China sanciona una nueva ley de contrato de trabajo

Pese al notable milagro económico que China ha venido protagonizando todo a lo largo de la última década, sus millones de trabajadores carecían –hasta ahora– de normas y reglamentaciones adecuadas para preservar y defender sus derechos y –hasta no hace mucho– han estado realmente a mansalva de sus empleadores, tanto públicos como privados.

No obstante, las cosas parecen haber comenzado a cambiar, desde que el Congreso Nacional del Pueblo Chino acaba de sancionar una nueva “Ley de Contrato de Trabajo”.

Para muchos empresarios, este paso disminuirá –rápida y sustancialmente– la fenomenal competitividad actual de la economía china, ya que seguramente redundará en un aumento de sus costos de producción. Y emparejará la extraordinaria ventaja que, en materia de flexibilidad y competitividad, ha tenido la economía china respecto de las de otros países hasta este momento.

A partir del año próximo, todos los trabajadores chinos tendrán derecho a contar con un contrato de trabajo individual escrito, en el que sus ingresos y condiciones laborales estarán explícitamente definidos. Ellos ya no podrán, como hoy, ser conchabados indefinidamente, en condiciones de permanente temporalidad, esto es, de absoluta precariedad. Como si esto fuera poco, las empresas chinas comenzarán a tener que enfrentar costos cuando despiden a un trabajador, es decir, tendrán que pagar indemnizaciones, como en cualquier país occidental.

Las normas recién sancionadas entrarán en vigor recién en 2008, después de un período que permitirá a todos prepararse, en lo que será una progresiva adaptación.

De acuerdo a la nueva legislación y tal como se suponía, en China habrá sólo un sindicato, que será aquel que específicamente sea organizado en el propio seno del Partido Comunista y camine de su mano. Los sindicatos independientes, en consecuencia, están absolutamente prohibidos.

Habrá además, negociaciones colectivas de trabajo, a través de las cuales se fijarán los salarios y se definirán los beneficios laborales de cada sector de la economía. Hasta ahora, en el presunto paraíso socialista, la determinación de los salarios era un ejercicio esencialmente bilateral que se hacía entre el empleador y cada uno de sus empleados, lo que, por ende, es una negociación despareja.

En un país como en China, en el que –pese a las clásicas declamaciones socialistas– la verdad es que miles de trabajadores son todavía cruelmente explotados y deben, por ello, trabajar en condiciones de verdadera esclavitud (el caso más conocido es el de aquellos que trabajan en los hornos de ladrillos y en las pequeñas minas de carbón emplazadas en las provincias de Shanxi y en Henan), las normas laborales están ahora escritas, en blanco y negro, en el papel. Lo que es un importante primer paso adelante, pero ciertamente no asegura que la administración pública vigile efectivamente que sean respetadas.

Además, por el momento al menos, no se puede confiar demasiado en los tribunales, desde que ellos (en una estructura política de corte socialista) no son, por definición, independientes y están, en cambio, demasiado alineados con los líderes del Partido Comunista, como para ser considerados imparciales.

Pronto sabremos si las normas chinas que reglamentan el contrato de trabajo son, o no, respetadas por todos. En caso de que esto no ocurra, serán seguramente “letra muerta”. No obstante, todo sugiere que el propio Hu Jintao está personalmente empeñado en que se respeten por todos y en todo el territorio de China. Sin excepciones.

Otro problema a resolver todavía es el de los trabajadores que migran de un lugar a otro, los que –con frecuencia– son engañados y hasta estafados. La nueva ley les asegura, en más, igualdad de condiciones con los trabajadores permanentes, sin distinciones. Esto es, les confiere armas legales con las que podrán defenderse contra la arbitrariedad que, en los hechos, hasta ahora favorecía a sus empleadores.

Todo un cambio saludable que cabe celebrar y que, incuestionablemente, acerca a China al resto del mundo en materia laboral.

Era hora. Particularmente cuando allí se ha descubierto un escándalo que tiene que ver con el trabajo en condiciones de esclavitud del que habla Nicholas Bequelín en una jugosa nota publicada en The Wall Street Journal, publicada el 2 de julio y titulada, sugestivamente, “Beijing’s Rule of Law Retreat”. Como nosotros, cree que mientras no haya justicia independiente, los problemas de los trabajadores explotados por las mafias no se corregirán.

Mongolia: buenas noticias para la minería internacional

Las autoridades administrativas de Mongolia, después de cinco años de trabajosas negociaciones, acaban de dar luz verde al mayor proyecto minero que tenían en estudio. El proyecto, sin embargo, aún deberá ser aprobado por el Parlamento de ese país, lo que se espera ocurrirá cadenciosamente, aunque sin mayores dificultades.

Se trata del proyecto denominado “Oyu Tolgoi”, por el que una formación rocosa que aparentemente encierra importantes yacimientos –tanto de oro como de cobre– emplazados en el desierto de Gobi, podrá comenzar a explotarse hacia fines de 2009 o, en todo caso, hacia comienzos de 2010.

La compañía minera a cargo del proyecto estará conformada por Ivanhoe Mines, propiedad del empresario minero Robert Friedland, de Canadá, y por la gigantesca y experimentada minera británica Rio Tinto. El Estado tendrá una participación del 34%.

Cabe recordar que Rio Tinto adquirió el año pasado una participación del 9,95% en “Oyu Tolgoi”, por 303 millones de dólares, que incrementará hasta el 40% luego de que el proyecto reciba todas las aprobaciones del caso.

Parece evidente que la participación de Rio Tinto resultó decisiva para generar la atmósfera de confianza necesaria para que el proyecto resultara aprobado por las autoridades locales y levantar las observaciones de naturaleza ambiental que fundamentaban la oposición y que, de pronto, han desaparecido, como por arte de magia.

El proyecto original, destacamos, no preveía tratar el mineral en Mongolia, sino exportarlo en crudo para que fuera luego tratado en plantas ubicadas en el exterior. Para evitar ese perfil operativo, el país asiático sancionó un impuesto especial, del 68% de las utilidades, aplicable a aquellos proyectos mineros que consistan en exportación del mineral crudo, esto es sin tratamiento alguno.

El hecho de que los inversores se comprometieron a construir en Mongolia una planta industrial de tratamiento de los minerales extraídos contribuyó sustancialmente a la obtención de la aprobación que acaba de anunciarse y generará, ciertamente, no sólo valor agregado, sino fuentes de empleo local, que eran objetivos que el Estado local procuraba y ahora parece haber alcanzado. Buenas noticias para el sector minero. Y para Mongolia también.

Hugo Chávez se acerca más a Irán

Para quienes desconfiamos siempre de Hugo Chávez, desde el primer momento (quizás porque sabíamos de sus complicados antecedentes personales), que ahora su política exterior aumente progresivamente en intimidad con la de su colega iraní (también extremista), el presidente Mahmoud Ahmadinejad, no es una sorpresa. Es más bien la evolución normal de la paranoia radical que conforma la visión del mundo a la que suscriben ambos líderes.

Mientras Chávez sugiere que Venezuela “ya no está tan interesada” como antes en unirse como miembro pleno al MERCOSUR por invitación de nuestro Néstor Kirchner (porque sabe que no lo controla y porque Brasil, al menos, no le ha permitido que insulte impunemente a sus parlamentarios –en lo que fue, simplemente, una más de sus permanentes ingerencias en los asuntos internos de otros Estados de la región–), su interés, en cambio, por acercarse a Irán crece exponencialmente.

Es obvio que, para Chávez, el antisemitismo iraní no es un problema y que su peligroso programa nuclear –que desafía abiertamente a la comunidad internacional– tampoco. Es más, ambas cosas le atraen, lo que le cuesta ciertamente ocultar cuando llama a Ahmadinejad, una y otra vez, su “hermano” dilecto.

Ahora, ambos países tienen un nuevo proyecto industrial en común. Se trata de la construcción de dos plantas de producción de metanol, la primera de las cuales se levantará en Irán. Más tarde habrá una segunda, emplazada en Venezuela. Cada una de ellas costará unos 700 millones de dólares y tardará unos cuatro años en construirse, desde que la eficiencia no es la característica de ninguno de los dos países que ahora se autodefinen –triunfalmente– como “el eje de la unidad”, por oposición –obviamente– a lo que George W. Bush alguna vez llamó el “eje del mal” y en el que incluyó, desde el vamos, a Irán. Usted, lector, elija el eje en el que quiera colocarlos. Porque es libre.

La intimidad entre ambos países es bien preocupante. Y debiera hacernos reflexionar si la cercanía de nuestro país con Venezuela no debe ser revisada. Más allá de nuestra voluntaria dependencia financiera con Hugo Chávez. Particularmente cuando el dinero de los argentinos, así como el de los uruguayos, está financiando esa agencia de publicidad para Chávez en la que se ha transformado Telesur, la empresa multinacional que toca el bombo a favor del dictador caribeño y de la que todos somos accionistas, aunque sólo Néstor Kirchner ayude a Chávez a disimular lo indisimulable. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).