Muchas veces por error se piensa que los aparatos estatales son garantía para la calidad en la prestación de servicios y en la compraventa de bienes. Sin embargo, como se ha señalado desde Adam Smith, los intercambios comerciales en gran medida se basan en los fuertes incentivos presentes en la sociedad abierta que permiten lograr los objetivos.

 

Por ejemplo, sobre la calidad de alimentos nada más efectivo que la prestación del servicio para garantizarla que el abrir la posibilidad que empresas en competencia hagan la tarea, con lo cual existen auditorías cruzadas. Digamos que tal o cual consultora ofrece la “cinta azul de calidad”: si llega a producirse una intoxicación, la consultora en cuestión y la marca correspondiente desparecen del mercado y son sustituidas por otra u otras. Por el contrario, si se trata de una repartición estatal, como último recurso se reemplaza un funcionario por otro dentro de la misma repartición y todo queda igual en cuanto a incentivos y procedimientos. A las empresas que ofrecen servicios que garantizan calidad le va la vida si las cosas salen mal, en cambio, los aparatos políticos del caso siguen en pie.

 

Se suele alegar la asimetría de la información para introducir el aparato estatal en estas lides, pero, precisamente, debido a que la gente no entiende de los procesos implícitos en la producción del alimento (en nuestro ejemplo) es que eligen de entre las ofertas existentes una marca de confianza que garantiza la calidad del producto preferido y la posibilidad, además, de que esté avalada por el sistema de auditoría mencionado. En un mercado abierto, por definición, no politizado, estas entidades de contralor compiten entre sí para ofrecer el mejor servicio posible dados los conocimientos existentes.

 

Lo mismo puede aplicarse a campos complejos como el área bancaria y financiera. La gente no necesita conocer los vericuetos del sistema bancario ni lo que ocurre dentro de las respectivas instituciones (asimetría de la información) puesto que con solo asegurar sus depósitos basta, puesto que las subas en las primas correspondientes ponen de manifiesto el riesgo del caso (sin perjuicio, si se prefiere, de utilizar también las antes referidas empresas que garantizan calidad en cuanto a que se cumpla con lo convenido con el cliente). Es curioso pero los gobiernos se inclinan por la utilización forzosa de la “garantía estatal de los depósitos”, lo cual naturalmente incentiva a la irresponsable colocación de fondos, total se garantizan con los recursos extraídos del vecino.

 

La reputación no es algo que se obtiene por decreto, inexorablemente depende de la opinión libre e independiente de los demás. En este sentido, autores como Daniel Klein, Gordon Tullock, Douglass North, Harry Chase Bearly, Avner Grief, Jeremy Shearmur y tantos otros economistas que han trabajado el territorio de la reputación, enfatizan en la natural (y benéfica) descentralización del conocimiento por lo que, como queda dicho, el mercado provee de los instrumentos e incentivos para lograr las metas respecto a la calidad y el respectivo cumplimiento. Y cuando se alude al mercado, demás está decir que no se alude a un lugar ni a una cosa sino a los millones de arreglos contractuales preferidos por la gente al efecto de coordinar resultados.

 

Uno de los tantísimos ejemplos del funcionamiento de lo dicho es el sitio en Internet denominado Mercado Libre donde múltiples operaciones se llevan a cabo diariamente de todo lo concebible sin ninguna intervención política de ningún tipo. Los arreglos entre las partes funcionan espléndidamente, al tiempo que se califican y certifican las transacciones según el grado de cumplimiento de lo convenido en un clima de amabilidad y respeto recíproco. Éstas calificaciones y certificaciones van formando la reputación de cada cual que es el mayor capital de los participantes puesto que condicionan su vida comercial.

 

En este mismo contexto, Harold Berman y Bruce Benson muestran el proceso evolutivo, abierto y espontáneo del mismo derecho comercial (lex mercatoria) a través de la historia, sin que haya sido diseñado por el poder político tal como hemos escrito recientemente sobre el sentido original de la ley. Carl Menger ha demostrado lo mismo respecto al origen del dinero y los lingüistas más destacados subrayan el carácter libre de toda decisión política del lenguaje. Como la perfección no está al alcance de los mortales, la ética también es un concepto evolutivo que no involucra a los políticos (o en todo caso lo hacen para corromperla) y, desde luego la ciencia misma es independiente de las decisiones políticas (afortunadamente para la ciencia) y, por su lado, el conocimiento es siempre provisional sujeto a refutaciones.

 

Todos estos ejemplos de peso están atados a la noción libre de la reputación extramuros del ámbito político, en este sentido las corroboraciones en cada campo dependen del mercado de las ideas que, en el contexto de la mencionada evolución, va estableciendo la reputación de cada teoría expuesta, de modo equivalente a lo que sucede con la calidad y cumplimiento en el ámbito comercial.

 

El mercado libre de restricciones gubernamentales estimula a la concordia, enseña a cumplir con la palabra empeñada y mueve a la cooperación social. En cada transacción libre las dos partes se agradecen recíprocamente puesto que ambas obtienen ganancias, lo cual es precisamente el motivo del intercambio. Ambas partes saben que uno depende del otro para lograr sus objetivos personales. Las dos partes saben que si no cumplen con lo estipulado se corta la relación comercial. El mercado necesariamente implica cooperación social, es decir, cada participante, para mejorar su situación, debe atender los requerimientos de la contraparte.

 

La trampa, el engaño y el fraude se traducen en ostracismo comercial y social puesto que la reputación descalifica a quien procede de esa manera. Significan la muerte cívica. Solo la politización intenta tapar malversaciones. En la sociedad abierta, el cuidado del nombre o, para el caso, la marca, resultan cruciales para mantener relaciones interpersonales.

 

Los derechos de propiedad permiten delimitar lo que es de cada uno y consiguientemente permiten establecer con claridad las transacciones. Por el contrario, la definición difusa y ambigua de esos derechos y, más aun, la “tragedia de los comunes” inexorablemente provocan conflictos y se opaca la contabilidad con lo que se dificulta la posibilidad de conocer resultados. En libertad cada uno da lo mejor de si en interés personal, en la sociedad cerrada cada uno saca lo peor de si para sacar partida de la reglamentación estatista por la que el uso de los siempre escasos recursos resultan siempre subóptimos.

 

John Stossel en su programa televisivo en Fox subraya las enormes ventajas del contralor privado frente al estatal. Al mismo tiempo destaca como las regulaciones gubernamentales, que bajo el pretexto de una mejor calidad, cierran el mercado para que privilegiados operen, a pesar de que si hubiera libertad contractual otros serían los proveedores de bienes y servicios. Así ejemplifica con los permisos otorgados por gobiernos estadounidenses que dejan a los mejores afuera en muchos gremios, como se ha destruido la medicina, como se han creado las burbujas inmobiliarias, financieras y tecnológicas al crear reputaciones falsas, lo cual sostiene es también lo ocurrido con los bailouts a empresas irresponsables en perjuicio de los trabajadores que no tienen poder de lobby.

 

Un ejemplo paradigmático de lo que estamos abordando es el oscurecimiento de la reputación de casas de estudio debido a la politización de sellos oficiales y absurdos “ministerios de educación”, en lugar de hacer lugar a la acreditación por parte de academias e instituciones internacionales especializadas y en competencia, a su vez, cuyas reputaciones dependen de la calidad de sus veredictos y sus procederes. Tal vez el ejemplo más chocante y extremo de nuestra época respecto a lo consignado -de ningún modo el único- es la acreditación argentina de la llamada Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. En cualquier caso, constituye siempre un reaseguro el separar drásticamente la cultura de los aparatos políticos (cultura oficial es una contradicción en los términos, lo mismo que periodismo o arte oficial). Esto con independencia de las respectivas inclinaciones de los políticos del momento, puesto que la educación formal requiere puertas y ventanas abiertas al efecto de que el proceso de prueba y error tenga lugar en el contexto de la máxima competitividad y apertura mental.

 

Por último, Walter Block objeta parte de las visiones convencionales relativas a la opinión que terceros puedan tener sobre la reputación de ciertas personas consideradas por el titular como injustificadas, puesto que reafirma que la reputación no es algo que posea en propiedad el titular sino que, como queda expresado, deriva de la opinión de otros. Por nuestra parte, consideramos que este razonamiento no es óbice para que se recurra a las figuras de injurias y calumnias si puede demostrarse la falsedad de lo dicho públicamente.