Mucho se ha hablado y se sigue hablando sobre la importancia de la economía negra o, como se la ha dado en llamar también, la economía informal. Es que en países con un alto grado de regulaciones estatales sobre la economía, las posibilidades de producir que tienen los particulares se van reduciendo a tal nivel, que generan, inevitablemente, la aparición de la economía informal.

Como normalmente aquellos gobiernos que tienen una tendencia ideológica a regular la economía también tienen una tendencia natural a aumentar sustancialmente el gasto público, el correlato de esta mayor regulación y gastos estatales es la existencia de una muy fuerte presión impositiva. De esta manera, los países que tienen gobiernos de estas características, producen naturalmente una economía informal que, en última instancia, es aquella que nace para huir de la presión fiscal confiscatoria que se establece y para escapar de la maraña de regulaciones que paraliza la producción y genera un despilfarro de recursos que si alguna vez se cuantificara produciría más de un asombro.

“El otro sendero” (editado en 1987 por Sudamericana, pero con nuevas ediciones disponibles) está dividido en dos grandes partes. La primera analiza el volumen y la forma que tiene la economía informal en Perú, proporcionando datos verdaderamente sorprendentes. En la segunda parte, de Soto realiza un análisis conceptual del porqué de la existencia de una economía informal tan en grande en Perú y formula, finalmente, las propuestas para que ese país pueda abandonar su estado de retraso económico e iniciar un proceso de crecimiento, permitiendo, al mismo tiempo, que los informales dejen de serlo y pasen a formar parte de la economía mundial. Por supuesto que este análisis y estas recomendaciones son válidas para otros países de la región.

Transcribimos a continuación un ejemplo clarísimo, documentado en el libro, acerca de los costos que implica acceder a la formalidad:

“Fue así que en el verano de 1983, un equipo de investigadores del ILD montó un pequeño taller de confecciones de prendas de vestir en una zona industrial de la Carretera Central en el distrito de Ate, en las afueras de Lima, y decidió tramitar ventanilla por ventanilla su constitución regular.

“Para el efecto, se alquiló el local de una fábrica ya establecida, se instalaron las máquinas de coser, remalladotas y demás implementos necesarios y se contrató a cuatro estudiantes universitarios para que llevaran a cabo los trámites con la supervisión de un abogado con experiencia en Derecho Administrativo.

“El área en la que se realizó la simulación, además de tener un significado cultural definido, por ser una actividad fuertemente difundida en nuestro país, era altamente representativa, pues le permitió al ILD recabar una muestra con aproximadamente el 60% de los trámites comunes a todas las actividades industriales y el 90% de los correspondientes a las personas naturales.

“Se decidió, asimismo, tramitar sin intermediarios, como lo haría una persona de origen modesto, y no pagar coimas sino en aquellos casos donde, pese a contar con todos los requisitos legales exigidos, ésa fuera la única posibilidad de superar el trámite y continuar con el experimento. Durante los meses que duró la simulación, en diez oportunidades se les ofreció a los simuladores del ILD acelerar el expediente a cambio de una coima. En dos de ellas hubo que ceder, ya que no existía otra manera de seguir el procedimiento. En las restantes ocho, pese a que no fue sencillo, pudo rechazar las invitaciones al soborno.

“Los resultados arrojaron que una persona honesta debía tramitar durante 289 días antes de obtener los once requisitos previos a la instalación de una pequeña industria.

“Después de la simulación, el ILD procedió a calcular el costo monetario implícito en la tramitación. De acuerdo a tales cálculos, se incurre en un costo por trámites equivalente a 194,4 dólares. Además, la espera de casi 10 meses para iniciar las actividades produce una pérdida de utilidades netas equivalente a 1.036,6 dólares; de manera que el costo total de acceso a la pequeña industria formal para una persona natural es de 1.231 dólares, equivalente a 32 veces el sueldo mínimo vital.

“Si se desea abrir legalmente una pequeña tienda comercial, hay que tramitar ante 3 reparticiones públicas diferentes por espacio de 43 días y a un costo total de 590,56 dólares; lo que equivalía a 15 veces el sueldo mínimo vital vigente a la fecha en que se terminó la simulación.”

El primer capítulo de “El otro sendero” se puede leer completo en: clickear © www.economiaparatodos.com.ar