros siguen cobrando sueldos miserables a pesar de la picardía del gobierno nacional de decretar aumentos para los docentes de todo el país sin tener que asumir el costo de las mayores erogaciones. La muerte de Carlos Fuentealba en Neuquén es consecuencia directa de la imprudencia y el desprecio con que se maneja un Ejecutivo que, sin medir las consecuencias, sólo busca cosechar votos para consolidar su poder. Curiosamente, con semejante acto de demagogia, les salió el tiro por la culata, dado que Santa Cruz, el feudo de Kirchner, hoy está convulsionado por la protesta docente y los santacruceños empiezan a animarse cada vez más a denunciar la violación de derechos civiles en la provincia.

En materia de salud pública no hace falta abundar en detalles. La visión revanchista del pasado ha llevado a las Fuerzas Armadas a un estado de inanición presupuestaria que se tradujo en el incendio del Irízar y en la muerte de un aviador por falta de mantenimiento de los equipos. Y, como corolario, el tan mentado superávit fiscal ha dado lugar a los peligros de volar en la Argentina por la falta de radares. Desde el exterior, ya se les ha advertido a todos los pilotos del mundo que volar en nuestro país es riesgoso por la falta de seguridad área. Por supuesto, la ministra de Defensa está muy embobada con el déspota Hugo Chávez como para ocuparse de la seguridad de quienes vuelan aquí. Lo primordial es cantarle loas al golpista y dictador Chávez y, si queda tiempo, ver si se puede evitar alguna catástrofe área. Acá se está jugando con las vidas de las personas por una actitud revanchista. El mal manejo de los fondos públicos ya no tiene sólo connotaciones económicas. Ya se ha pasado a poner en riesgo la vida de las personas. No estamos hablando de plata. Estamos hablando de vida.

El listado de la falta de bienes públicos básicos podría seguir, pero pasemos a otro punto del gasto y la carga tributaria. El inmaculado Gobierno que venía a poner decencia en el manejo de los fondos públicos –superpoderes mediante para manejar el presupuesto a su antojo– empieza a tener serios escándalos de corrupción, mientras levanta la bandera de la honestidad y el pago de impuestos para financiar la solidaridad estatal. Los casos Skanka y Greco y los fondos de Santa Cruz son tres temas que asoman como los primeros en mostrar los resultados de este sistema monárquico absolutista de permitir el manejo indiscriminado de fondos públicos.

La filosofía imperante hoy en la Argentina es que los burócratas de turno tienen derecho a expoliar al contribuyente porque ellos saben mejor que la gente cómo usar esos recursos y, además, supuestamente, tienen el monopolio de la solidaridad. Mientras venden estos argumentos, la gente paga impuestos como nunca y la inflación tiende a escaparse, los bienes públicos básicos brillan por su ausencia y comienzan a aflorar casos de manejo “non sancto” de la plata de los contribuyentes.

En definitiva, un superávit con pies de barro. © www.economiaparatodos.com.ar