¿Qué aproximación tiene el Gobierno frente a las manifestaciones revolucionarias? Alguien dirá, ¿qué entendemos por “manifestaciones revolucionarias”? La pregunta es pertinente (ambas lo son) porque en los últimos tiempos ciertas situaciones que en otros momentos resultaban obvias y sin necesidad de explicación, hoy, por la acción proactiva en el sentido de la confusión, que un montón de sectores de la intelectualidad y de la prensa han desarrollado, van necesitando de una aclaración o definición expresa.

Por lo tanto, rápidamente decimos que por “manifestaciones revolucionarias” entendemos lo que siempre se entendió, esto es, acciones de carácter violento que desconocen y pisotean derechos de terceros y que generalmente son acompañadas por expresiones verbales de camorra que etiquetan de tal o cual manera a quienes no piensan como ellos. Se trata de expresiones manifiestamente fascistas, con formas fascistas, terminología fascista que, paradójicamente, tildan de fascistas a quienes identifican como sus enemigos.

La Argentina, lamentablemente, está hoy superpoblada por acciones de este tipo. Desde el piqueterismo y las huelgas salvajes de los empleados del Estado y de la salud pública, hasta las múltiples manifestaciones sin sentido que día a día complican la vida de millones de inocentes. El espectáculo que toda esta acción corrosiva y esmerilante de los valores, el orden y las libertades publicas ofrece al ciudadano honrado es francamente insoportable.

¿Qué hace el Gobierno frente a ello? Las personas que encarnan las instituciones del Estado de Derecho, ¿qué manejo hacen de las herramientas legales que el sistema dispone para poner las cosas en su lugar? Veamos.

El Gobierno parece tener frente a estos fenómenos una estrategia zigzagueante. El sólo hecho de que tenga una “estrategia” es en sí mismo un dato sugestivo: frente a la violación de la ley y frente al intento de subvertir el orden institucional jurado por la sociedad en la Constitución, no se pueden tener “estrategias”, se debe aplicar la ley en toda su dimensión y de modo igualitario contra todo el que pretenda violarla y reemplazar el sistema de vida elegido por el pueblo.

Como botón de muestra citemos dos casos flagrantes que desde hace días no abandonan la primera plana de los diarios: el conflicto del Garrahan y la situación de Raúl Castells.

El delincuente que encabeza la protesta revolucionaria del principal hospital de niños del país, el trotskysta Gustavo Lerer –personaje que, en su momento reivindicó el atentando a las Torres Gemelas-, se ha cansado de desairar las propuestas de solución de las autoridades a sus esotéricos reclamos. Ha instalado una batucada a metros de las camas donde decenas de chicos se juegan la vida. Ha obligado a suspender intervenciones quirúrgicas de otros tantos que llegan a ese lugar desde todo el país, acompañados por padres que quizás hayan esperado ese momento por meses.

Y allí sigue. Como si nada pasara. Lerer y sus secuaces continúan sometiendo a la extorsión a familias pobres que ven cómo sus hijos pueden morir a manos de esta especie de troglodismo ideológico sin que el Gobierno mueva un solo dedo. El viernes pasado, el Jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, cuando fue preguntado por el tema, dijo que había “cierta dosis de irracionalidad” en la cuestión. ¡Cierta dosis de irracionalidad! ¡¿Cierta dosis de irracionalidad!? Pero, por favor, ¿qué tiene que ocurrir para que la ley actúe?

Sin embargo, otro trotskysta está a punto de morir de hambre. Raúl Castells, que está bien procesado y con prisión preventiva por extorsión y ocupación de propiedad privada, inició hace dos meses una huelga de alimentación que lo puede llevar a la tumba en los próximos días. Allí, el Gobierno la juega de duro. Castells ha solicitado un indulto del presidente, pero Kirchner no lo escucha. La Corte, que protege a terroristas internacionales por la vía de no otorgar la extradición a Chile y España como dichos países solicitaron, ha dicho en el caso del piquetero de los jubilados y desocupados, que no es asunto suyo. ¿De qué lado está el Gobierno?

Para responder la pregunta quizás deberíamos retrotraernos unos párrafos en el relato. Un poco más arriba decíamos que la ley debería aplicarse contra todo aquél que, violándola, pretenda cambiar el sistema de vida elegido por el pueblo. ¿Ha elegido el pueblo un sistema de vida?, ¿tenemos en claro lo que significa la expresión “un sistema de vida”? La posición errática del Gobierno frente a lo que tiene que defenderse, ¿no denota la misma duda que subyace en el pueblo? Pese a que los que llegan a los extremos de Lerer y Castells son unos pocos, ¿no son muchos los que fantasean con instaurar sistemas como los que resplandecen en las mentes de esos personajes? Y siendo el Gobierno una máquina de calcular pesos y contrapesos electorales, ¿no tomará en cuenta esas dudas existenciales que percibe en la sociedad a la hora de actuar?, ¿por qué se jugaría a castigar ejemplarmente a aquellos que, si bien desde los extremos, representan las fantasías de otros muchos, pueden volverse antipáticos a la hora de votar?

Los argentinos alarmados deberían preguntarse qué han hecho mal para que estas dudas campeen en las mentes, aún no violentas pero sí votantes, de otros muchos ciudadanos. La pregunta debe alcanzar a la intelectualidad que, como decíamos al principio, ha relativizado lo que antes todos comprendíamos, a la Academia que ha formado jueces, abogados y fiscales que han desmoronado el orden jurídico de la Constitución, a la docencia que ha reemplazado a los maestros por trabajadores de la educación y a la prensa que ha reemplazado la información y la opinión por la demagogia. © www.economiaparatodos.com.ar