– De acuerdo a nuestro marco constitucional, ¿quiénes son los que tienen que actuar en los casos en que hay que reestablecer el orden público?

– El que tiene que actuar es el gobierno.

– ¿El Poder Ejecutivo?

– No. Los tres órganos gubernamentales. Tenemos un sistema democrático constitucional en el cual impera la ley. Se trata de un Estado de Derecho y, por ende, las reglas de juego nos indican que tenemos que cumplir la ley, tanto los gobernantes como los gobernados.
Para evitar la violación de la ley lo que se prevé es una función gubernamental de prevención. A través de medidas económicas, a través de medidas sociales, a través de medidas disciplinarias, en fin, por medio de una serie de actos que tiene que realizar, fundamentalmente, el órgano Ejecutivo. Ahora bien, si el Ejecutivo no quiere prevenir, o no tiene las neuronas suficientes para realizar dichas tareas, o no ha podido por el curso de los acontecimientos evitar la comisión de hechos delictivos, entonces entra a funcionar la represión legal.
Cuando falla la prevención entra la represión, que es el castigo para aquellos que han violado la ley y que sirve para reestablecer el orden. Esa represión le corresponde al Poder Judicial. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo fracasa en su misión, corresponde la intervención del Poder Judicial, pero con el apoyo del Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no apoya al Poder Judicial, nada puede hacer éste. Si un juez imparte instrucciones a la policía para que realice cierto procedimiento o haga algo, normalmente su superior inmediato -que es el Poder Ejecutivo- está de acuerdo con esas medidas.
Lo que sucede ahora es que a veces los jueces y los fiscales quieren hacer, pero no tienen apoyo político.

– Entonces, ¿no hay independencia de poderes?

– Hay independencia de poderes, lo que no hay es colaboración entre los poderes. Un juez o un fiscal puede ordenar medidas pero esas medidas no valen de por sí si no se ejecutan, si no las hacen efectivas las fuerzas de seguridad. Y para hacerlo, deben contar con el apoyo y el aval de quienes están en el Poder Ejecutivo. Ahora, si esas fuerzas tienen una orden de ese mismo poder de no intervenir en determinados acontecimientos -como ocurrió en la comisaría de La Boca en donde se ordenó detener a los que estaban quemándola, pero la policía contestó “tenemos órdenes de no intervenir”-, entonces ¿qué puede hacer un juez? ¿qué puede hacer un fiscal?

– El martes se vio por televisión el caso del chico que mataron en Isidro Casanova. Los piqueteros fueron a increpar a los fiscales, se metieron en sus recintos y los fiscales, presionados, tuvieron que explicar ante los medios cómo ellos estaban actuando, qué medidas estaban llevando a cabo, por qué hacían esto, por qué no hacían lo otro… ¿Qué opina al respecto?

– Si un fiscal toma alguna medida, lo hace sobre la base de un sumario. Un sumario que es secreto, de modo que no deberían hacer lo que hicieron. Pero sucede que están presionados y, ante la falta de apoyo político, no les queda otra.
Hay un gran desorden entre los tres órganos fundamentales que, en vez de colaborar, se trasladan la responsabilidad el uno al otro. En realidad, hoy por hoy, el Poder Judicial no está trasladando sino cargando con toda la responsabilidad, la está sumiendo con las pocas fuerzas que tiene en este momento. El órgano Ejecutivo está pasando el paquete hacia otro lado y, al mismo tiempo, el Poder Legislativo dice “las leyes están”. Y sí, es cierto, las leyes están, pero no se cumplen. ¿Y a quién le corresponde tirar la primera piedra para que se cumpla la ley y podamos ser un país civilizado?

– ¿Piensa que estamos viviendo en una anarquía?

– En alguna medida. El próximo paso, si seguimos a sí, a lo mejor va a ser lo que pasó en Bolivia, que quemaron a un intendente. Lamentablemente, estamos muy cerca. Porque estos grupos son agrupaciones políticas organizadas que están funcionando como grupos de presión cada vez con mayor fuerza hasta que se transformen, en algún momento, en factores de poder, directamente.
De continuar, es de esperarse que sustituyan a las fuerzas de seguridad y a nuestras instituciones constitucionales. Ese es el grave riesgo que estamos corriendo. No es una utopía, ni está todo esto tan lejano.

– Lo que quiere decir es que no se puede seguir diciendo “son unos pocos que no van a hacer nada, es sólo un poco de barullo”… Usted mencionaba que el Poder Ejecutivo le pasa el paquete al Poder Judicial y se lava las manos. ¿No hay incumplimiento de los deberes de funcionario público?

– Por supuesto que hay un incumplimiento de los deberes públicos porque, entre otras cosas, cuando el presidente juró por la Constitución se comprometió a velar por la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad de los ciudadanos argentinos. Pero este incumplimiento no necesariamente constituye un delito.
Desde el punto de vista político, podríamos decir que se trata de asumir el cargo, pero no la carga. O asumir la carga pero no saber cómo llevarla o arreglarla. Entonces esto produce un caos o una política deliberada que busca generar esta destrucción de las instituciones, lo cual es peor.
En estos momentos tenemos solamente uno de los órganos gubernamentales, que son los jueces con el ministerio público incluido, que están dispuestos a hacer cumplir las leyes. Pero sin apoyo político no lo pueden ni lo van a poder hacer porque, simplemente, van a ser sobrepasados por todos estos grupos de fuerza.

– Si los jueces no pueden ejercer su poder, no pueden realizar su trabajo e impartir justicia porque el Poder Ejecutivo le dio una orden a la policía de no actuar, ¿el Congreso de la Nación no debería iniciarle juicio al presidente por incumplimiento de sus funciones? Porque si no, entramos en la anarquía y nadie es responsable de nada…

– Desde un punto de vista teórico, le diría que sí, que es así. Desde un punto de vista práctico, le tengo que contestar que es extremadamente difícil que el Congreso actúe de esa forma porque en Argentina desde hace dos años estamos viviendo en una interna de un solo partido. No hay oposición organizada que pueda proponer alguna medida de este tipo o pueda poner un manto de sensatez a todos estos episodios.
Todos escuchamos que se habla de la “maldita policía” refiriéndose a la de la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido catorce años de gobiernos peronistas en esa provincia que, supongo yo, deben haber sido los que gestaron a esa policía o, por lo menos, no la pararon, si se quiere ser más condescendiente. Preguntémonos: ¿qué pasó en los ocho años del gobierno de Duhalde, en los cuatro años del de Cafiero, en los cuatro años fraccionados de Ruckauf y Solá? ¿Qué hicieron con la policía de la provincia como para poder mejorarla?
Por eso creo que la responsabilidad, por más que la eludan, recae invariablemente sobre la dirigencia política. Pero, aun así, los ciudadanos en este momento lo que debemos hacer es abandonar, cada uno en la medida de sus posibilidades, la comodidad de ser simplemente habitantes y ejercer nuestras responsabilidades como ciudadanos. © www.economiaparatodos.com.ar