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EPT | November 27, 2022

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Lunes 10 de noviembre de 2008

Confiscación de ahorros: otro arrebato autoritario de los Kirchner

Ayer fue el turno del campo, ahora les tocó a los ahorros de los argentinos depositados en las AFJP… ¿qué sigue?

Los Kirchner están a punto de darse el gusto de terminar de destruir el escaso mercado de capitales que aún quedaba en Argentina, pero los más grave es el impacto que tiene sobre la propiedad privada. Un tema gravísimo porque le han transmitido pánico a la gente a través de sus acciones. Ayer fueron por el campo, ahora por los ahorros de la gente en las AFJP y mañana cualquier activo líquido puede ser presa de la voracidad del gobierno.

Afectar el derecho a la propiedad privada de la forma en que se lo está por afectar, tiene implicancias clarísimas para el conjunto de la población. Argentina pasa a estar condenada a tener muy bajos niveles de inversión, por lo tanto, la creación de puestos de trabajo y los salarios reales, que dependen de la productividad, también están condenados a las de un país en permanente decadencia. En la nota de la semana pasada yo hablaba de tierra arrasada, y eso es lo que están dejando justamente los Kirchner con sus improvisaciones y medidas arbitrarias.

Ahora bien, hasta ahora todos suponíamos que la recompensa para el matrimonio era quedarse con una caja del orden de los U$S 98.000 millones. El costo de destruir la economía tendría como contrapartida una inmensa caja que les otorgaría un margen de maniobra importante para financiar la campaña política del 2009. Sin embargo, analizando los números con más detalle comienzan a surgir dudas sobre si tal beneficio realmente existirá. Puesto en otros términos, los Kirchner estarían destruyendo la economía pero sin tener el beneficio de caja que creen poder lograr con la expropiación de los ahorros de la gente.

Para analizar cuánta caja le puede quedar a los Kirchner, hay que tener en cuenta que, con la ley que está en el Congreso, se apropian de dos cosas: a) los flujos de los aportantes a las AFJP y b) del stock de ahorro de la gente. Vayamos primero al punto a).

Al mes de septiembre, las personas que reciben fondos de las AFJP, entre jubilados, retiros por invalidez y pensiones por fallecimientos, eran unas 450.000 personas. El otro dato a tener en cuenta es que el flujo mensual de ingresos de las AFJP por aportes de los afiliados está en el orden de los $ 1.000 millones mensuales. Bien, ese flujo de $ 1.000 millones mensuales se los apropiaría el Estado, pero el stock de jubilados que actualmente reciben sus jubilaciones de las AFJP también pasa al Estado. Esto quiere decir que así como el gobierno se va a apropiar de los $ 1.000 millones mensuales, tendrá que pagarles a los jubilados que estatiza. ¿Cuántos jubilados estatiza en forma inmediata? Unos 300.000, el resto queda en el sistema de rentas vitalicias que manejan las Compañías de Seguro de Retiro. A estos 300.000 jubilados estatizados tendrá que pagarles el Estado, unos $ 100 millones mensuales, con lo cual el flujo neto con que se queda el gobierno es de $ 900 millones mensuales, por ahora, dado que con el tiempo irán incorporándose cada vez más jubilados estatizados. Si uno piensa en el monto anual neto del flujo que retendrá el Estado, no luce como una cifra tan importante frente a los gigantescos problemas fiscales que tenemos por delante. Son unos U$S 3.000 millones, al tipo de cambio actual, que difícilmente cambien el curso de las elecciones.

Vayamos ahora a los stocks que expropian. Al 15 de octubre el stock de activos en las AFJP se había reducido a $ 86.000 millones, de los originales $ 98.000 millones que se había en agosto. Claro, la caída en los activos por el pánico que generó el gobierno redujo el valor de las carteras.

¿Cuánto de ese dinero puede usarse para la campaña? De los $ 48.000 millones en títulos públicos, $ 27.400 millones son bonos del Estado que, en el mejor de los casos, cotizarán al 30% de su valor nominal. De manera que los $ 48.000 millones nominales, le quedaría $ 28.000 millones, que si sale a venderlos al mercado reducirá su valor y tendrá menos todavía. Además, queda el interrogante de quién comprará esos títulos. ¿Qué flujo o stock de ahorro interno estará disponible para comprar bonos de un Estado que ha demostrado no respetar ninguna regla o contrato?

Si el gobierno retira los $ 7.000 millones a plazo fijo para usarlos en gasto público, desplazará definitivamente al sector privado del mercado crediticio. Y si los usa para pagar la deuda, vaciará a los bancos de fondos. Representaría algo así como el 10% de los depósitos a plazo fijo del sector privado.

Si vende los $ 8.700 millones en acciones de empresas privadas, el Merval se hará polvo y las empresas no cotizarán nada. Además, ¿quién comprará esas acciones? ¿De dónde saldrán los recursos que puede aportar el sector privado en un país en el que no se respetan los derechos de propiedad?

El resto de los activos no son vendibles o son vendibles a precios muy bajos.

Todo esto quiere decir que, a mi no me queda muy claro que de los $ 86.000 millones nominales que van a confiscar (vaya unos a saber cuánto valdrán esos activos cuando finalmente se traspasen dada la destrucción del mercado de capitales y la inseguridad jurídica), el grueso pueda, en la práctica, aportarle demasiados fondos a la campaña de Néstor, en tanto que el flujo neto que le queda por los aportes mensuales tampoco resuelve el problema de caja. En consecuencia, el proyecto de estatización luce a un impulso de un desesperado que no analiza seriamente las consecuencias, ni los supuestos beneficios que espera obtener del latrocinio.

De la misma forma que resolución 125 fue hecha sin un serio análisis técnico y sin medir las consecuencias económicas para los productores ni el impacto político y social que iba a tener, este proyecto puede resultar una victoria del oficialismo en el Congreso, pero sería una victoria que parece ser no le generará tanta caja como espera el matrimonio presidencial. Por supuesto que la destrucción económica e institucional del país con estos sistemáticos arrebatos de autoritarismo es algo que poco cuenta en las ambiciones de poder del matrimonio y es un costo infinitamente mayor a los $ 86.000 millones que expropiará el gobierno.

En síntesis, la relación costo beneficio para el país es catastrófica. Yo diría que es puro costo y cero beneficio. Para el matrimonio, la relación costo beneficio finalmente podría no ser tan importante en tanto que, probablemente, con esta iniciativa hayan terminado de licuar su imagen ante la sociedad. © www.economiaparatodos.com.ar


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