En el alabado “paraíso” comunista chino, las libertades civiles y políticas son inexistentes, lo que supone una grave materia aún pendiente en el camino de la modernización social. No sorprende, entonces, que las autoridades chinas tengan hoy el poder de despedir y encarcelar a los periodistas, ni que lo ejerzan sin mayores contemplaciones.

El año pasado, sin ir más lejos, se dispuso que los periodistas no pueden informar sobre noticias que no tengan directamente que ver con las respectivas ciudades y/o provincias en las que ellos viven sin autorización (censura) previa de las autoridades locales.

Dos periodistas del diario Southern Metropolitan News, de la ciudad de Guangzhou, están hoy tras las rejas, cumpliendo duras condenas, por haber informado acerca de una explosión de fiebre aviaria en el interior del país sin autorización previa, en 2003. Eran los tiempos en los que Beijing suprimía sistemáticamente información sobre esa epidemia, información que seguramente, de haber estado disponible, pudo haber salvado algunas vidas.

Por esto, quizás, al llegar el verano (y el riesgo de nuevas explosiones de esa fiebre) el Parlamento chino está considerando y se dispone a sancionar un proyecto de ley que supone que, en casos de “emergencias”, ningún periodista puede hablar o escribir sobre ellas sin autorización previa del gobierno. Si lo hace, puede ser multado cada vez que se publica la historia con unos 12.500 dólares, por cada infracción.

De este modo, ni las epidemias, ni las demostraciones de protesta, ni los accidentes u otros acontecimientos imprevistos pueden difundirse sin la previa autorización del gobierno. Particularmente porque las normas, a propósito, no definen qué debe entenderse por “emergencia”. Cualquier cosa puede entonces serlo.

Toda una formidable mecánica de restricción a la libertad puesta en manos del Estado, que así se asegura un discurso único hasta en los acontecimientos que no pueden anticiparse o predecirse. Adiós a los últimos vestigios de la libertad de expresión, en consecuencia.

Pese a estas restricciones reglamentarias, hoy más de cien millones de chinos tienen acceso directo a Internet. Pero no hay que olvidar que el gobierno también interviene allí y tamiza la información que así puede difundirse y la que, en cambio, no puede serlo. El control es completo, a la manera de cerrojo.

No obstante, ante estas ostensibles “vueltas de tuerca” uno debe preguntarse qué es efectivamente peor. Si este tipo de restricciones, que lucen absolutamente horribles, pero se ponen -no obstante- sobre la mesa, o los “matrimonios” solapados que se establecen entre los políticos y algunos dueños de medios de comunicación masiva, a través de los cuales -sin transparencia alguna- se asegura que el “discurso único” que se define desde el poder sea una realidad sin que la gente advierta exactamente lo que lamentablemente está pasando, como a veces ocurre. Con estas técnicas indirectas, mucho más “discretas”, todos son -siempre- triunfos y éxitos (fabricados cuidadosamente a medida) para el gobierno. Todos los viajes al exterior, todas las gestiones, todas las iniciativas, pese a no haber alcanzado nada, se definen de modo vociferante como “éxitos rotundos”. O como “pasos al frente”, por parte de los corifeos rotativos -o permanentes- del poder, cuyas voces se amplifican constantemente desde las páginas, pantallas o micrófonos de los medios de comunicación masiva “leales” que son aquellos que están circunstancialmente “en cama” con el poder.

Toda restricción a la libertad de prensa y opinión es mala, pero este último tipo de prácticas, cada vez más difundidas en nuestra región, es aún peor. Por la enorme -aunque disfrazada- traición a la buena fe de la gente toda que este tipo de pacto oculto (que siempre tienen alguna “contraprestación”) suponen. © www.economiaparatodos.com.ar



Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).