La semana pasada, el ex cuadro guerrillero de los 70 devenido hoy procurador general de la Nación, Esteban Righi, emitió un dictamen de inconstitucionalidad de los indultos firmados por Carlos Menem durante los 90. Se considera que éste es el paso previo a que la Corte Suprema de Justicia les dé una muerte final. No se trata de una novedad porque, desde que el presidente Néstor Kirchner llegó al gobierno, quedó claro que ingresaríamos en una etapa en donde se revolvería una y otra vez el pasado. Sin embargo, pero asistir a una nueva confirmación permite el agregado de un nuevo comentario.

La tremenda etapa vivida por el país en aquélla trágica década, que bañó –a fuerza de terrorismo privado y público– de sangre a todo el país, no ha cicatrizado aún. Las profundísimas heridas que aquella furia artificial causaron en el organismo nacional se mantienen abiertas adrede. El perdón no es funcional a los intereses del Gobierno. Su mayor conveniencia se encuentra en la división y en el mantenimiento del odio.

El Estado ha sido creado como institución democrática para entregar a la sociedad protección y defensa, es decir, una base de tranquilidad pública que les permita a las personas dirigir sus energías a trabajar, a pensar un futuro mejor, a dar por descontado que uno llegará sano y salvo a su casa.

La Argentina entró en un terreno en el que todo esto está en duda. El Gobierno abrazó la teoría de no encargarse de la seguridad pública. Por el lado de la guerra civil de los 70, la administración del presidente parece decidida a no cerrar las heridas, sino a mantenerlas permanentemente abiertas. Mientras siga este odio, este rencor, obviamente se seguirán restando energías para trabajar, para pensar un futuro mejor, para dedicar el tiempo a tareas útiles en lugar de refregar sangrientos resentimientos del pasado.

Por otro lado, la incomprensible política de seguridad que se lleva adelante mantiene en vilo a la sociedad. Desasosegada como pocas veces antes, gasta una monumental cantidad de energía mental en desear que toda la familia esté de vuelta en casa al final del día, en lugar de dirigir esos esfuerzos a la creatividad del progreso y el crecimiento.

La inventiva necesaria para eludir las trampas de la pobreza es invertida en idear caminos seguros, recorridos diferentes, elementos distractivos, dispositivos de aislamiento.

Nunca antes el ataque de la delincuencia había sido tan constante y nunca antes un Gobierno se había puesto tan decididamente de su lado. La sociedad honrada que financia al Estado con sus impuestos ve como éste usa su dinero para soltar delincuentes que salen a la calle decididos a delinquir al cuadrado.

Resulta francamente incomprensible que funcionarios que llegan a las poltronas del poder por la vía de reclamar el voto de la gente la sometan luego a condiciones tan extremas de intranquilidad pública.

La doble pinza de la paz que, en la Argentina, consistiría, por un lado, en una enorme reconciliación nacional que haga realidad uno de los postulados del Preámbulo de 1853 –“asegurar la paz interior”– y, por otro, en el encierro seguro de una delincuencia que asola las calles de las ciudades del país, debería ser una de las prioridades fundamentales de éste o de cualquier gobierno.

La ausencia de esa atmósfera de calma impide la dedicación de los esfuerzos nacionales al futuro y a la generación de riqueza. Nos han obligado a tener nuestra atención fija en el pasado y nuestra inventiva dedicada a evitar el delito. No es posible vivir así. Menos aún sentar las bases del progreso y del desarrollo.

Tengo en claro que la paz no puede decretarse. Pero puede buscarse. El gobierno, éste o cualquiera, debería tener como motivo excluyente su persecución cuando no existe y su salvaguarda cuando ya está ganada. La toma de partido de cualquier gobierno por el incierto tuteo del desasosiego debería merecer la pena más amplia de la sociedad. Personas que le han pedido su voto a la gente honesta para valerse de él y llegar al control del poder, no deberían protagonizar semejante defraudación.

La vuelta permanente atrás, en un presidente que llegó al gobierno bajo el concepto de no “volver al pasado”, nos atornilla a una pesadilla. Esta nueva decisión confirma la provocación del rencor, en lugar de la convocatoria a la unión. Ya nada podrá hacerse respecto de lo que sucedió hace más de treinta años. Respecto de ello sólo cabe llamar a la concordia o a la división. Kirchner decidió apostar por esta última. La paz sale lesionada igual que cuando los ciudadanos honrados se encierran para no ser lastimados, robados o violados en la vía pública. Sería muy saludable que la sociedad argentina le reclamara frontalmente al presidente que se ocupe de su primer deber: hacer que nuestra vida sea tranquila y esté abocada a trabajar para el beneficio de todos. © www.economiaparatodos.com.ar