En 1993, fue sancionada la ley 24.195, conocida por el nombre de Ley Federal de Educación. Se trataba de una “ley marco”, que de a poco se iba ir “implementando”, no “reglamentando” como las demás leyes. Esta implementación progresiva se iba a ir dando a partir de resoluciones del Consejo Federal de Educación, que la mencionada ley creaba.

Independientemente de lo que ha sucedido hasta el presente (no todas las jurisdicciones han implementado lo que sancionó el Consejo Federal de Educación) me gustaría hacer una breve descripción de los puntos fundamentales de esta ley, ya que a pesar de los años que han pasado, cuando me encuentro con personas que no están relacionadas con el mundo de la educación suelen no tener idea de cómo funciona el sistema educativo actual. Quizá para otros esto pueda parecer una obviedad.

Lo primero a destacar es que desaparece la vieja estructura del sistema educativo, de educación primaria y secundaria. Ahora se divide en nivel Inicial (3, 4 y 5 años), 9 años de Educación General Básica (EGB) divididos en tres ciclos (que algunas jurisdicciones han hecho de tres años cada uno y otras de tres el primero, cuatro el segundo y dos el tercero) y, por último, tres años de educación Polimodal, que presenta 5 orientaciones: Ciencias Humanas y Sociales, Economía y Gestión de la Empresa, Ciencias Biológicas, Ciencias Exactas y Educación Artística. Cada establecimiento educativo de nivel Polimodal elige cuál o cuáles orientaciones ofrecerá a sus alumnos.

Lo siguiente a tener en cuenta es que se extiende la “obligatoriedad” (que antiguamente era de 7 años) a 10 años: desde el último año de nivel inicial hasta el último de la EGB. Y aquí me permito el primer comentario. Es verdad que en la mayoría de los países la educación es obligatoria por ley. En realidad, si lo pensamos objetivamente, el que haya que obligar por ley a hacer algo que es en beneficio de la persona y de la sociedad toda, habla mal del nivel cultural de los habitantes de ese país. Así como no hay una ley que “obligue” a respirar (todo el mundo respira por necesidad) hay países donde nadie se plantea “no estudiar”, y por tanto la educación no es obligatoria: todos los habitantes estudian.

Ahora bien, si realmente deseamos “obligar” a estudiar, debería existir algún tipo de sanción para el que no lo haga, o para sus responsables, ya que se trata de menores “inimputables”. La ley 1420, que rigió la educación en la Capital Federal y territorios federales desde 1884 hasta 1993, tenía previsto sanciones para los “padres, tutores o patrones” que no enviaran a los chicos a la escuela. Hasta no hace mucho tiempo, para poder tener un empleo en la administración nacional, había que tener título primario. Es decir, acertada o equivocadamente, la obligación era realmente una obligación. La “obligatoriedad” que ha sancionado la Ley Federal de Educación es puramente declamativa. No sólo porque quienes no mandan sus hijos al colegio no tienen ningún tipo de sanción, sino porque muchas veces el Estado no provee a la ciudadanía con aquella escolaridad que considera obligatoria. Es común, por ejemplo, que en muchos lugares falte el nivel inicial. Y no estoy hablando de zonas marginales. Hasta el año pasado, en una localidad situada a 60 Km de la Capital Federal, el jardín de infantes más cercano estaba a 6 Km y, encima, en la sala de 5 años (la obligatoria) no tenían vacantes.

En algunos países, la forma de “obligar” es indirecta: para aquellos que se encuentran en el sistema laboral formal, o incluso los que perciben seguro de desempleo, gran parte de sus ingresos proviene del “salario familiar”, donde el balance ingreso-gasto hace muy atractivo enviar los chicos a la escuela. A diferencia de la magra suma que se percibe en Argentina que no alcanza ni para pagar el transporte hasta la escuela.

Es difícil encontrar el mecanismo perfecto para asegurar que todos los chicos se escolaricen. Seguramente para lograrlo haya que hacer un conjunto de medidas, desde campañas publicitarias hasta proveer el transporte escolar. Pero lo que tengo claro es que la pura declamación de la obligatoriedad, o el aumento de años de la misma, no hace por sí sola que los chicos concurran más a la escuela. © www.economiaparatodos.com.ar



Federico Johansen es docente, director general del Colegio Los Robles (Pilar) y profesor de Política Educativa en la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA (Universidad Católica Argentina).