El presidente Luiz Inacio “Lula” da Silva de Brasil (dedicado en los últimos días a fustigar al capitalismo y al liberalismo desde el Foro Social Mundial -anti-Davos- que sesiona en Belem, de la mano de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Fernando Lugo), en su respuesta a la solicitud expresa de revisión formulada por el Presidente de Italia, Giorgio Napolitano, ratificó -por carta dirigida al Gobierno italiano- que no extraditará al terrorista buscado por Italia, Cesare Battisti, arrojando así un verdadero balde de agua fría sobre las expectativas de aquellos que esperaban, equivocadamente, que el gobierno de Brasil pudiera cambiar su cuestionable y desacertada decisión de conceder a Battisti el carácter de refugiado político.

Cesare Battisti -recordemos- es un asesino que, además, lideraba en Italia la agrupación terrorista denominada “Proletarios Armados para el Comunismo” que actuara en la década de los 70 y ha sido condenado por los tribunales italianos a prisión por haber asesinado a cuatro personas entre 1978 y 1979.

Ducho en el arte de conseguir y consolidar su impunidad, Battisti se evadió de la prisión italiana de Frosinone, en 1981. Desde allí se refugió en Francia, siendo beneficiado por la absurda “Doctrina Mitterand”, que negaba la extradición de los terroristas contra su mera palabra de “no retornar a la violencia”.

Cuando esa doctrina fue abandonada por Francia, Battisti, ni lerdo ni perezoso, se escapó de Francia, pese a haberse comprometido formalmente a permanecer en ella, ante las autoridades judiciales galas.

Con documentación apócrifa (increíblemente suministrada por los servicios secretos franceses, según el propio Battisti acaba de revelar en conferencia de prensa), y obviamente un nombre clandestino, Battisti ingresó al Brasil, bien asesorado, pensando que de allí la justicia no iba a poder nunca sacarlo. Y hasta ahora ha sido así. El 18 de marzo de 2007 es, sin embargo, detenido en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro. Allí comienza su lento y fallido proceso de extradición, a pedido de Italia.

Cuando Brasil, luego de recorrer las instancias administrativas y judiciales aplicables, se disponía formalmente a extraditarlo, Battisti logró que el Ministro de Justicia le concediese -sorpresivamente- el carácter de “refugiado político”, sosteniendo que era un “perseguido” en Italia. Obtuvo entonces su total impunidad. O, más bien, logró conservarla. Con la ayuda inestimable (y previsible) de muchos de los líderes locales y foráneos de la izquierda radical, así como -quizás- la de Carla Bruni, la esposa de Nicolás Sarkozy, que lo niega, quienes aparentemente intercedieron repetidamente ante el Presidente “Lula” por Battisti, con éxito. Como si los civiles inocentes que fueron víctimas de Battisti (entre los que hay quienes perdieron un padre y, además, quedaron ellos mismo paralíticos de por vida) no tuvieran la menor importancia. Para Brasil, al menos. Tampoco para Francia, aparentemente cómplice de la “fuga” de Battisti de su propio país galo.

Italia se dispone ahora a seguir su lucha judicialmente, en el Brasil. La Corte brasileña le ha dado cinco días para fundar su pedido de extradición. Con pocos posibilidades de éxito, a mi juicio. Dios quiera que me equivoque, pero no lo creo.

La conducta de Brasil es absolutamente injustificable. Además, como pretendido líder de la región, ha hecho un papel lamentable. Particularmente porque procura, contra viento y marea, ingresar como Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pese a lo cual no ha vacilado en violar abiertamente la Resolución 1373, del 2001, que fuera dictada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, razón por la cual es obligatoria a todos los Estados Miembros. Esta circunstancia debería ser denunciada formalmente por Italia por lo menos ante el “Comité especial contra el Terrorismo” de dicho Consejo de Seguridad.

Italia debería, además, usar tenazmente este argumento para continuar, como hasta ahora, por razones adicionales, oponiéndose firmemente a la candidatura de Brasil, cada vez con más argumentos. No es posible que se acepte como nuevo miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a un país violador consuetudinario de las normas obligatorias emanadas del propio ente, en materia de terrorismo. Sería gravísimo.

La Resolución 1373, antes nombrada, es meridianamente clara. Veamos si no es así. Ella obliga expresamente a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a:

• “Denegar cobijo a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan cobijo a esos fines”;

• “Velar por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos, y por que, además de cualesquiera otras medidas de represión que se adopten contra esas personas, dichos actos queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros instrumentos legislativos internos, y por que el castigo que se imponga corresponda a la gravedad de esos actos”.

A lo que agrega una clarísima exhortación, dirigida también a todos los Estados Miembros que entre otras cosas llama a:

• “Adoptar las medidas apropiadas de conformidad con las disposiciones pertinentes de la legislación nacional y el derecho internacional, inclusive las normas internacionales de derechos humanos, antes de conceder estatuto de refugiado, con el propósito de asegurarse que los solicitantes de asilo no hayan planificado ni facilitado actos de terrorismo, ni participado en su comisión”; y a

• “Velar, de conformidad con el derecho internacional, por que el estatuto de refugiado no sea utilizado de modo ilegítimo por autores, organizadores, o patrocinantes de actos de terrorismo y por que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa para denegar las solicitudes de extradición de presuntos terroristas”.

La conducta del Brasil no sorprende. Es hija de un gobierno en el que, es cierto, hay al menos una destacada miembro del gabinete nacional y ahora candidata a Presidente de la República por el Partido del Trabajo con antiguas vinculaciones con la guerrilla brasileña de los 70.

Luiz Inacio “Lula” da Silva parece oscilar entre el realismo y la que fuera su ideología de corte marxista de ayer, a la que ha seguido aplaudiendo únicamente desde Belem. Por esto es naturalmente proclive a conceder refugio a terroristas, como ha sucedido con Cesare Battisti. No necesariamente por lástima, ni clemencia, como podría creerse. Podría ser por convicción.

La resolución de no extraditar a terroristas es una decisión soberana, quizás. Pero no puede olvidarse al tiempo de apoyar -o no- la pretendida presencia permanente del Brasil en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de cuyas resoluciones, queda visto, se burla sin ningún empacho. Todo un tema. El daño a la legalidad que supondría tener un Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sería simplemente inmenso. Gravísimo.

Para hacer rápidamente las cosas más difíciles generando más “hechos consumados”, el Procurador del Brasil, Antonio Fernando Souza, cumpliendo órdenes explícitas del Presidente “Lula”, se presentó con toda velocidad a la Corte Suprema de Justicia para pedir el archivo de las actuaciones como consecuencia de la insólita decisión política adoptada de conferir refugio al mencionado Battisti. Para evitar sorpresas, seguramente, cuando se especulaba que Italia podía presentarse ante ese mismo tribunal para pedir ante sus estrados la revisión de la lamentable decisión antedicha. El complaciente Procurador actuó entonces de manera de cerrar todas las puertas por las que podría filtrarse alguna complicación adicional para Battisti.

No obstante, la Corte, antes de decidir, dispuso escuchar a Italia. Por fin alguien que respeta el “debido proceso legal”.

Ante esta situación, Italia reaccionó bien. Retiró a su Embajador en Brasilia, Walter Veltroni, convocándolo a “consultas” a Roma. Lo que es una señal al mundo de su inocultable enojo con el Brasil. Y, además, canceló la visita que el Presidente Sivio Berlusconi planeaba hacer a Brasilia en los primeros días de marzo, en otra clara muestra de disgusto. Italia tiene toda la razón.

Puede quizás haber una sorpresa más.

Italia, si la Corte brasileña envía finalmente las actuaciones sobre Cesare Battisti al archivo, estaría considerando seriamente presentarse a impugnar la decisión brasileña ante la Corte Internacional de Justicia. Debería hacerlo.

Es hora ya que alguien se anime a hacer algo así, de manera de evitar que, como Francia, en el caso reciente de Marina Petrella, o ahora Brasil, en el triste episodio que involucra al terrorista Cesare Battisti, sigan efectivamente siendo cómplices en maniobras que terminan despedazando la prohibición de atentar contra civiles inocentes establecida inter alia por las Convenciones de Ginebra de 1949 y permitiendo que se siga atentando contra ellos en mil rincones del mundo al comprobarse que en realidad no existe voluntad política alguna de defenderlos, ni de atender a los derechos de las víctimas de los atentados terrositas o de los crímenes de guerra, según sea el caso. Con la única excepción de la labor del Tribunal Penal Internacional, que sigue su propio curso.

Lo del apoyo de Francia a la “fuga” de Battisti de su país, denunciado alegremente por el ahora impune terrorista, es inaudito. Italia debería incluir a Francia en su eventual acción ante la Corte Internacional de Justicia. Para que quede a la vista que un Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le hace trampa a ese organismo, lo que es gravísimo e inaceptable. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).