Desde hace tiempo, desde estas mismas columnas, venimos señalando la verdadera naturaleza de la “revolución bolivariana”, así como la conducta de algunos de sus actores centrales. Esto es, el gigantesco engaño que esconde detrás de su aparente ropaje social.

El mundo bolivariano no deja de darnos permanentemente material para exponer la realidad. Por esto proponemos seguir delatando la triste realidad que, en rigor, anida en ese patológico universo.

Un alto dirigente del MAS boliviano envuelto en las habituales sombras de corrupción

Las nubes más espesas y oscuras (de esas que suelen sugerir la existencia de corrupción generalizada) parecen están “estacionadas” sobre los más altos dirigentes del MAS boliviano, el partido político que (abrazado al socialismo más atávico) responde al liderazgo de Evo Morales.

Algunos de ellos están ya presos. Como aquellos que “condujeron” (para beneficio propio, obviamente) a YPFB, la empresa estatal de hidrocarburos del país del altiplano. La más grande de Bolivia.

Muchos otros, sin embargo, aún no lo están. Pero parecen camino a enfrentar sus propios calvarios en los lentos juzgados penales de su país.

El caso más reciente que se suma al alud de juicios que el MAS está generando es el de un tal Feliciano Vegamonte, el jefe departamental del MAS en Cochabamba.

Una agenda y varios recibos imprudentemente escritos a mano lo sindican como responsable de una sospechosa compra de fusiles Máuser destinada aparentemente a armar un grupo de “comunarios” (presuntamente “espontáneos”) que el año pasado tomaron por la fuerza la mina Santa María, emplazada en el límite entre Cochabamba y Oruro.

En el violento episodio perdieron la vida dos personas y otras ocho resultaron con heridas de significación.

Los documentos referidos aparecieron en el curso de una de las tantas investigaciones judiciales abiertas a lo largo y ancho de Bolivia contra los funcionarios del régimen “bolivariano” de Evo Morales. En este caso, una referida al Prefecto de Oruro, Alberto Aguilar, también del MAS, con motivo de la toma de la mina antes aludida, el 25 de marzo del año pasado.

La disputa es de contenido económico. Por dinero, entonces. Se refiere al control de la mina de estaño que los “comunarios” de Puna Huaylluna, en Cochabamba, arrebataran a los trabajadores que antes explotaban ese yacimiento bajo el paraguas de la empresa COMICEN.

Aguilar habría, a estar a las pruebas presentadas en la causa penal, participado personalmente en la preparación de la invasión de la mina. Con él habría actuado asimismo el mentado Vegamonte.

Los recibos presentados en la causa se refieren, según los medios locales, a “aportes para colaborar en los conflictos sociales con la empresa COMICEN”. Increíble. Una vez más surge claro que el MAS provoca la violencia y estimula los enfrentamientos sociales, detrás de lo cual se esconde una lucha -sorda y poco transparente- por el control de los recursos económicos del país, disfrazada de “política social”.

En una libreta que ha sido agregada asimismo al expediente por la fiscal actuante aparece, créase o no, el registro específico de la compra de fusiles. Y, peor, se registra el hecho que el mismo diputado (Vegamonte) habría entregado las armas para “luchar contra la empresa”, “con sangre” (sic).

Vegamonte dice que “él solo medió en el conflicto”. Pero admitió la existencia y veracidad de la agenda, que dijo fue suscripta “por un dirigente”. De horror, por lo que sugiere.

Gentilezas de Daniel Ortega

El pasaporte con el que, desde comienzos de año, se mueve sin dificultades por el mundo el multimillonario ex Primer Ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, es nicaragüense.

Munido precisamente con ese documento, “gentileza” (con algún “quid pro quo”, obviamente) de Daniel Ortega, el mencionado Shinawatra estuvo presumiblemente “piloteando” los recientes episodios y revueltas callejeras en las ciudades de su país que procuraron desestabilizar al gobierno del Primer Ministro Abhisit Vejjajiva y recuperar el poder movilizando a grupos de manifestantes, que portan -disciplinadamente- camisas rojas, el color político de Shinawatra, y de Hugo Chávez.

Shinawatra, créase o no, ha sido designado como “Embajador nicaragüense, en misión especial”, presuntamente vinculada con la posibilidad de “atraer inversiones” hacia el país centroamericano. Vaya seriedad.

El líder de quienes el año pasado, portando camisas amarillas, generaran la caída de los seguidores de Shinawatra (quien había sido -él mismo- depuesto en el 2006 y condenado por corrupción), Sondhi Limthongkul, ha sido atacado por sicarios que atentaron contra su vida. No es impensable que lo sucedido tenga alguna relación con los esfuerzos de Shinawatra por regresar a su país y volver a controlarlo, que chocan con la visión de las mayoría urbanas, así como con las del Monarca y las de las Fuerzas Armadas.

La economía tailandesa, que ha sido duramente afectada por la recesión económica mundial, se contraerá este año un 5%, lo que ha generado los consiguientes problemas sociales, que Shinawatra ha tratado ciertamente de explotar en su favor, acusando de ineptitud al actual gobierno.

Amigos como Daniel Ortega no son fáciles de encontrar. Particularmente cuando, además de facilitar la emisión insólita de pasaportes “de favor”, abren las puertas a los negocios de las telecomunicaciones en su propio país a quienes ya no pueden operar legalmente en distintos rincones de Asia.

Apareció, de pronto, el verdadero Fernando Lugo

El presidente del Paraguay es un seguidor entusiasta de Hugo Chávez. Un bolivariano más, entonces. Nos referimos al ex obispo católico Fernando Lugo, que -de pronto- se ha quitado la máscara. O, más bien, otras personas se la han quitado. Bochornosamente.

En efecto, ya van tres mujeres que, en increíble seguidilla han denunciado que Lugo es el padre de sus hijos; lo que Lugo negara al inicio pero, acosado por la verdad, aceptara luego. Hay rumores que sugieren que estos tres no serían los únicos casos.

Lo sucedido es escandaloso por, al menos, dos razones. Primero, porque algunos de esos hijos se habrían aparentemente concebido mientras Lugo era todavía obispo católico, en ejercicio de sus funciones pastorales. Segundo, porque el silencio reticente de Lugo engañó vilmente a quienes votaron por él, al ocultar una fea dimensión de su verdadera personalidad. Y hay silencios que equivalen a mentir.

Como Cristina Fernández de Kirchner, cuyo gobierno (así como el previo, encabezado por su marido) desfigura las cifras oficiales de la economía a su gusto y paladar, en lo que podría terminar siendo una estafa a los argentinos y a los acreedores del país cuyos títulos de crédito se ajustan por crecimiento económico, también Lugo ha faltado a la verdad. La mentira es, en el mundo “bolivariano” una conducta habitual, queda visto. Algo “normal”.

A los amigos de Lugo, los Kirchner, frente a la falsedad no se les mueve un pelo. Quizás porque tienen a su disposición mecanismos “de contención” que, al menos por un rato, les aseguran impunidad.

Si usted duda, piense solamente en la valija de Antonini Wilson, aquella que una noche trajo a Buenos Aires un montón de dólares procedentes de Venezuela para, con ellos y algunos otros, financiar la campaña electoral de doña Kirchner, cuya legitimidad ha quedado herida.

La investigación judicial norteamericana sobre este caso ha concluido ya, con condenas a prisión que recayeron sobre los hombros de los responsables del traslado de los dólares, en un caso clarísimo de ingerencia en los asuntos internos de la Argentina, del que la presidente podría hasta ser cómplice.

La investigación judicial argentina, en cambio, como todas las que tienen que ver con casos de corrupción de funcionarios públicos de la actual administración, duerme seriamente “el sueño de los justos”. Profundamente. Este es tan solo un ejemplo paradigmático de la forma en que -en la Argentina- pueden “manipularse” las investigaciones judiciales. Lo que no es demasiado difícil cuando desde el poder se controla, como en la Argentina, al Poder Judicial.

Pero volvamos a Lugo, a quien tomamos hoy como tema. La tercera persona que, en medio de un escándalo mayúsculo, lo señala como padre de algún hijo, reflexionando sobre el pasado señaló que el ex obispo es “un fenómeno en todos los aspectos”. Era, agrega, “un 10”. Imponente, por cierto. Por el contenido (implícito) de la afirmación.

Lugo tiene 57 años y presuntamente fue, por tres décadas, “pastor” en la zona de San Pedro. Se aprovechó, presumiblemente, de algunas de sus “ovejas”. Una de sus ahora públicas “conquistas” tenía apenas 16 años cuando concibió el hijo común, lo que presumiblemente podría hasta encuadrar en alguna figura penal. Y generar -para Lugo- “dolores de cabeza”.

La pregunta que cabe hacer es si alguna de las mujeres que ahora, de pronto, hablan llegará a vivir en la Casa de Gobierno, en Asunción. Probablemente, no. Son quizás “detalles”, para Lugo.

Mientras tanto, los legisladores de la oposición preparan, como cabía esperar, el juicio político que podría eventualmente terminar destituyendo a Lugo. Y no sin razones.

Como si esto fuera poco, las cosas en el entorno político inmediato de Lugo (donde opera un grupo conformado por hombres y mujeres de la izquierda radical) no lucen tampoco demasiado bien.

El Presidente Lugo no solo ha “logrado” unificar en su contra, instantáneamente, a la oposición toda, sino que ha intentado asimismo dividir al propio Partido Liberal, que (con 122 años de historia) lo llevara al poder. Con éxito. Pero con costos. Como el distanciamiento de Federico Franco, su actual Vice-presidente, hoy abiertamente descontento con Lugo y crítico de su gestión. Además, ha tenido que cambiar, precipitadamente, a buena parte de su gabinete.

El mencionado Franco no ha sido invitado al acto en el que Lugo, pese a las circunstancias, “celebrará” un año de su victoria electoral. Lo cierto es que, por su conducta, Franco ha conseguido que lo traten “como un felpudo”. Sin consideración alguna. Ni siquiera respecto de su investidura. Lo tratan de la misma manera en la que los Kirchner tratan -en su medio- al actual Vice-presidente argentino, Julio Cobos, sometido a toda suerte de vejaciones.

Los “bolivarianos” son todos “cortados con la misma tijera”. La misma cosa; las mismas conductas; la misma falta de apego hacia la verdad; el mismo hábito a lo que creen son solo “mentiras piadosas”; el mismo desprecio hacia la ética; la misma inmoralidad.

Para peor, comparten también un mismo desprecio hacia la democracia, a la que tratan de manipular burdamente en función de sus propias conveniencias, concentrando poder en su derredor y edificando toda suerte de “diques” destinados a mantenerlos flotando -el mayor tiempo posible- en un mar en el que el objetivo común es lograr la mayor impunidad posible.

Por idénticas razones el Colegio de Abogados de Caracas acaba de recordar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de su país “que son abogados y juraron defender la Constitución y las leyes”. Agregando “que como abogados no podemos seguir permitiendo que sigan justificando las decisiones del Presidente y de la Asamblea Nacional”, e instándolos a que no sean “cómplices” de “las injusticias” que se hacen en Venezuela “utilizando las leyes” según las conveniencias de un pequeño grupo. Para esa prestigiosa organización profesional “los Poderes del Estado (venezolano) han cometido genocidio contra la Carta Magna”. Durísimo. Pero realista, en todo el universo “bolivariano”.

Su líder, Hugo Chávez, tiene imitadores. Cada vez más. Con estilos algo diferentes, pero con la misma desfachatez.

Mientras tanto, Lugo acaba de comenzar a intentar cumplir con una de sus principales promesas electorales, la de limpiar a su país de corrupción. Digo esto porque la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción del Paraguay ha hecho algo hasta ahora impensable: abrir dos investigaciones respecto de los Directores de los entes bi-nacionales hidroeléctricos: Yacyretá e Itaipú.

Por el momento solo desfilarán por los juzgados guaraníes Mateo Balmelli y Carlos Cardozo, hasta ayer dos “intocables”. Ambos de militancia “colorada”, presumiblemente.

Las acusaciones formuladas en su contra tienen que ver, cuando no, con posibles “sobre-precios” en las compras de los “entes” y con pagos a personal “fantasma”, esto es a personas que no trabajaban para la empresa, pero cobraban. Lo que en la Argentina es una práctica extendida, a punto tal que quienes se prestan a ella reciben la denominación popular de “ñoquis”. Y que los hay, los hay.

En un andarivel paralelo, la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” admitió la demanda interpuesta por dos ex Ministros de la Suprema Corte de Paraguay: Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, por haber sido -ambos- destituidos (por la vía del “juicio político”) violándose sus derechos. La Comisión admite que en el juicio político que se les hiciera se violaron las garantías del “debido proceso legal” que les correspondían. Como a cualquier ciudadano de nuestra región. Cuidado, porque en la Argentina se utilizó idéntico procedimiento. Con similares falencias.

Históricamente, lo de Plutarco cuando apunta a aquello de las “vidas paralelas” se repite siempre. Particularmente cuando de los personajes bolivarianos se trata. Sus males muy pronto los transformarán en una “especie” política latinoamericana con riesgo de extinción. Lo que -de suceder- cabría aplaudir y celebrar, de pie. Porque habrá terminado una maldición protagonizada por quienes procuran desnaturalizar las instituciones de la democracia, restringir las libertades y, de paso, enriquecerse todo lo que puedan. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).