El gobierno ha recurrido a una media docena de argumentos diferentes para quitarse de encima la responsabilidad de la crisis energética. Uno de los argumentos esgrimidos en su momento consistía en que las empresas tenían que invertir aunque perdieran plata, porque en los ’90 habían tenido grandes utilidades. Este argumento, muy escuchado en diferentes ámbitos, muestra esa manía que tenemos en Argentina de meternos con las utilidades ajenas y, muy sueltos de cuerpo, decidir arbitrariamente si tal o cual persona o empresa ganó mucho o poco.

¿Con qué parámetros se mide si una empresa tuvo ganancias excesivas? ¿Quién define si una ganancia es mucho o es poco? De más está decir que es un verdadero disparate económico y ético sostener que porque alguien ganó mucho en el pasado, ahora tiene la obligación de asumir pérdidas. Pero analicemos un poco más profundamente este argumento, tan de Doña Rosa y tan poco de un estadista.

Hay dos maneras de obtener ganancias superiores a las del promedio del mercado. Una consiste en conseguir que el Estado le otorgue a una empresa o sector determinado un privilegio por el cual no tiene que pagar impuestos como cualquier cristiano, le restringen la competencia para que pueda vender más caro, le dan un crédito subsidiado o cualquier otro mecanismo que le permita aumentar artificialmente las utilidades. En este caso, más que de utilidades empresariales estamos hablando de beneficios logrados en base al lobby, lo cuales, normalmente, van acompañados de algún tipo de coima. Esos beneficios en base a privilegios son simples transferencias de ingresos que hacen los gobiernos desde los consumidores o de los contribuyentes hacia las empresas. Sobre este tipo de “beneficios” no tengo otra reflexión que decir que deben derogarse inmediatamente.

El otro mecanismo para conseguir beneficios altos consiste en, un marco de competencia, descubrir un negocio que nadie advirtió antes. El primer pizzero que descubrió que hacer delivery de las pizzas era un buen negocio seguramente debe haber tenido utilidades mayores a sus competidores hasta que… otros lo copiaron, aumentaron la oferta de pizzas a domicilio y le quitaron ventas al primer pizzero. Resultado, la utilidad extraordinaria desapareció gracias a la competencia. En un mercado competitivo las ganancias extraordinarias nacen por el espíritu innovador de la gente y mueren por el ingreso de nuevos competidores al mercado ante ausencia de restricciones a la competencia.

Justamente, gracias a las utilidades extraordinarias derivadas de la competencia es que hay inversiones porque los capitales van hacia aquellos sectores que mayores rentabilidades ofrecen. Por el contrario, las ganancias derivadas del lobby que no se ven amenazadas por la competencia, sólo están sujetas al criterio del funcionario de turno.

Ahora bien, imaginemos que al Estado le parece que el pizzero que hace delivery gana mucho dinero y decide apropiarse de una parte de su rentabilidad. ¿Cuál va a ser el resultado? Que ningún otro pizzero se va a poner a hacer delivery de pizzas, la inversión será menor y no se crearán puestos de trabajo. El chico que va en la moto repartiendo pizzas se queda sin trabajo. Así de fácil. Lo que logra el Estado regulando la “función social de la ganancia” es dejar sin trabajo al que reparte las pizzas y al maestro pizzero. Una política que supuestamente tiene un alto contenido social termina siendo el mecanismo ideal para generar desocupación.

Pero dentro del proceso de inversiones, el empresario, además de evaluar la rentabilidad sobre su capital invertido, también evalúa cuál es el grado de seguridad jurídica que hay para sus activos. ¿Es el Estado respetuoso de la propiedad privada? Si el empresario percibe que el Estado está en manos de demagogos que acostumbran expoliar a los que tienen utilidades para repartirlas como si fueran Papá Noel y así ganar votos, estimará que parte de su rentabilidad, que es parte de su propiedad, corre peligro y no hará la inversión.

Lo que no entienden los populistas y los progresistas es que la propiedad es privada cuando una persona no sólo tiene el título de ella, sino que puede disponer de la misma sin interferencias del Estado en la medida en que no viole derechos de terceros. Puede usar y gozar de su propiedad.

Por ejemplo, si yo tengo un papel que dice que tal casa es mía, pero el Estado autoriza a cualquier persona a entrar en mi casa, entonces, yo no dispongo de la propiedad de la misma. La propiedad está sólo en los papeles. De la misma manera, la propiedad privada en una empresa no se evalúa solamente por los activos que están a nombre de la misma, sino también por la libre disponibilidad en el uso de la misma, incluidas sus utilidades. Si el Estado se apropia de las ganancias de una empresa por considerarlas exageradas, entonces, la propiedad privada desaparece o queda seriamente restringida.

Es por eso que causa gracia escuchar a funcionarios públicos decir que en Argentina hay seguridad jurídica para la inversión. ¿De qué seguridad jurídica hablan si los funcionarios públicos de turno se creen con derecho a decidir sobre las utilidades de los particulares? Cuando el Estado le dice a una empresa: “si Ud. hoy gana lo que para mi es mucho, mañana tendrá que invertir aunque pierda”, lo que está diciendo: “Ud. tiene que utilizar su propiedad de acuerdo a mis criterios de mucho o poco”.

¿Quién invierte en un país con estas reglas de juego tan arbitrarias? Muy pocos. Y los que invierten lo hacen si la rentabilidad es muy alta, de manera tal de recuperar su capital lo antes posible para que el Estado no se la confisque. El riesgo país que generan los gobiernos que esgrimen este discurso determinan que invertir en esas condiciones deje de ser una audacia para transformarse en algo temerario. Y los temerarios no son tantos.

Sugerencia para el gobierno: por favor, deje de meterse con las ganancias de los particulares y concéntrese en no despilfarrar los recursos de los contribuyentes.
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