Cuando se trató en el Congreso la ley de medios audiovisuales quedó en clara evidencia que varios diputados y senadores votaron a favor del proyecto del Ejecutivo a cambio de una mayor ayuda económica del gobierno central a sus provincias. Digamos que en este caso en particular la subordinación de las provincias al gobierno central quedó evidenciada en su máxima expresión, aunque ya veníamos de intercambios similares en otros casos. Podríamos decir que el Congreso se ha transformado en una especie de mercado en el cual se intercambia sostén económico discrecional del gobierno central a cambio de apoyo legislativo de los representantes de las provincias. Digamos que en la relación provincias-estado nacional existe –utilizando las palabras de los progres– el capitalismo salvaje.

¿Por qué ha crecido tanto este mercado de intercambio de votos por apoyo financiero? Claramente, porque las provincias tienen problemas fiscales. ¿Y por qué tienen serios problemas fiscales? Porque, entre otras cosas, no existe una verdadera ley de coparticipación federal que les otorgue independencia política. En realidad, tenemos un sistema de coparticipación federal que, en nombre de solidaridad, ha generado un fenomenal lío en la distribución de los ingresos impositivos. Hasta tanto no se resuelva ese problema no sólo las provincias tendrán problemas financieros y serán esclavas del gobierno central, sino que, además, Kirchner ha usado este mecanismo para darle un aspecto de legalidad a las barbaridades institucionales que hemos vivido en los últimos 6 años.

La Constitución de 1853, al momento de organizar impositivamente la República, fue muy clara. La Nación cubría sus gastos con impuestos sobre el comercio exterior y con impuestos internos recaudados en la Capital Federal y los territorios nacionales (por ejemplo La Pampa, Chaco, etc. eran territorios nacionales). Por su parte las provincias recaudaban sus propios impuestos, básicamente sobre las propiedades y ciertos consumos. Claro, eran años en que el gasto público era muy bajo. El gasto consolidado no superaba el 10% del PIB y los gastos de las provincias era equivalente al 30% del gasto consolidado. La disciplina fiscal imperaba y no había necesidad de coordinar las relaciones impositivas entre las provincias y la Nación. Aquellas tenían total autonomía financiera.

Con la crisis de 1890, se le concedió a la Nación cobrar impuestos internos en todo el territorio nacional a cambio de retribuir a las provincias el derecho concedido. En otras palabras, aquí comienza el primer paso de la coparticipación federal.

En 1935, en medio de la crisis del 30 y con ideas fascistas creciendo, se reestructuró el sistema impositivo nacional. Los impuestos internos los recaudaría la Nación y se estableció un régimen de coparticipación federal. Las provincias recibían de la Nación su parte en la medida que eliminaran los impuestos internos. En definitiva, las provincias le cedieron a la Nación la función de recaudar este impuesto. También ser creo el impuesto a las ventas, también coparticipable y el famoso impuesto a los réditos, que nació como transitorio y hoy sigue vigente bajo la forma del impuesto a las ganancias. Las provincias eran cada vez más dependientes del gobierno central para financiar sus gastos.

En 1973 se sancionó otro régimen de coparticipación federal por el cual un 48,5% de la recaudación de impuestos quedaban para la Nación, otro 48,5% iba a las provincias y el resto se repartía entre la Capital Federal, Tierra del Fuego (que era territorio nacional) y 3% iba a un Fondo de Desarrollo Regional.

Pero la distribución entre las provincias pasó a ser redistributiva, es decir, algunas de ellas cedían parte de sus ingresos a favor de otras tomando como parámetros la cantidad de habitantes, la brecha de desarrollo y la dispersión geográfica.

En 1988 se sancionó una nueva ley de Coparticipación Federal por la cual la Nación se quedaba con el 42,3% de los ingresos impositivos y las provincias pasaban a tener el 57,7%. La forma de distribución entre las provincias surgía de un número mágico que nadie sabe muy bien de qué se trata.

Como puede verse, la apretada síntesis de la evolución de la coparticipación muestra que la República Argentina nació con federalismo fiscal y, por lo tanto, con independencia de los gobiernos provinciales respecto al gobierno central, pero las ideas de redistribución solidaria e intervencionismo estatal liquidaron el federalismo político mediante la concentración de los recursos impositivos en la Nación.

Hoy en día da pena que ver a los gobernadores recibiendo a los presidentes que van a inaugurar alguna obra pública en una provincia. Y da pena porque la realidad es que muchas veces, esos recursos que financiaron la obra pública fueron generados en la misma provincia. Es decir, la Nación se apropió de los recursos producidos en las provincias y luego aparece el presidente, cual Papá Noel, cortando la citan de inauguración ante las cámaras de televisión un obra que fue financiada con los recursos de la misma provincia pero los presidentes lo venden como que ellos hacen el esfuerzo por la provincia.

Esta nefasta coparticipación federal no solo ha terminado con la independencia económica de las provincias, sino que, lo que es más grave, atenta contra la misma democracia y la república porque, como señalaba antes, el vacío legal en la distribución de los ingresos impositivos permite que se lo utilice para el mercado de votos en el Congreso. Si me apoyás, te doy plata. Si no lo hacés, no vas a poder pagar los sueldos a fin de mes ni vas a tener rutas, puentes, etcétera.

Muchos gobernadores se quejan de que tienen que venir a Buenos Aires a mendigar fondos para sus provincias. Esto es cierto. Pero yo les preguntaría a esos gobernadores: ¿están Uds. dispuestos a cambiar el actual régimen impositivo y que las provincias asuman el costo político de recaudar y coparticipen a la Nación? Es decir, ¿están dispuestos a dar vuelta el sistema y, en vez de que cada provincia le ceda al Estado Nacional la función de recaudar, asuman ellas esa función y aporten al mantenimiento del gobierno nacional? ¿O se sienten más cómodos delegándole esa desagradable tarea a la Nación a cambio de mendigar plata para sostener sus estructuras? ¿Quieren seguir teniendo el beneficio político de gastar sin asumir el costo político de recaudar? Porque si este es el deseo, dejen de quejarse cuando tienen que venir a Buenos Aires a mendigar algunos pesos y que encima los ninguneen.

Dentro del esquema vigente, lo que ha hecho Kirchner es aprovechar un vacío legal en materia de coparticipación y la ensalada que es hoy el sistema de reparto de impuestos para concentrar poder. El lector puede entrar aquí para verificar el intrincado sistema de coparticipación hoy vigente.

En momentos en que tanto se habla de reforma política, que no es otra cosa que un sistema de regulación absurda para aquellos que quieran ser candidatos a algún cargo público electivo, la primera gran reforma política indispensable para mejorar la calidad institucional consiste en terminar con el actual sistema impositivo de coparticipación federal y establecer uno nuevo por el cual las provincias sean financieramente independientes del poder central. Con este cambio, el Congreso tendría independencia a la hora de votar las leyes, se limitaría el poder del gobierno central y, seguramente, se terminaría con la borocotización con que todos los días nos sorprenden los legisladores por la cual Kirchner o quien sea, destruye la democracia republicana y establece un sistema autocrático gracias al manejo de la caja. © www.economiaparatodos.com.ar