De acuerdo a la jueza porteña Elena Liberatori, los 2.400 empleados a los que el nuevo gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no les renovó sus contratos deben ser reincorporados porque los sueldos que recibían “eran de indudable carácter alimentario y quienes dejan de percibirlos se encuentran material y emocionalmente afectados”.

Con semejante fundamentación, la jueza recurre al mismo sonsonete que se ha utilizado en otros casos: hay personas que tienen derechos que no se sabe por qué los tienen y otras que tienen la obligación de pagar por esos derechos, sin que tampoco se sepa por qué están obligadas a pagar los supuestos derechos de esos otros.

En primer lugar, si el ingreso que percibían era de indudable carácter alimentario, pero como contraprestación no cumplían ninguna función que generara algún tipo de riqueza para los contribuyentes de la ciudad, en vez de tener un contrato en el Gobierno de la Ciudad esa gente debería pasar a tener un plan Jefes y Jefas de Hogar o un seguro de desempleo. En otras palabras, decir que alguien tiene derecho a seguir siendo contratado porque tiene que alimentar a una familia implica afirmar que esa persona no estaba trabajando, en el estricto sentido de la palabra, sino que estaba recibiendo un subsidio disfrazado de contrato laboral.

La segunda parte de la fundamentación de la jueza luce todavía más desopilante dado que sostiene que estas personas se encuentran material y moralmente afectadas porque no se les renovó el contrato. Con este mismo criterio, los fabricantes de carretas deberían tener derecho a que alguien les siga comprando esos vehículos porque, si así no fuera, estarían moral y materialmente afectados. El mismo criterio podría aplicarse para los fabricantes de discos de pasta y de vinilo, para quienes hacían el mantenimiento de las viejas máquinas de escribir mecánicas y para tantos otros oficios, profesiones e industrias que ya no son necesarias.

El tercer mensaje que nos envía la jueza es que en la Argentina los contratos no están para ser cumplidos. En verdad, si alguien firma un contrato por un tiempo determinado y éste luego no se le renueva, la parte que decide no continuar con el contrato está en todo su derecho de no hacerlo. Pero la jueza, poniendo patas para arriba el Derecho, ha decidido que es “injusto” que una vez terminado el contrato una de las partes se niegue a renovarlo.

Justamente esto es lo que se denomina inseguridad jurídica escondida detrás de supuestos sentimientos de bondad, inseguridad jurídica que espanta las inversiones, reduce la productividad de la economía y hace que cada vez haya más pobres. Si la jueza está tan preocupada por los pobres, lamento informarle que su forma de razonar y emitir juicio constituye una formidable máquina de generar pobres.

Tampoco pareció interesarle demasiado a la jueza de dónde saldrían los fondos para seguir pagando los contratos vencidos. Sin embargo, un verdadero espíritu solidario debería cuestionarse si al obligar a la Ciudad de Buenos Aires a mantener gente que no es necesaria no está cometiendo la injusticia de quitarle al contribuyente porteño parte de su riqueza para sostener puestos de trabajo que no son tales y que, en muchos casos, podrían ser simples favores políticos. Más aún, si se verificara que hay una parte importante de esos 2.400 “contratados” que son “punteros”, la jueza, con su fallo, estaría convalidando la corrupción política. Y así, gente muy pobre, que con mucho sacrificio paga la tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL), por ejemplo, estaría subsidiando a punteros políticos disfrazados de trabajadores a través de contratos que ya han caducado.

Definidas las funciones del Estado, corresponde al Ejecutivo decidir qué cantidad de personal es necesario para llevar a cabo esas funciones con la calidad correspondiente. Cuando la jueza decide que esa gente tiene que seguir en sus cargos por más que los contratos hayan vencido está asumiendo el rol del Ejecutivo. Lo que la jueza tiene que decidir es si algunas de las partes no cumplió el contrato firmado. No tiene que decidir si el Estado municipal tiene que contratar más o menos gente. No es ésa la función para la que cobra un sueldo.

La jueza ha inventando derechos inexistentes y obligaciones injustas para los ciudadanos de Buenos Aires. Con su decisión, no perjudica a Mauricio Macri, perjudica a los contribuyentes de la ciudad.

¡Pero, claro, qué ingenuo lo mío! Venir a hablar de valores republicanos y división de poderes en un país en el cual los mismos funcionarios públicos se han encargado de mancillar la república y la división de poderes.

Si los argumentos que esgrimió la jueza para obligar al contribuyente de la ciudad de Buenos Aires a pagar impuestos para sostener a gente que no cumple ninguna función útil son lo que salieron publicados en los diarios, el mensaje que nos está enviando la magistrada es: “el que no llora no mama y el que no afana es un gil”.

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