Es casi seguro que todos los argentinos han sabido observar la enorme versatilidad de Hugo Moyano, verdadero taumaturgo del sindicalismo peronista.

Este veterano dirigente gremial, ha logrado obrar prodigios combinando actividades tan disímiles como su exitoso liderazgo en el gremio de camioneros, la administración compartida del ferrocarril Belgrano-Cargas con Franco Macri, Aldo Roggio y los sindicalistas José Pedraza y Omar Maturano y las contundentes batallas de cerco contra empresas rebeldes, bloqueadas por las divisiones panzer-wagen del sindicato que dirige.

Algunos medios de prensa añaden a su extenso currículo la excelente gestión -no desmentida por él mismo- en la estancia San Ignacio, emprendimiento agropecuario de la localidad de Henderson, provincia de Buenos Aires.

No obstante, Sin duda alguna, sus mayores logros han sido obtenidos por su apego al poder político de turno y por su influencia legislativa, practicada conjuntamente con su portavoz parlamentario, al sancionar leyes pro-sindicales de resonante lucimiento, pese a que las mismas implicaron casi siempre un insoportable crecimiento del costo de transacción.

El costo de transacción

Fue el economista británico Ronald Coase, premio Nóbel de economía en 1991 por su Análisis económico del Derecho, el primero que llamó la atención sobre este tipo de costes mediante el llamado “Teorema de los costos sociales o teorema de Coase” en el año 1937.

Los costes de transacción pueden definirse como "aquellos costes artificialmente cargados a cualquier transferencia de bienes o servicios como consecuencia de leyes impositivas, laborales y regulatorias, pretendidamente dispuestas para defender derechos adquiridos”.

Son estos costes de transacción los que en Argentina inciden en las operaciones en “blanco”, que cuestan mucho más que las “operaciones en negro” porque llevan la carga del IVA, Ingresos Brutos, derechos de registros e Inspecciones más las denominadas cargas laborales y aportes sociales en los salarios.

Las leyes que establecen estos costes de transacción se amparan en el argumento de defender el necesario control del Estado a fin de garantizar los “derechos adquiridos”.

Sin embargo, cuando esos costes exceden cierto nivel y la presión es muy fuerte, la asignación de recursos que dicen promover termina siendo ineficaz y contraproducente. En forma inexorable, la distribución del ingreso empeora cuantos mayores sean los costes de transacción.

Este ha sido el resultado negativo de todas las leyes laborales que incrementan dichos costes.

Nueva propuesta de Moyano

Adelantándose con picardía al inminente cuestionamiento sindical del modelo productivo de Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Moyano ha comenzado a exigir una especie de aguinaldo extraordinario, presentado inteligentemente como una participación de los trabajadores en el capital de las empresas. De manera que cada cinco años cobren una indemnización, más allá de la continuidad o discontinuidad laboral.

Adviértase bien que él habla de “participación en el capital” y no “participación en las ganancias”. Una muestra más de su astucia.

Algunos piensan que esos proyectos son lanzados por Hugo Moyano para negociar mejor, y bajarlos luego, siguiendo una táctica inveterada del sindicalismo peronista.

Las empresas del país sintieron el cimbronazo cuando se enteraron que el líder de la CGT adicta al gobierno, había pedido que los empleados reciban esta indemnización equivalente a 5 sueldos cada quinquenio. Sin embargo ningún empresario salió a responderle.

Es una verdadera pena que los dirigentes empresariales carezcan de valentía y no tengan la enjundia, ni las convicciones de Hugo Moyano para aceptar su desafío y convertirlo en el inicio de un nuevo trato para reformar el mercado laboral en beneficio de los propios trabajadores, mejorar la competitividad de la industria nacional y sobre todo para incorporar a los excluídos de ese mercado.

Al dar a conocer su iniciativa Hugo Moyano dijo que "los trabajadores deben recuperar el pequeño capital que con su esfuerzo y sacrificio fueron ahorrando durante sus años de trabajo. El trabajador no solo tiene que tener un salario digno, tiene que poder retirar cada cinco años el capital que logró".

De inmediato, se reunió con su portavoz parlamentario Héctor Recalde para comenzar a redactar el proyecto de ley que seguramente quitará el sueño a los pusilánimes dueños y amilanados gerentes de empresas.

La respuesta que no se atreven a presentar

Si los empresarios argentinos tuviesen las agallas y la entereza de los dirigentes agropecuarios, demostrada en el reciente conflicto por el arrebato impositivo de las retenciones móviles, entonces saldrían a contestarle al sindicalista Hugo Moyano.

Porque si él pretende que cada cinco años los trabajadores retiren su capital, entonces está proponiendo lisa y llanamente la derogación del sistema peronista de indemnizaciones por despido.

Quien se lleva el capital no tiene derecho a reclamar que, además, se lo recompense cuando se retira de la empresa o lo despiden.

Pero, por otra parte, si en cinco años el capital en lugar de aumentar ha disminuído por pérdidas acumuladas, el derecho a reclamar una participación debiera ser proporcional al capital restante al fin del período, y nunca al patrimonio del principio.

Porque, precisamente, este patrimonio ha disminuido como consecuencia de una mala práctica laboral, de la pérdida de mercados, de una productividad declinante o de impuestos abusivos, que le han hecho perder su ventaja competitiva.

Para ser completa y no una mera mascarada gremialistas, la propuesta de Hugo Moyano debiera conducirnos a reformar toda la estructura del contrato de trabajo, eliminando la institución fascista y totalitaria de los convenios colectivos por sectores de actividad, reemplazándolos por los convenios por empresa, con participación individual de cada trabajador.

A esta altura de la civilización, sería interesante proponer que cada obrero, empleado o trabajador de cualquier naturaleza que fuese, pudiera discutir su propio contrato de trabajo y obtuviese un documento firmado por el empleador donde ambos establecen las condiciones de trabajo y la forma de remuneración.

Si el trabajador tuviese la facultad de liberarse de la sujeción sindical concentrada en una central única, hasta podría adoptar la propuesta de Hugo Moyano, proponiendo que en lugar de pagarle una indemnización equivalente a dos últimos sueldos por cada año de servicio, acepta que ese derecho eventual en el futuro, sea incluido en cada sueldo mensual mediante el cálculo del valor actual de una indemnización diferida descontada a la tasa de interés vigente en el momento de firmarse el contrato.

Aplicaría el principio de que “más vale pájaro en mano que cien volando”, como dice la sabiduría popular.

El principio de racionalidad

De este modo, si Hugo Moyano encontrase un contrincante de su misma categoría entre los empresarios de nuestro país, habría contribuido -quizás sin saberlo- a añadir una nueva medalla a sus legendarias condecoraciones sindicales, recuperando el famoso principio de racionalidad para el mundo del trabajo.

Ese principio atribuido a Karl Popper (1902-1994) dice que “las condiciones económicas mejoran sustancialmente si cada ser humano puede tomar las decisiones adecuadas según sus circunstancias, dentro del conjunto de decisiones posibles”.

Es decir que cada individuo tenga libertad de elegir dentro de muchas opciones.

Supongamos el caso de un trabajador que sabe hacer bien su propio trabajo, que se esfuerza por cumplir sus obligaciones y que deja conforme a quienes lo contratan; esa persona no tendrá ningún problema en encontrar trabajo si prescinden de él. Mejorando la propuesta de Hugo Moyano y convirtiendo el sistema peronista de indemnizaciones por despido en una negociación para reemplazarlas por mejoras salariales mensuales, libremente pactadas, se produciría un inmediato mejoramiento en la distribución del ingreso y una drástica eliminación de los mayores costes porque se evitaría la incidencia de las previsiones por despidos e indemnizaciones.

Imaginemos ahora el caso contrario. Un trabajador ineficiente y vago, lleno de artimañas, a quien no le gusta trabajar, que trata de eludir sus obligaciones, en cuanto puede descarga su incompetencia en sus propios compañeros y cuando lo reprenden, adopta actitudes litigiosas recurriendo a la industria del juicio laboral para arrebatar algo de dinero a la patronal.

Si prosperara la idea de Hugo Moyano con la contrapropuesta aquí sugerida, este último individuo tendría que abandonar todas sus tretas y ponerse a trabajar en serio. Sería el final de la famosa “industria del juicio laboral” que ya lleva seis décadas de vigencia en Argentina.

Por eso, Hugo Moyano puede haber instado a incorporar el principio de racionalidad en el mercado de trabajo, pero necesita el equivalente de algún empresario lúcido e intrépido y con su misma dimensión. Animo, ¡no podemos perder las esperanzas! © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.