Después de una histórica sesión en la madrugada del jueves 17 de julio, el Senado de la Nación restauró la sensatez de las leyes, gracias al valiente voto de desempate del Vicepresidente de la República.

Una inmediata sensación de alivio recorrió el país entero como si una corriente de aire puro hubiese barrido el humo ponzoñoso que no nos dejaba respirar.

Pero atención, se trata de una bocanada transitoria, porque la rebelión fiscal que se abroqueló al lado del campo conquistó la batalla, pero no ganó la guerra.

El gobierno la continúa y sus integrantes siguen estando caracterizados por la ruptura de contacto con la realidad. Pretendieron quedarse con la renta del sector rural pero esta vez el arrebato les fracasó. Ahora insisten en el mismo camino como si nada hubiese pasado.

Los argentinos debemos comprender esa inolvidable lección de sabiduría económica que dejara escrita el egregio profesor Kenneth E. Boulding (1910-1993), de observancia metodista, autor del más famoso texto sobre Análisis económico, profesor en las universidades de Michigan y Colorado, presidente de la American Economic Association y la American Association for the Advancement of Sciences.

Decía el profesor Boulding: “Los impuestos constituyen un desapoderamiento de bienes realizado bajo la afirmación del tipo: ¡entrégame lo que yo deseo o te castigaré con algo que tú no deseas! En su forma extrema el impuesto es idéntico a la exigencia del bandido que nos asalta reclamando ¡la bolsa o la vida! Los impuestos están en las antípodas de los regalos, no surgen del amor sino del temor. En los impuestos no existe benevolencia ni intercambio, por el contrario son una exacción que se hace con mucha resistencia, poca voluntad y grandes objeciones. Por eso se pagan bajo coacción. Si no lo hacemos se nos amenaza con la prisión, la confiscación de nuestra propiedad o el embargo del dinero en bancos y es en ese sentido que el gobierno se comporta como un bandido. Ahora bien, todos tenemos conciencia de que algo hay que pagar para que la vida en sociedad transcurra en sosiego, sin violencias ni provocaciones. Pero el gobierno pierde legitimidad -esto es autoridad moral para exigirnos el pago de impuestos- cuando excede un límite muy preciso de nuestra renta y el impuesto, en lugar de ser una contribución razonable, se convierte en saqueo o expoliación, obrando igual que el bandido que vive del arrebato y la rapiña. Cuando el impuesto es un robo, surge ineludiblemente el derecho a resistir el asalto y la rebelión fiscal se generaliza”. (Kenneth Ewert Boulding, “La economía del amor y del temor”, Alianza Universidad, Madrid 1976)

El oscurantismo del gobierno

Después de la indudable derrota soportada en el Senado de la Nación y precedida por la deserción de la propia tropa en la Cámara de Diputados, el gobierno de la presidente Cristina, insiste ideológicamente en su planteo aislacionista.

Están como encerrados en sí mismos, han perdido contacto con la realidad e imposibilitados de comunicar qué es lo que pretenden hacer del país.

La pareja presidencial habla permanentemente del “proyecto”, un misterio tan insondable, confuso e incomprensible que nunca han conseguido explicarnos de qué se trata, pero siguen insistiendo en que están inspirados en el “proyecto”.

De todos modos, el oscurantismo con que obra el gobierno parece apoyarse claramente en la rapiña como eje de la acción política.

Rapiña es una palabra derivada del latín “rapina”, que significa arrebato, robo o pillaje y se aplica a la acción de apoderarse de cosas ajenas por medio del poder y la violencia. Exactamente lo que quiso hacer el gobierno con las retenciones móviles.

Que la rapiña sea el motor de la política económica, fue explicado cabalmente por el diputado justicialista, que en pleno debate parlamentario, espetó lo siguiente: “si no arrebatamos la renta del campo ¿cómo haremos para redistribuir la riqueza?”

La frase es consistente con las afirmaciones de la presidente y su cónyuge en retiro activo, cuando dicen que para distribuir el ingreso tienen que tocar intereses privados que se resistirán a ello.

En el último discurso pronunciado en el Chaco, la presidente señaló que la sociedad no ha comprendido aún la hondura del proyecto que llevan adelante, pero que algún día lo entenderán.

Parece ser el anuncio de planes utópicos, basados en leyendas de su antigua militancia, que nunca fueron contados a nadie ni siquiera a sus propios seguidores.

Con las retenciones móviles, precisamente intentaron poner en marcha ese incomprendido “proyecto”. Redactaron dos galimatías, uno la resolución 125/08 del imberbe ministro Martín Lousteau y otro, posteriormente la resolución 1176/08 del averiado ministro Alberto Fernández ordenando limitar el alcance de aquella perversa resolución sin derogarla.

distributiva

Lo que parece que nunca acabarán de entender es que con la rapiña de la riqueza y de los ingresos ajenos, no se producirá la mejora en la distribución del ingreso. Dejamos para otro artículo la demostración numérica de que cualquier intento de repartir la riqueza y el ingreso a través de la rapiña conduce inexorablemente a una concentración y al empeoramiento de la distribución. También postergamos la explicación de cómo se puede conseguir efectivamente una distribución más justa del ingreso, sin rapiñar ingresos a nadie.

El propósito de distribuir el ingreso utilizando la expoliación conduce siempre a una injusticia distributiva que genera inevitablemente el desorden social, la desobediencia civil y finalmente la rebelión fiscal como lo acabamos de experimentar con las retenciones al campo.

La distribución del ingreso para ser eficaz debe realizarse dentro de una justicia distributiva, que es aquella virtud pública -propia del Estado de derecho- que obliga a los gobiernos a cumplir con la igualdad proporcional en la distribución de las cargas impositivas y de los privilegios concedidos por leyes o regulaciones.

Es una justicia que no está dirigida al bien común del todo social, sino a los ciudadanos concretos que integran el país y a los grupos privados que trabajan y producen al amparo de los derechos fundamentales garantizados por la constitución nacional.

La desproporción en el reparto de los impuestos, la negativa a la actualización de mínimos no imponibles, la prohibición de ajustar los resultados de un balance por efecto de la inflación, el favoritismo en la adjudicación de licitaciones públicas, la descarada autorización de cobrar sobreprecios para repartir diferencias entre el contratista y el funcionario interviniente, las subvenciones dirigidas a los amigos del poder o digitadas hacia quienes comparten un porcentaje con quien las liquida, son todos delitos no legislados que van en contra de la justicia distributiva y contribuyen a concentrar la renta y la riqueza.

La justicia distributiva impone al Estado, al Congreso nacional y a la Justicia el deber de distribuir justa y equitativamente la carga publica, incluyendo en primer lugar, los impuestos, las contribuciones y las cargas sociales y en segundo término, las ventajas fiscales, los privilegios, las exenciones, las ayudas y los subsidios, de tal manera que se produzca el menor daño individual posible y se faciliten las condiciones para el progreso económico y el desarrollo social de cada habitante.

Otorgar privilegios absolutos a algunos sectores como ocurre en el caso de la explotación de juegos de azar, producción de tubos de acero sin costura, explotación de la pesca marítima austral, fabricación de lingotes de aluminio, elaboración de vinos en base a uvas Chardonnay y Pinot Noir por el método Champenoise, exportación de productos con reintegros fiscales negados a terceros y otras desgravaciones tributarias, son prácticas que violan los principios de la justicia distributiva porque sirven para consolidar el capitalismo de amigos y engendrar vicios de corrupción entre los funcionarios encargados de autorizar y supervisar tales privilegios.

Impedir que los menos dotados puedan tener acceso a la propiedad o dificultarles el ejercicio de una industria útil y lícita a través de una parafernalia de requisitos administrativos, normas y resoluciones acumuladas sin ton ni son, así como imponerles trabas legales o de procedimientos a cargos de organismos burocráticos como la ONCCA, también constituyen atentados contra la justicia distributiva que impiden una efectiva distribución del ingreso.

Pero este enfoque civilizado del proyecto, parece que todavía escapa a la comprensión y entendimiento de un gobierno que sigue ignorando y negando la realidad circundante. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.