El gobierno de Néstor Kirchner tuvo que aceptar por primera vez que la crisis energética no es coyuntural y, a modo de respuesta, desfundó una serie de medidas tendientes a morigerar el problema. Las mismas van desde el sistema de “premios y castigos” a los consumidores de gas y electricidad residenciales hasta la creación- aún en pañales- de una nueva empresa de energía nacional. En el primer caso (principalmente los hogares), el aumento tarifario busca disminuir o contener la demanda que, según los especialistas, es inélastica a mayores precios. Otro es el caso de las industrias que ya sufren los cortes a pesar de interponer recursos de amparo para desarticular la sequía. La segunda pata del plan energético es el nacimiento de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), que se lanza con muchas más preguntas que respuestas.

La parcial recomposición tarifaria en el suministro de gas y electricidad –congelada y pesificada hace más de dos años- no sólo había sido fogoneada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, sino que conformaba un eje esencial en la plataforma electoral del presidente Kirchner. “En el corto plazo la propuesta es fijar coordinadamente con el sector productor de gas y generador de energía eléctrica, un sendero de precios que en el término de 12 a 18 meses permita una rentabilidad razonable”, precisaba el documento de campaña del entonces candidato santacruceño (se puede acceder mediante el sitio web www.kirchnerpresidente.com.ar). La propuesta –dice– busca una “mayor eficiencia en la ecuación energética de su oferta manteniendo una sana distribución de los ingresos que produce, de manera tal que los empresarios obtengan beneficios razonables, el sector colabore a que las demás actividades productivas dispongan de estos insumos a precios competitivos y los habitantes puedan acceder en calidades y precios justos”.

Según queda reflejado en los lineamientos proselitistas, era conocida la distorsión de precios que debía ser corregida en el primer año y medio de gobierno, cuanto mucho.

También abordaba el tema de las empresas privatizadas en general, donde enfatizaba que el rol del Estado es el de controlar. “No hablamos de estatizar, no hablamos de intervenir, no hablamos de nacionalizar”, se apura en aclarar. Y agrega: “El hacer funcionar correctamente los servicios públicos no es una cuestión de derecha, de centro o de izquierda. No tiene ideología. Es un servicio objetivo que se le presta a la ciudadanía y que hay que prestarlo bien. Y esto debe garantizarlo el Estado”. A pocos días de cumplirse el primer año de mandato, el Gobierno tiene bajo su órbita al Correo Argentino –aunque aseguran que será reprivatizado- y a Líneas Aéreas Federales S.A. (Lafsa) formada tras la debacle de Dinar y Lapa que cuenta con 1600 empleados y dos aviones.

Con respecto al mercado aerocomercial, en la plataforma K se hace especial hincapié en recuperar una línea de bandera que vuele a todos los destinos. “No puede ser que la Argentina esté sufriendo el capricho de las empresas que generan vuelos y destinos solamente teniendo en cuenta el concepto y la visión de su rentabilidad. Tienen que hacerse cargo de los lugares rentables y de los que no son rentables”, instaba. También se recrimina el accionar de las empresas que manejan los ferrocarriles. “No se puede aceptar que tengamos trenes concesionados, por los cuales el Estado paga subsidios, que no cumplen con el servicio que le deben brindar a la gente”. En este caso, los conflictos que señalaba el informe se repiten íntegramente en la actualidad.

La creación de Enarsa, por el contrario, no responde a ninguna promesa de campaña. La nueva empresa nacional nace sin petróleo y sin capital en medio de un áspero debate acerca de la real injerencia que tendría en el mercado local e internacional. Los escasos datos que se conocieron, como la inversión de $ 11.500 millones mediante un plan quinquenal o la distribución del paquete accionario (el 53% estará en manos del Estado, 12% las provincias y el 35% cotizará en la Bolsa), torna imprevisible la magnitud del emprendimiento. La falta de precisiones operacionales y las verdaderas razones que impulsaron la gestación de la empresa estatal, alimenta los más variados rumores. Uno de ellos, señala que la intención de Kirchner es que una de las empresas petroleras se vaya del país, presionada por los aumentos en las retenciones y las descalificaciones públicas; así el Gobierno puede quedarse con la parte de mercado que explotaba esa compañía y, progresivamente, aplicar los mismos modos sobre las restantes. Técnica de desgaste, como la llaman. Quienes abonan esta teoría la sustentan en la presunta pelea entre Kirchner y el titular de Repsol YPF, Alfonso Cortina, a quien le habría caído toda la responsabilidad por la crisis energética al ser acusado de escatimar las inversiones que necesitaba el sector.

Sea como fuere, lo que se advierte es la apetencia por una mayor tajada de las ganancias petroleras que, en los ejes económicos de campaña, Kirchner no disimulaba: “Hay que recuperar nuestra renta petrolera, que es el control de los instrumentos macroeconómicos, y la acción de oro. Hace falta discutir la privatización de YPF. Su paquete accionario estaba lo suficientemente fragmentado como para que los distintos actores puedan discutir las políticas, el concepto macroeconómico de la inversión petrolera y de la reserva energética. Es necesario adecuar rápidamente el funcionamiento para que podamos tener los resortes y decisiones que corresponden a un campo tan importante para la política económica argentina”. © www.economiaparatodos.com.ar



Leandro Gabin es periodista egresado de TEA y actualmente se encuentra cursando un Posgrado en Periodismo Económico en la Universidad de Buenos Aires.