Los acontecimientos que rodean el conflicto con Uruguay por la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos han tomado un rumbo que nadie podía prever hace un año. La actitud de los llamados “asambleístas de Gualeguaychú” ha tensado tanto la cuerda que la situación puede derivar en resultados impensados para dos países con las características históricas de la Argentina y el Uruguay.

Sólo un capricho histórico típicamente latinoamericano hizo posible que hoy los dos países formen entidades nacionales diferentes. De no haber sido por esa propensión cultural de nuestros pueblos a la desunión, claramente, la Argentina y Uruguay serían hoy un solo país.

No hay nación en el mundo más argentina que Uruguay y viceversa. Partir del supuesto de que una relación de esta naturaleza puede deteriorarse al grado de imaginar un conflicto mayor o, siquiera, una ruptura de relaciones, es pensar en dislates.

La instalación de Botnia sobre la margen oriental del río Uruguay a la altura de Gualeguaychú, en Entre Ríos, una provincia aliada a José Gervasio de Artigas en los tiempos de las luchas por la formación nacional, se conoce desde hace mucho tiempo. Su edificio y sus chimeneas, cuya fealdad tanto preocupan a los vecinos, no aparecieron de la noche a la mañana. Pero la Argentina actúa como si un abrupto y repentino suceso la hubiera sorprendido en su buena fe.

El país argumenta que Uruguay incumplió con el tratado del Río Uruguay, firmado en 1975, y cuyas disposiciones obligan a informar mutuamente cualquier hecho que pueda poner en peligro la salubridad de las aguas. Demos esto por cierto. ¿Qué hizo la Cancillería desde ese momento hasta que la instalación era técnicamente detenible? Respuesta: nada.

Más allá de los rumores nunca comprobados de sobornos pedidos y no cumplidos del lado argentino para que la operación se decidiera en nuestra costa y no en la uruguaya, lo cierto es que la inacción y la irresponsabilidad de una burocracia inútil de naturaleza política que puebla –y pobló– la Cancillería nacional abandonó el caso en una muestra supina de irresponsabilidad. La misma irresponsabilidad que hoy mantiene sin intervenir en el caso a una elite técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores que podría acercar luz a este fárrago de disparates.

Frente a esta indolencia, los vecinos recurrieron a la vía preferida por los argentinos contemporáneos: la acción directa. Como una muestra más de que el país está gobernado hoy por vías de hecho y no por el imperio de la ley, los autotitulados “ambientalistas” decidieron ocupar las rutas de conexión con el Uruguay para provocar un daño al ingreso de divisas de la Banda Oriental e interrumpir la provisión de insumos internacionales a la propia planta.

La acción vecinal se cargó de una intransigencia cuyo ritmo ascendente fue casi igual al que se vio crecer la obra civil de Botnia.

Asustado por la gente, el gobierno decidió la desesperada medida de acudir a La Haya. El resultado fue desastrosamente pésimo para el país. Se propuso un intento en los tribunales del MERCOSUR. El papelón fue igual o peor. Como última instancia, se buscó cortar la financiación del proyecto en la sede del Banco Mundial. La respuesta fue un cachetazo violento, protagonizado incluso por aliados fortísimos de la Argentina, como Brasil.

La pregunta es: ¿hasta dónde piensan llegar? ¿Realmente creen los vecinos de Gualeguaychú que Botnia puede desmantelarse? Pararse en un lugar sin válvula de escape a posiciones de máxima, ¿a dónde nos puede llevar? Si los vecinos no aceptan otra solución que no sea el desarmar la construcción de Fray Bentos (cosa que no va a ocurrir), ¿qué puede esperarse de nuestra relación con Uruguay?

Un vecino fundador de la “asamblea” y protagonista activo de la lucha contra la planta en los primeros tramos del conflicto, fue invitado a Finlandia donde funciona una operación melliza a la que producirá pasta de celulosa en la costa del Río Uruguay. Regresó convencido de que la tecnología aplicada por la compañía no contamina las aguas. Intentó explicarlo a sus antiguas amigos. Hoy en día esta pensado en mudarse de Gualeguaychú. Sus ex compañeros de ruta (en todo el sentido de la expresión) no le dirigen la palabra y lo acusan de haber aceptado coimas. Aparentemente no hay ningún racionalismo que pueda desviar a los vecinos de su incumplible objetivo.

¿Qué solución puede entreverse para un conflicto creado por la irresponsabilidad política y jurídica de la Argentina con un país con el que no es lógicamente pensable tener un problema y frente a vecinos que no aceptan otra solución que no sea aquella que todos saben no podrá obtenerse?

Mientras tanto, el gobierno sigue incumpliendo con el deber más importante que tiene y que lo justifica como entidad existente frente a la sociedad la aplicación de la ley y la defensa del orden público. Pide a los “asambleístas” que despejen la ruta como el padre despreocupado que les pide a sus hijos traviesos que no molesten a sus vecinos de sombrilla mientras él sigue tomando sol en la playa. El presidente Kirchner, que dice a todo el que lo quiera oír que no es hora de la política sino de la gestión, teme que la rebelión lo señale como el enemigo si decidiera liberar la circulación por los puentes internacionales. Lo que no advierte es que la fuerza de un conflicto mucho mayor no sólo va a terminar con él y con su pretendidamente exitosa administración, sino también con el ya bajísimo prestigio internacional de la Argentina. Y las consecuencias de ese hecho serán mucho más crueles que un amanecer afeado por las chimeneas humeantes de Botnia. © www.economiaparatodos.com.ar