Una de las dificultades de las ciencias sociales está en el hecho de que los fenómenos no pueden aislarse, de modo de poder experimentar y determinar así relaciones de causa efecto de un modo empírico. La actual crisis argentina sin embargo se acerca bastante a una situación de laboratorio en la que se prueba la eficacia del autoritarismo y da como resultado muy claro un rotundo fracaso. Para entenderla hay que remontarse a lo que le pasaba al país en el año 2001 cuando se produjo la violenta crisis anterior

Las reformas que se hicieron en la década de los noventa produjeron grandes cambios pero algo central siguió intacto e incluso de acrecentó. Esto fue el gasto público. Por un lado se privatizaron áreas centrales de la economía como las comunicaciones, los servicios públicos, los puertos, los aeropuertos y el sector energético. En algunos casos esos mismos sectores fueron desregulados, en otros no se avanzó demasiado, pero en general la total o parcial privatización de la economía produjo un efecto dramático y visible y décadas de lenta decadencia y desinversión, fueron seguidas de una modernización profunda de la capacidad instalada en un período relativamente corto. Después se podrá pensar cuánto mejores se podrían haber hecho las cosas, pero el análisis contra fáctico es bastante inútil.

El sector público no dejó de crecer. En parte porque el estado asumió la deuda con los jubilados, en gran medida porque se pensó a partir del año 1995 que era hora de volver a la fiesta tradicional del populismo. En lugar de fiesta, lo que siguió desde el año 1998 fue una profunda recesión causada por la combinación de ese gasto creciente financiado con endeudamiento externo y la regla de la convertibilidad entre el peso y el dólar con la que se había parado la hiperinflación en el 91. En vez de exportar la Argentina compensaba la balanza comercial con endeudamiento público, cuyo resultado fue el crecimiento del precio en dólares de los servicios no transables y la depreciación de los transables. Hasta que además la deuda no se pudo pagar más. Eso fue el 2001.

Esta referencia es indispensable para entender dónde estamos parados hoy, porque aquella recesión y la crisis del 2001 en la que desembocó ofrecía la oportunidad de hacer el diagnóstico que acabo de realizar y por lo tanto remover los obstáculos al crecimiento. La explicación que triunfó sin embargo fue la opuesta a lo largo de los tres períodos políticos que siguieron a la década del 90. El trauma del 2001 terminó por revivir el espíritu de oscurantismo económico con un ímpetu inusitado.

Primero de la Rúa encabezando una Alianza socialdemócrata intentó reencauzar la convertibilidad con aumento de la presión tributaria y refinanciación de la deuda. No hizo más que acelerar el estancamiento y prolongar la debacle. Cuando esta llegó al caer su gobierno la solución fue una brutal devaluación y la confiscación de buena parte de los depósitos bancarios.

Después de semejante experiencia la economía argentina estaba en su piso pero con una capacidad instalada intacta: caminos, telecomunicaciones, sistema energético, puertos, todo listo para que restablecidos los precios relativos el país despegara. El gasto público también se había licuado con la devaluación. En ese mismo período la suerte del sector externo vira desde el peor de los escenarios al mejor posible y las exportaciones argentinas se valorizan. La soja que valía en el mercado internacional 170 dólares la tonelada, llegó a picos de 550 en el período kirchnerista.

Desde ese piso en el que quedó la economía y sus precios, incluidos salarios en el contexto de precios internacionales idílicos, lo que siguió fue un boom que le sirvió al pensamiento estatista que ya monopolizaba todo debate para sentirse confirmado en sus creencias. Ese fue el punto de partida del kirchnerismo.

Néstor Kirchner y después su mujer, llevan adelante la tercera experiencia de desmentida de lo que estaba bien de la década del noventa y ratificación de lo que estaba mal, pero esta vez con orgullo creciente. Se produjo la reivindicación definitiva del estado, la glorificación del comisario del pueblo y la demonización del sector privado en el sentido más fascista posible y se instaló la corrupción pero no ya como una cuestión marginal sino como sistema político. Oligarquía y poder, manejo de lo público como privado se hicieron tan normales que los diarios contaban como una crónica el modo en que empresas de servicios públicos se “argentinizaban”, es decir pasaban a manos de amigos y socios de la facción gobernante en términos extorsivos.

Las empresas se benefician o perjudican en esta etapa de acuerdo a cómo responden a los requerimientos políticos de la facción en el poder. Ni siquiera del estado como sueño idílico de “bien común”. Es el sistema de “plata o plomo” de la mafia, con un marketing de izquierda romántica. El método de intervención en la economía del kirchnerismo no es el marxista. No hay confiscación directa de los medios de producción sino hasta que han ahogado a sectores enteros de la economía y como una forma de salida oportunista. Antes de eso las empresas son extorsionadas para obedecer o para incorporar testaferros del régimen. Ese fue el caso de la petrolera YPF. Los Kirchner apoyaron en su momento el proceso de privatización que la llevó de la ruina a ser el principal contribuyente del país, después decidieron mantener el congelamiento de los precios del petróleo a boca de pozo y regularon el giro de dividendos al exterior. Los volvieron a permitir cuando un empresario K logró hacerse del 25% de la compañía sin poner un peso, pagando las acciones con los dividendos cuyo reparto se autorizó. Cuando la empresa siguió fracasando y el socio de Kirchner dejó de ser confiable para su mujer, YPF fue confiscada directamente.

Sin que ninguna de las condiciones favorables al país hayan cambiado significativamente, diez años después de manejo policial de la economía dejan como saldo que aquél capital instalado que encontraron los Kirchner desapareció. Hoy la infraestructura se encuentra de nuevo en un estado paupérrimo, empezando por el sector energético que se manejó con la combinación de congelamientos de precios y subsidios, es decir el incentivo perfecto para la desinversión y corrupción. Las empresas no responden más a los consumidores sino directamente a los funcionarios. Y esto no fue solo una negligencia, éste fue el método de predominio político del oficialismo. El pasado diciembre el sistema eléctrico hizo eclosión y millones de personas fueron dejadas sin luz con sensaciones térmicas cercanas a los 40 grados centígrados ¿Motivo? Solo el reemplazo del precio por la decisión política durante toda una década.

Por poner otro ejemplo el mercado de la carne empezó por regularse el peso mínimo de un novillo para faena. Se terminó prohibiendo la exportación. Ese mercado fue por completo destruido con controles de precios. El recuerdo de la capacidad de producción de ese producto en el país es un recuerdo, hoy la Argentina exporta casi la mitad de Uruguay.

Todo esto ocurrió sin ningún método apreciable, solo el gusto que la señora Kirchner tiene por la imposición, su visión de la sociedad y del sector productivo como si fuera un ejército a sus pies, mezclado con un profundo resentimiento social que no se compadece con su fortuna inexplicable.

El estado kirchnerista inviable comenzó a consumir caja tras caja. En el 2008 se confiscaron los fondos de pensión porque el gobierno no consiguió aplicar un aumento brutal de los impuestos móviles a las exportaciones que en algún caso podrían haber llegado al 95%. El gasto que se quería financiar era el sostenimiento del aparato de poder oficial y el asegurarse una victoria electoral en el 2009 que dados los errores en la crisis del campo igual no les llego. El dinero sin embargo se utilizó para incrementar la red clientelar, inaugurando una “asignación universal por hijo” que para colmo  había sido propuesta por la oposición. El dinero confiscado de las pensiones se gastó en cosas como regalar computadoras en los colegios, financiar películas (por supuesto oficialistas) o auspiciar eventos deportivos como el fútbol, que también se estatizó.

Es un hecho que los noventa terminaron en una gran crisis, pero los motivos eran los opuestos a los que esgrimió la izquierda nacionalista autoritaria. Era el estado y su gasto, el endeudamiento público, las regulaciones remanentes del sector servicios, la hegemonía del gobierno nacional y la incompatibilidad de todo eso con la convertibilidad. No era la maldad, ni la falta de izquierdismo, ni mucho menos ningún “capitalismo salvaje” porque el sistema de “estado de bienestar” nunca se tocó y fue gran parte del problema. Había un obstáculo serio, pero estaba mal lo que se pensó en estos diez años que estaba bien y estaba bien lo que en estos diez años se supuso que estaba mal. Por desgracia todos hicieron seguidismo de la locura oscurantista de la época de estatismo más absurda que se pueda recordar, incluida por supuesto la prensa en general que en muchos casos quiere inventar que hubo un kirchnerismo bueno como el relato que los dejaría a salvo de su complicidad.

De la Rúa  tumbó el barco con todo en contra. La nueva ola estatista que representan los K pero que incluye a gran parte de la oposición y casi la totalidad de la opinión publicada ahora enfrentada al oficialismo por las formas, volcó una calesita con todo a favor y así se consumieron una época de bonanza extraordinaria.

Entre el 2000 y el 2012 el estado creció un 60%. 13 millones de personas dependen en sus ingresos del estado nacional. La Argentina tiene el doble de presión tributaria que el promedio de la región con un 40%. Pese a ello el déficit fiscal tiene que financiarse con altos volúmenes de emisión monetaria, que el gobierno quiere paliar con controles, con los mismos resultados que en los 4000 años registrados de experiencia[1], es decir un completo fracaso. La gente se refugia en el dólar, el gobierno mantiene un precio oficial a costa de prohibirle a la gente acceder a él, la brecha con el mercado libre se amplía y los genios de la señora Kirchner reaccionen haciendo más difícil aún a ese mercado, en lo que se conoce como “cepo cambiario”. Una de sus consecuencias fue la desaparición virtual del mercado inmobiliario que tradicionalmente y como consecuencia de la experiencia de los argentinos con la inflación se maneja en dólares. No va cambiar eso precisamente en otro momento de alta inflación, de modo que las operaciones se diezmaron. Al gobierno preocupado por las finanzas públicas no le interesó, negó el problema y la señora Kirchner expuso públicamente la situación impositiva de un agente inmobiliario que había comentado la situación en un diario.

Las reservas oficiales del Banco Central son del orden de los 28.500 millones de dólares, y se pierden a razón de 180 millones diarios para sostener el dólar. La palabra “oficiales” ya dejó de ser una formalidad, dado que es imposible confiar directamente en ningún número del estado porque todos son falsificados.

En este descalabro, más saqueos, más el problema cada vez más grave de la inseguridad y la instalación del narcotráfico a gran escala como producto de la ausencia de ley, ha terminado por destruir toda posibilidad del kirchnerismo de recuperarse políticamente. Hasta aquí los ha traído la suerte, el capital acumulado que encontraron, la atención internacional puesta en otras regiones del planeta y el hecho de que en Latinoamérica siempre se pueden encontrar casos peores. Pero la suerte no dura para siempre.

La Argentina necesita volver al punto de partida y tomar el otro camino. El que descartó por el pánico del 2001. El problema es que a diferencia de la década del 80 cuando el estatismo también se chocó contra la pared, no parece haber una dirigencia política, empresarial ni mucho menos un sector intelectual o de la prensa que observe el panorama con amplitud. Todas son versiones más o menos lavadas del mismo tipo de explicación de los problemas que nos trajo hasta aquí. Cuando se menciona la palabra “empresario” en el Congreso Nacional es como sinónimo de pecado, al estado en cambio se lo considera el gran protector. Pero nunca se sabe cuándo llega el punto de inflexión. Aquél en el que de tanto probar una y otra vez con la misma solución mágica autoritaria muchos, tal vez los que más peso tienen, comprenden de un día para el otro que la producción y el progreso son cosas que se deben dejar que ocurran, no mucho más.

A la señora Kirchner le quedan dos años más de mandato. Las circunstancias económicas y políticas obligan a dudar de su permanencia hasta el 2015 y la retórica de victimización más. Ningún gobierno resiste una cruzada contra los precios con alta inflación, aunque a diferencia de lo que pasó con de la Rua no haya sectores políticos con planes alternativos, la realidad no es prudente o imprudente, es solo realidad.

Fuente: www.independent.typepad.com