Son demasiadas las sociedades que siguen preocupadas por el avance del fenómeno de la inseguridad. Algo hay que hacer. La impotencia, la bronca y la ausencia de ideas, hace que el debate recorra carriles secundarios.

La discusión sigue sin rumbo siendo rehén de las reacciones espasmódicas que se suceden frente a cada delito que conmociona a la comunidad. Cierta tendencia a la simplificación empuja a copiar sin pensar, a suponer que solo se trata de imitar modelos aparentemente eficaces.

La problemática es compleja y por lo tanto su solución también. No puede desconocerse que los problemas se pueden mitigar, que es posible minimizar impactos y hasta atenuar las consecuencias indeseadas, pero nada se soluciona realmente si no se atacan las causas profundas.

Cuando se analiza de modo erróneo un asunto no solo no se encuentran soluciones aptas, sino que todo empeora, extendiéndolo en el tiempo con desbastadores efectos que no desaparecen y hasta se multiplican.

Algunos plantean que un probable remedio a tanta inseguridad es el camino de endurecer las penas como sucede en tantos otros países. Los que sostienen esta postura dicen que los humanos «son hijos del rigor» y que un sistema punitivo contundente desestimula a los que cometen delitos.

En realidad se trata de un punto atendible, pero también totalmente opinable. No todos los que delinquen se detienen a evaluar racionalmente las penas que eventualmente recibirán, sino que en realidad suponen que no serán descubiertos ni aprehendidos.

La asignatura pendiente es analizar a fondo el tema de las cárceles. Si los que promueven la mano dura con penas más elevadas triunfaran en su prédica no alcanzarían las cárceles actuales. Pero lo más grave, es que sin una modificación conceptual respecto a como funciona el sistema penitenciario, solo se lograría un resultado más negativo.

La Constitución Nacional dice sabiamente que «las cárceles de la Confederación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.» Resulta contradictorio que una sociedad que se cuestiona su escaso apego al cumplimiento de la ley, no haya tomado nota de este aspecto tan evidente. Tal vez porque en este caso la máxima norma del país no interprete los deseos de los ciudadanos que en realidad quieren que los delincuentes sean castigados y no reinsertados en la comunidad.

Las prisiones en este país, como en tantos otros, se han constituido en un centro de capacitación especializado de delincuentes. Una persona que ha incurrido en un delito, sale de ese patético ámbito, luego de años, con mayor formación en lo incorrecto. Sus diálogos interminables con criminales de mayor trayectoria y experiencia le hacen conocer nuevos métodos y variadas fechorías que ni siquiera conocía.

Pero al mismo tiempo, su permanencia en prisión solo le ha servido para ser humillado, tratado como un animal, sometido a vejaciones de todo orden y sin posibilidad de reeducarse, aun si así lo hubiera deseado.

Este proceso por el que ha terminado en prisión, por los errores que ha cometido, por las malas decisiones que ha tomado en su vida, lo ha llevado a un lugar donde no es considerado persona, donde otros seres humanos le harán sentir como el peor de todos, recordándole que es material de descarte, y que el como persona no vale la pena.

Del penal solo se sale con más resentimiento, con más odio y desprecio por los demás, solo listo para una revancha, para una venganza y no con ganas de enderezar el rumbo de sus vidas y empezar de cero.

Los excesos cometidos en las cárceles, la violencia y corrupción, y este clima de malas actitudes y sentimientos no es desconocido por las autoridades, ni por los funcionarios judiciales, ni tampoco por la sociedad. De alguna manera, los ciudadanos pretenden que en la cárcel los detenidos sean realmente castigados. Eso explica porque sucede lo que todos conocen. Lo triste es que nadie se haga cargo y se prefiera tener esta actitud irresponsablemente cómplice de avalar con silencio lo inadmisible.

Se pueden endurecer las penas y hasta discutir el procedimiento de las leyes, su velocidad a la hora de aplicarse, la actitud de los jueces y la educación de los ciudadanos. Seguramente todo ello sirve, pero mientras la herramienta que la sociedad tiene para reinsertar personas equivocadas sea el actual régimen penitenciario esto no tiene un horizonte positivo a la vista.

Ni la mejor legislación que pueda soñarse, ni un optimo esquema de selección para que sean hombres probos los encargados de impartir justicia, ni tampoco un rediseño de los contenidos de la educación formal alcanzarán para encontrar el sendero. Es imprescindible que los que han cometido delitos tengan una oportunidad, al menos una, de corregir sus errores, de arrepentirse, y volver a ser parte integrante de la comunidad, pero ya no repletos de malos sentimientos, sino con el entusiasmo de intentar una vida nueva y mejor. Por eso es menester transformar el sistema carcelario.

Alberto Medina Méndez

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