Cristina de Kirchner: Sí, pero con qué cara
De qué manera y, sobre todo, con qué cara, Cristina Fernández de Kirchner le irá a decir a los tribunales internacionales que la Corte Suprema de Justicia de su país consideró inconstitucional su proyecto para democratizar la justicia en Argentina
A esta altura de las cosas solo quiero saber de qué manera y, sobre todo, con qué cara, Cristina Fernández de Kirchner le irá a decir a los tribunales internacionales que la Corte Suprema de Justicia de su país consideró inconstitucional su proyecto para democratizar la justicia en Argentina. Cuando los jueces de esos tribunales le pregunten en qué consistía dicho proyecto, ella les explicaría que para democratizar la justicia, de acuerdo a su entender, los integrantes del Consejo de la Magistratura, que tiene en sus funciones nombrar y remover jueces, iban a ser elegidos por el voto popular, de modo que el pueblo eligiera a sus propios jueces. Los candidatos a ocupar dichos cargos integrarían las listas de los diferentes partidos políticos en unas próximas elecciones.
De esta manera, aunque no lo diga su inspirada inspiradora, la nueva ley permitiría que cada partido político tuviese sus propios jueces. Los partidos mayoritarios tendrían mayor cantidad de jueces con lo que la justicia estaría en condiciones de emitir fallos a la medida de sus respectivos partidos, mientras que las minorías… pues que las minorías se joroben. Quién les manda ser unos pocos.
La semana pasada hablaba con un amigo uruguayo quien no ocultaba su admiración por esa amplia clase media argentina, por su capacidad de levantarse una y otra vez, de reinventarse cuando así es necesario, infatigable, invencible, creativa. “Viene un gobierno de extrema derecha y le roba todo lo que tienen; se quedan en la calle sin un peso partido por la mitad. Pero a los pocos años están de nuevo florecientes, preparados para un nuevo gobierno populista que también les roba y también se levantan. Sean de izquierda o de derecha, en realidad no son partidos políticos ni grupos con una ideología definida, son una pandilla de delincuentes que lo único que hacen es robarle a esa clase media que en pocos años volverá a levantarse. Son admirables”.
Me acordé cuando Perón lo quitó a Jorge Luis Borges de su cargo en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y lo mandó como inspector de gallinas en el Mercado de Abasto de Corrientes Angosta (hoy convertido en elegante centro comercial), y allá fue Borges (¿Acaso ese no fue también reducto de Gardel?) porque un general populista como Perón no le iba a quitar quien en realidad él era. Lo que disiento con mi amigo uruguayo es que la lección no se termina de aprender nunca y pronto esa clase media estará de nuevo en medio de algún corralito sin un centavo.
Cuando se publicaron los informes filtrados por Wikeleaks, el circo montado por el australiano Assange, había unos informes enviados por un diplomático norteamericano a Washington desde su destino en Buenos Aires. En él ponía en duda “el equilibrio emocional” de la presidenta. Esto dicho así, en lenguaje muy diplomático, traducido en el lenguaje de la calle más accesible a todos es que a esta persona se le fue la olla.
El proyecto de “democratización” de la justicia me hace pensar que el diplomático norteamericano no estaba muy errado en sus apreciaciones. En el caso que los candidatos a jueces vayan en la misma lista de los partidos políticos al lado de los candidatos a otros cargos, ya se ve que es un disparate; un disparate solemne. Por otro lado, el solo hecho de someterlos a elección popular, independientemente de los partidos, también forma parte de ese disparate. Trato de imaginarme cómo sería que en los Estados Unidos de Norteamérica se someta a elección popular al director de la NASA, o quizá al director de la Oficina de Energía Atómica, o al director del Centro de Vuelos Espaciales de Houston. Hay cargos que no son políticos, que requieren una cierta y determinada capacidad para ocuparlos, conocimientos especializados, extremadamente especializados. Y los jueces pertenecen a esta clase de funcionarios no políticos. Al contrario, lo que se requiere de ellos es que no sean, precisamente, parte del aparato político gobernante de modo que puedan mantener su independencia en el momento de elaborar sus fallos.
La pataleta de doña Cristina fue histórica ya que cinco integrantes de la Corte Suprema le dijeron no a su descabellada idea y solo uno le dijo que sí. De este modo se le diluyen entre las manos su venganza contra el grupo Clarín y sus periodistas a los que no ha podido domar y, lo más importante, la posibilidad de interpretar la Constitución a su antojo de modo que pueda presentarse a una re-reelección, un tercer periodo, como se lo han enseñado sus colegas bolivarianos.
Fuente: www.independent.typepad.com